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Un funcionario asume la culpa del certificado falso imputado a Hernández

El ingeniero exculpa al conselleiro y asume la orden de pagar las obras - Los dos acusados coinciden en negarse a contestar al abogado del PSOE

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia continuó ayer la toma de declaraciones por la denuncia del PSdeG, que en su día alertó de que el conselleiro Agustín Hernández había certificado el fin de una obra para la Diputación de Pontevedra que estaba comenzando a construirse. El actual responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras declaró como imputado por este caso, ocurrido en diciembre de 2008, cuatro meses antes de entrar en la Xunta. También lo hizo el ingeniero técnico del organismo provincial Baltasar Pujales. Este último exculpó a Hernández, quien admitió ante el magistrado que certificó la finalización de la obra sin saber su estado real. El veterano funcionario asumió de este modo toda la responsabilidad.

La carretera estuvo lista nueve meses después de declararse terminada

Ambos imputados, en sus declaraciones el pasado viernes ante el magistrado que instruye las diligencias previas de esta querella, coincidieron en negarse a contestar a todas las preguntas que les planteó el abogado de la acusación, José Luis Prieto. Tanto Hernández, que alardeó de "máxima colaboración con la Justicia", como Pujales se acogieron a su derecho a no responder.

No tienen esa opción los testigos, como los que comparecieron ayer ante el tribunal. Por el juzgado pasaron el responsable de contratación de la Diputación, Pablo Montero y Juan Sánchez, un directivo de la constructora Sercoysa que firmó la recepción de la obra, una carretera en Salvaterra de Miño. Hoy comparecerán ante el tribunal, también como testigos, el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), el alcalde de Salvaterra de Miño y el secretario del organismo provincial.

Los hechos denunciados por los socialistas hace ya año y medio se refieren a la certificación y pago de la variante de Lira a Sercoysa, empresa en la que estuvo contratado el ahora conselleiro antes de ser director de Infraestructuras de la Diputación. Fue siete meses antes de que realmente fuese construida. Tanto Agustín Hernández como Baltasar Pujales reconocieron sus rúbricas en el acta de finalización de la obra que permitió su pago, por un valor total de 331.000 euros. Pero mientras el conselleiro argumentó que no sabía cuál era su estado real y que no entraba en sus funciones, el ingeniero de la Diputación, director de esa obra, admitió que se certificó la carretera como concluida cuando sólo se había realizado una quinta parte.

Pujales se justificó ante el juez con la misma versión que dio la Diputación cuando el PSdeG presentó su querella. El funcionario alegó haber mentido para no perder la cuantiosa subvención del Estado, concedida bajo la condición de que la carretera estuviese lista antes de terminar 2008. Un plazo imposible de cumplir dado el retraso de la Confederación Hidrográfica del Norte en otorgar los permisos imprescindibles para la tala de árboles y paso de aguas que requería la infraestructura.

Pujales insistió en que se exigió a Sercoysa un aval por el importe de la obra pendiente para garantizar que procedería a construirla cuando contasen con las autorizaciones pertinentes. Éstas no llegaron hasta la primavera siguiente. La variante de Lira estuvo lista a principios del otoño 2009, nueve meses después de haber sido declarada como terminada.

El ingeniero técnico, con más de 40 años de carrera en la Diputación de Pontevedra, asumió en solitario la responsabilidad por esta irregularidad y aseguró no haber informado a Hernández cuando le pasó el acta para que éste la avalase y que se procediera a su pago. En aquel momento, según archivos fotográficos aportados por los querellantes, apenas se habían realizado movimientos de tierra donde debía transcurrir la carretera. Desde el PP gallego, se calificó esta práctica para evitar perder ayudas oficiales como "habitual" en todas las administraciones públicas.

Hernández afirmó ante el tribunal que no intervino para nada en esa obra, salvo para dar el conforme, y que no entraba entre sus funciones certificar el estado de actuaciones concretas.

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