Cinco claves del futuro de los cuidados

En 2050, el 30,4% de los españoles tendrá más de 64 años, casi el doble que hoy, según datos del INE de 2022. Una longevidad expansiva que acarreará más necesidades y demandará un sistema de cuidados que las satisfaga. Según los expertos, las claves para que este mecanismo de protección social prospere y se adecúe al nuevo panorama son, entre otras, el desarrollo de un ecosistema de servicios flexibles y personalizados que faciliten al usuario envejecer en su casa, y una financiación suficiente que sostenga la calidad de las prestaciones y proteja las condiciones laborales de sus profesionales. Estos son los retos más importantes en el sector.

Permanencia en el hogar

Combinar y flexibilizar servicios

Expertos, estudios y encuestas coinciden en que más del 90% de los españoles desea envejecer en su hogar. Además, según recoge el informe El futuro de los cuidados, elaborado por Sondea para Clece, el 43% quiere ser cuidado en su casa de forma profesional, con servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

Una de las fórmulas para aumentar la permanencia del usuario en casa consiste en potenciar la combinación de distintos servicios y recursos, como la ayuda a domicilio y la permanencia temporal en residencias. Por ejemplo: a un usuario que se opere de una cadera le puede convenir pasar la temporada de recuperación en uno de estos centros, donde hay mayores recursos para estos cuidados, y después volver a su casa, donde retornaría a la habitual ayuda domiciliaria y de teleasistencia.

Natalia Roldán, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), explica el porqué de este enfoque flexible: “Las necesidades del usuario son cambiantes: la situación física y cognitiva y los apoyos sociales varían según envejecemos. La atención tiene que adaptarse de manera ágil y sin trabas burocráticas”.

Combinar estas prestaciones depende de que, en palabras de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se produzca un cambio radical en el modelo de cuidados: “La Administración va a tener que ser mucho más flexible y aumentar las intensidades (las horas prestadas) de los servicios”. En 2021, en el servicio de ayuda a domicilio se prestaron 33 horas al mes por usuario o, lo que es lo mismo, una hora diaria por persona, una cifra con la que “no se puede atender correctamente”, sentencia Ramírez, que también es presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia. Otras áreas a potenciar, añade el experto, son los servicios sanitarios en el hogar, la adaptación de las viviendas y los cuidados vía voluntariado y buena vecindad.

Financiación

Alcanzar los objetivos y ordenar servicios

La ley de dependencia prevé que el sistema de cuidados se financie a partes iguales entre Estado y autonomías. En la actualidad, según estimaciones medias de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las comunidades autónomas soportan la mayoría del gasto, un 57%, mientras que el 21% recae en la Administración central. El 22% restante lo sustenta el copago, la participación del beneficiario en el coste de algunas prestaciones según su grado de dependencia y nivel adquisitivo –como, por ejemplo, en una plaza residencial–. El montante destinado a cuidados se sitúa cerca del 0,8% del PIB frente al 1,5% de los países de la OCDE.

“La ley aún no se ha recuperado de los recortes de 2012, de unos 6.322 millones de euros”, incide José Manuel Ramírez. Aun así, en los últimos años los cuidados han experimentado un “considerable impulso” con el plan de choque del Gobierno actual, que contempla inversiones adicionales de 600 millones de euros cada año entre 2021 y 2023.

Cristóbal Valderas, presidente de Clece, una de las empresas prestatarias del sector, incide en que “es fundamental financiar adecuadamente la ley”, la forma de “reducir las listas de espera, asegurar unos futuros cuidados de calidad y proteger las condiciones laborales de las profesionales del sector, en su mayoría mujeres”. La lista de espera de la dependencia en España asciende a más de 300.000, según datos del Imserso de diciembre de 2022, con 177.423 personas en espera de recibir una prestación que ya tienen concedida y otras 131.810 pendientes de la resolución de su valoración. El tiempo medio de espera es de 378 días, pero existen diferencias abismales por territorio: en Canarias son 993 días por los 118 de Castilla y León. La ley establece un máximo de seis meses en la resolución de estos procedimientos. Hoy 13 comunidades exceden estos plazos.

Como argumenta Natalia Roldán, de Aeste: “El sistema de atención está infrafinanciado. Tenemos que ver en cuántos recursos hay duplicidad de gastos. E integrar y ordenar servicios, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, lo que podría eliminar costes dobles derivados de prestatarios diferentes”. Una mayor financiación también ha de servir para mejorar las condiciones de los profesionales del sector. Desde Clece, Cristóbal Valderas reivindica el papel vital de la negociación colectiva: “Es ahí donde se acuerdan las condiciones que dignifican a las trabajadoras y que, después, la Administración toma como referencia para elaborar los pliegos de sus licitaciones”.

