Los seis métodos de dopaje electoral del PP de Madrid
El partido ideó diferentes vías para superar el límite de gasto en los comicios
La Operación Púnica, que se destapó en octubre de 2014, ha puesto sobre la mesa seis grandes métodos con los que el PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, se financiaba ilegalmente tanto para su dopaje electoral —realizaban gastos por encima del límite legal— como en provecho de sus dirigentes. Lo que sigue es la descripción del modus operandi en cada caso, según el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón.
1. 1% de la obra pública
Consejerías y entidades públicas
Un 1% del presupuesto autonómico para obras públicas tenía que gastarse en dar publicidad a los proyectos
De ese porcentaje, administrado en su mayoría por empresas de Horacio Mercado, una parte se destinaba a pagar actos del PP
Dinero para obra pública
1. El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió que en determinadas obras públicas había que reservar el 1% del presupuesto para publicidad. Las constructoras entregaban ese dinero a la Comunidad de Madrid, que decidía quién se encargaba de la publicidad. Una parte importante de ese 1% de obras públicas fue a parar al empresario Horacio Mercado, quien dedicó diversas cantidades a organizar actos del PP y no al fin establecido de publicitar los equipamientos construidos con dinero público.
El juez relata que ocho consejerías (Presidencia, Sanidad, Transportes, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica) adjudicaron hasta cinco millones de euros a las empresas de Horacio Mercado mediante contratos amañados.
2. Algunos empresarios entregaban cantidades en efectivo a dirigentes del PP de Madrid, que ponían el dinero a disposición del gerente del partido, que lo utilizaba sin declarar a Hacienda para gastos de la formación.
El juez atribuye estas prácticas a Ignacio González (entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid), Francisco Granados (entonces consejero y secretario general del PP de Madrid) y Beltrán Gutiérrez (entonces gerente del PP de Madrid).
3. Esta fundación del PP, presidida por Aguirre, tenía por fines la realización de estudios, organización de jornadas y trabajos similares. Se nutría de subvenciones públicas que adjudicaba el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, y de donativos de empresarios. El dinero recaudado se empleó en parte para financiar actos de campañas electorales, algo prohibido por la ley.
4. Empresas públicas presididas por Ignacio González se concertaron con empresas privadas a las que adjudicaban contratos millonarios para establecer un sistema de facturación falsa (pago por servicios no prestados) que permitía desviar fondos para gastos particulares del PP.
Las empresas públicas utilizadas para este mecanismo fueron Canal de Isabel II e Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM). Las empresas privadas que colaboraron en este sistema de financiación ilegal fueron Indra, Domométrica y Swat.
5. Dos empresas, Eico y Madiva, vendieron a los dirigentes del PP sus servicios para mejorar la imagen de sus dirigentes a través de Internet. Esos trabajos privados fueron pagados con fondos públicos.
Los trabajos favorecieron a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria o Borja Sarasola, según el relato del juez. Algunos de esos trabajos se pagaron a través del Canal de Isabel II.
6. Uno de los principales flujos de fondos iba desde las fiestas patronales a la caja b del PP madrileño. Algunos Ayuntamientos gobernados por los populares inflaban la factura para la organización de sus fiestas municipales y dedicaban la diferencia a financiar actos electorales en estas localidades. El PP de Madrid contrató actos de campaña con la empresa Waiter Music.
Para pagar una parte de estos servicios, el PP desvió dinero público de los Ayuntamientos de Pinto y Valdemoro, que supuestamente se había presupuestado para pagar a Waiter Music por organizar los actos de las fiestas patronales. Los municipios de toda la Comunidad de Madrid, especialmente los gobernados por el PP, recurrían a Waiter Music para preparar las actuaciones musicales de las fiestas patronales, cabalgatas de reyes, carnavales y otras celebraciones populares. A cambio de las adjudicaciones, Waiter Music sufragaba en parte los actos del partido y fiestas particulares de sus dirigentes. La empresa facturó 13,6 millones de euros entre 2007 y 2010 a Ayuntamientos regidos por el PP, según se desprende de la investigación.
