El móvil es una bomba

La OTAN habita en un edificio de cristal cercano al aeropuerto de Bruselas, pero sus decisiones clave se adoptan en una sala casi acorazada en la que están vetados los dispositivos electrónicos. Incluso apagados. Que el principal baluarte de la seguridad en Occidente estime más probable verse comprometido por un móvil indiscreto que por una bomba ofrece una buena pista sobre dónde residen hoy las amenazas. El espionaje de las comunicaciones, la propagación de bulos o incluso la proliferación de discursos xenófobos, como sugiere el informe del Departamento de Seguridad Nacional, pueden resultar más dañinos que cualquier complot de tintes clásicos.

Admitir ese giro en la concepción de la seguridad desarma a quienes tradicionalmente se han encargado de velar por ella. La vigilancia de las fronteras marítimas se refuerza con más lanchas, guardacostas y radares, pero la receta para propiciar un mayor blindaje de las redes no es tan obvia. La Unión Europea incluyó hace unos meses el concepto de ataque cibernético como motivo para que un Estado miembro solicite respaldo militar de sus socios. Lo que sobre el papel resulta relevante, en la práctica se convierte casi en papel mojado. Porque responder a este tipo de agresión requiere identificar claramente al atacante. Y las tecnologías permiten difuminarlo: el enmascaramiento es clave en la impunidad de esos actos.

Tranquiliza saber que los poderes públicos no son ajenos a ese cambio de paradigma en la seguridad. Pero inquieta enormemente la falta de herramientas eficaces para afrontar las nuevas amenazas. Una de las voces que más crudamente lo ha expuesto en España ha sido el coronel de la Guardia Civil Luis Fernando Hernández García. Este alto mando de la jefatura de información alertó el pasado octubre en el Congreso de los Diputados de que el ciberterrorismo constituye “un riesgo crítico” ante el que hay que mantener “la táctica militar: estar preparados para responder a la hipótesis más peligrosa”.

Si la amenaza de cibercrimen resulta brumosa, más aún lo es la de manipulación informativa. Los Estados capean contra un fenómeno con potencial mucho más desestabilizador que cualquier ataque físico. Los bulos, la desinformación y otras manifestaciones que se empaquetan bajo la denominación inglesa de fake news preocupan a los dirigentes de las sociedades modernas. Nadie quiere ser acusado de haber ignorado el problema, así que tanto los Gobiernos nacionales como la Unión Europea y la OTAN habilitan estructuras —en general demasiado modestas— para neutralizar esa ofensiva. España lo ha hecho recientemente, con una unidad contra la desinformación radicada en La Moncloa y con la vista puesta en los riesgos que puedan surgir con motivo de las citas electorales venideras.

Los remedios a corto plazo se antojan complicados. El testimonio que ofreció a finales de 2017 Janis Sarts, director del Centro de Excelencia de la OTAN para comunicación estratégica, en el Parlamento español resulta revelador. Frente a la desinformación, lo más eficaz es contar “con una narrativa nacional sólida”, defendió. Y abogó por “introducir estos asuntos en el sistema educativo y en los medios de comunicación y hacerlos accesibles al público en general”. Libros —y periódicos— frente a tuits.