Valderas y Roldán también reclaman la derogación de la ley de desindexación, una norma que “impide revisar los precios de los contratos públicos durante la vigencia de los mismos”: “Genera incertidumbre a la hora de presentar ofertas a las licitaciones públicas para la gestión de los diferentes servicios de cuidados”, señala Valderas.

Ramírez entiende que la dependencia es un sector “con potencial y un retorno en empleos tremendo”: “Por cada millón de euros invertido generamos 40 puestos estables y no deslocalizables”, ilustra. Para Roldán, de Aeste, es el ámbito laboral que tiene “un futuro más cierto dentro de un contexto incierto. Hay que visibilizar el cuidado profesional como una alternativa atractiva de empleo de calidad. El primer paso para ello es concienciarnos como sociedad de que el envejecimiento es una etapa natural”.

Tecnología

Impulsar la asistencia a domicilio

El desarrollo de la tecnología juega un papel central en los cuidados del futuro, sobre todo en la ayuda a domicilio. A corto plazo, “contaremos con robots sociales, algoritmos predictivos con inteligencia artificial relacionada con el control de movimientos, andadores inteligentes…”, enumera Ramírez. Será “una cuestión clave en el hogar para apoyar a los usuarios que necesiten asistencia”. Algunos proyectos, como la teleasistencia avanzada en cuidados de larga duración, ya se han impulsado con las últimas inyecciones de fondos europeos.

Incorporar estos sistemas al día a día repercutiría en un mejor uso del capital humano: “El mundo de los cuidados requiere personas, pero para tareas específicas en las que no se las puede sustituir. La tecnología es una solución a muchas labores mecánicas”, señala Roldán.

Es en la ayuda a domicilio, en el cuidado en el propio hogar, donde la tecnología tiene más camino por recorrer. Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, explica que el control de presencia de auxiliares y la gestión de los turnos, entre otras cosas, son hoy completamente digitales: “El futuro tenderá hacia la integración de servicios tecnológicos y presenciales”.

Residencias

Un nuevo modelo centrado en el usuario

Aunque la prioridad es mantenerse en el hogar, algunas situaciones exigen el paso definitivo a una residencia. Esta decisión es, en muchos casos, “la adecuada respecto al plan de cuidados del usuario”, explica Natalia Roldán: “Todos queremos envejecer en casa, sí. Pero si no se puede, la alternativa son los centros residenciales”.

En España hay cerca de 5.600 residencias públicas y privadas, según estimaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Poco a poco tenderán a un nuevo paradigma, que ya reina en varios centros, basado en la atención centrada en el usuario y la lucha contra la despersonalización de los cuidados.

La principal baza de estos centros son las unidades de convivencia, una manera de congregar a los usuarios en familias en función de sus afinidades y capacidades. Se caracterizan también por un régimen de visitas flexible y abierto, la consideración de los hábitos de vida del usuario y la implicación de los familiares en la vida del centro.

En línea con este modelo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales establece algunos de los mínimos exigibles al sector residencial: acceso libre de las familias al residente, 75% de habitaciones individuales o reducción de las sujeciones físicas y farmacológicas.

Pacto de Estado

Blindar los cuidados

Según las fuentes consultadas, la mayoría de actores del sector comparten la idea de un pacto de Estado para blindar el sistema de cuidados: “Ha funcionado en las últimas décadas a golpe de calendario electoral. Reivindicamos un pacto que posibilite su sostenibilidad económica en el tiempo”, incide Natalia Roldán.

Cristóbal Valderas, de Clece, conmina a sindicatos, patronal, administraciones y usuarios a desarrollar y suscribir ese documento: “Se trata de que todo el sector acuerde unos principios incuestionables que garanticen, a largo plazo, un firme compromiso con las personas mayores y dependientes, sin importar quién gobierna en cada momento en el país y en cada comunidad autónoma”.

Envejecer, reflexiona Natalia Roldán, es un indicador de éxito como país, un índice socioeconómico de bienestar: “Para los que trabajamos en este sector, la única garantía real a largo plazo es un pacto. Tenemos una corresponsabilidad con nosotros mismos para lograr lo que todos queremos: un envejecimiento de calidad y calidez”.