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Estados Unidos elimina el TPS a los ciudadanos de Myanmar

Casi 4.000 personas perderán la protección que tenían para residir y trabajar en el país, quedando vulnerables a la deportación desde enero

Refugiados de Myanmar, en Tailandia, en una imagen de archivo.
Patricia Caro

La Administración de Donald Trump ha puesto término al Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos de Myanmar (Birmania). Unas 4.000 personas que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia y el desastre humanitario del país asiático quedarán sin la protección que les permitía residir en Estados Unidos y estarán expuestos a la deportación a partir de enero.

Los ciudadanos de Myanmar consiguieron en 2021 la designación del TPS, una herramienta que protege de la deportación y otorga autorización de trabajo cuando sus países de origen experimentan conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales.

“Esta decisión restablece el TPS a su estatus original de temporal”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. “La situación en Birmania ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos birmanos puedan regresar a casa con seguridad, por lo que damos por terminado el Estatus de Protección Temporal. Birmania ha logrado avances notables en materia de gobernanza y estabilidad, incluyendo el fin del estado de emergencia, planes para elecciones libres y justas, acuerdos de alto el fuego exitoso y una mejor gobernanza local, lo que contribuye a una mejor prestación de servicios públicos y a la reconciliación nacional”, añadió.

Hace cuatro años, el ejército tomó el poder en Myanmar en un violento golpe de Estado que acabó con la frágil democracia que tenía y sumió al país en una crisis humanitaria. Desde entonces, la junta ha librado una campaña de terror contra su propio pueblo, bombardeando aldeas, quemando casas, deteniendo a opositores políticos y atacando a minorías étnicas y religiosas como los rohinyás.

El DHS reconoció en un comunicado que el país “sigue enfrentándose a desafíos humanitarios debidos, en parte, a las continuas operaciones militares contra la resistencia armada y a la necesidad de asistencia humanitaria”, pero, añadió, “se han producido mejoras en la gobernanza y la estabilidad de Birmania a nivel nacional y a nivel local”, porque el 31 de julio terminó oficialmente el estado de emergencia.

El TPS se aprueba por periodos de 18 meses y la última prórroga, que aprobó el Gobierno de Joe Biden, vence el 25 de noviembre. El DHS ha informado que hay un plazo de 60 días para que los ciudadanos se queden si la protección, por lo que será efectiva el 26 de enero de 2026.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han abogado por que el país continúe bajo el paraguas del TPS por las difíciles condiciones que persisten. Además de causadas por la violencia del conflicto, que ha supuesto persecución religiosa, desplazamientos masivos y violaciones generalizadas de derechos humanos, el país sufre las consecuencias de un terremoto devastador, que en marzo pasado dejó más de 5.000 muertos.

Los expertos denuncian que la junta militar ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo asesinatos en masa y bombardeos indiscriminados. La población tiene dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, especialmente en regiones minoritarias, y el terremoto destruyó buena parte de la ya deficiente infraestructura.

En julio, una coalición de 158 organizaciones, entre las que se incluyen instituciones religiosas, grupos de la diáspora birmana, organizaciones de derechos de los inmigrantes, proveedores de servicios legales y defensores de la comunidad, enviaron una carta a la Administración de Donald Trump para pedir que se mantuviera el TPS.

El DHS, sin embargo, justificó el fin del TPS porque “si bien ciertas condiciones extraordinarias y temporales pueden persistir, estas ya no obstaculizan el regreso seguro de los extranjeros nacionales de Birmania al país”.

Acabar con el programa humanitario del TPS ha sido uno de los objetivos del Gobierno estadounidense, que ya ha puesto fin al estatus temporal que se concedió a otros países como Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Afganistán. Somalia es el país más reciente sobre el que el DHS planea terminar el TPS. Noem declaró el domingo en Minneapolis que su oficina evaluaría la posibilidad de finalizar la protección de los somalíes bajo el programa en Minnesota, donde vive la mayoría de los ciudadanos de ese país, aunque ampliaría su alcance a todo EE UU.

En su red social Truth, Trump, dijo el viernes que retirará el TPS a Somalia porque “las bandas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran Estado”, sin proporcionar más explicaciones.

El TPS se otorgó por primera vez a los somalíes en 1991, cuando el país se vio desgarrado por la guerra civil. La designación se ha extendido en numerosas ocasiones desde entonces y la renovación más reciente debía durar hasta mediados de marzo de 2026. Aunque se estima que 42.500 somalíes nacidos en el extranjero viven en Minnesota, solo unos 700 de ellos están cubiertos por el programa de Estatus de Protección Temporal.

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Sobre la firma

Patricia Caro
Periodista en Washington, especializada en temas latinos y de inmigración. Forma parte del equipo de la edición de Estados Unidos de EL PAÍS. Fue corresponsal de la Cadena SER en Brasil. Trabajó como redactora de Economía Internacional en el diario Cinco Días.
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