Torpeza política, arrogancia eclesiástica

El lamentable espectáculo que está ofreciendo este Gobierno a cuenta de la exhumación del cadáver de Francisco Franco es la munición ideal para alimentar la arrogancia de la jerarquía católica. Meses después de prometer el inminente traslado de los restos de Franco, sabemos que no hubo un trabajo previo, que no se negoció con la familia, que no se analizaron las consecuencias legales, que se desconocía ...

El lamentable espectáculo que está ofreciendo este Gobierno a cuenta de la exhumación del cadáver de Francisco Franco es la munición ideal para alimentar la arrogancia de la jerarquía católica. Meses después de prometer el inminente traslado de los restos de Franco, sabemos que no hubo un trabajo previo, que no se negoció con la familia, que no se analizaron las consecuencias legales, que se desconocía la alternativa de La Almudena y que tampoco se sondeó a la Iglesia, que es la que custodia en una basílica la tumba del dictador. Ha sido tal la precipitación que ahora el Gobierno se plantea cerrar por ley los espacios públicos en los que se exalte a Franco en lo que constituye una nueva ocurrencia, dado que nada parece que estuviera previsto, lo que ha facilitado las contradicciones. Se prometió respetar la voluntad de la familia y desentenderse de la inhumación para pasar a asegurar que la catedral de La Almudena no es una opción.

La bisoñez del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto es preocupante, pero ha tenido la virtud de dejar a la jerarquía católica al desnudo; una vez más. La afición de los prelados a la política y a la protesta airada cuando la izquierda pretende aplicar principios consecuentes con la democracia y la aconfesionalidad del Estado que marca la Constitución de 1978 es bien conocida. En tiempos de Zapatero los obispos hasta bajaron a la calle para protestar contra la ley de matrimonio homosexual. Estos han rentabilizado su influencia en la opinión pública y sus alianzas con los partidos más conservadores para mantener sus ventajas. Por ejemplo, se llevan un buen pellizco de la recaudación del IRPF (256 millones de euros el año pasado) de todos los españoles, católicos o no, por mucho que se intente disfrazar la fórmula ideada. Tampoco pagan el IBI y pueden contratar y despedir a los profesores de religión a cuenta, sin embargo, de los contribuyentes.

La torpeza del Gobierno español es una señal de debilidad que los prelados han aprovechado en su favor. ¿De verdad era necesario que el Vaticano emitiera un comunicado para puntualizar las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre su reunión en la Santa Sede? El detalle es un fiel retrato de la arrogancia de las sotanas; uno de sus peores pecados. El otro es la manipulación de los datos y las conciencias. Se niega la desfachatez de las inmatriculaciones, se sortea a la justicia para los escándalos de abuso sexual y se afirma con descaro que trasladar al dictador de una basílica a una catedral no le compete a la Iglesia. Curioso.

El Vaticano ha pretendido quedar al margen de la polémica, pero con su actitud no hace más que poner en dificultades a un gobierno democrático; algo que seguramente la diplomacia vaticana ha medido meticulosamente. El rifirrafe, finalmente, evoca con demasiada nitidez el apoyo que la Iglesia prestó al dictador. Es un detalle que no puede pasar inadvertido.