Los cuatro grandes partidos apoyan reformas notables de la Constitución

El acuerdo entre los grandes partidos para reformar la Constitución va desde una reforma que provoca unanimidad —la modificación del artículo que discrimina a la mujer en la sucesión de la Corona— hasta un cambio con fondo común y diversas interpretaciones —la clarificación de competencias estatales y autonómicas para evitar los conflictos de estos 40 años—. Pero los dirigentes del PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, que suman 317 escaños en el Congreso, admiten que no hay consenso para impulsar unos cambios que obligarían a disolver las Cortes, convocar elecciones generales y celebrar un referéndum. La Ley Fundamental establece que con 233 votos cualquier reforma es posible.

Sucesión de la Corona. El 12 de julio de 1978, el pleno del Congreso aprobó el artículo que establecía que el varón tenía preferencia en el orden sucesorio de la Corona por 132 votos a favor, 15 en contra y 132 abstenciones. Las dudas de los parlamentarios que discutieron este artículo fueron numerosas porque algunos sostenían que contradecía otro artículo de la Constitución donde se consagraba la igualdad al prohibir la discriminación por razón de sexo.

La unanimidad de los partidos respecto a la eliminación de ese precepto es hoy clara. Aunque Podemos añade un matiz. Pablo Iglesias señala que no haría falta modificar ese aspecto porque “lo fundamental es que no haya Monarquía”. “A una institución no democrática, no se la puede institucionalizar por dentro”, señala.

Clarificación de competencias.“Uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es perfeccionar nuestro modelo territorial”, explica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su partido, el PSOE, pretende dar a esa reforma un sentido “federalizante”. Albert Rivera cree llegado el momento de “parar” y “ver qué competencias corresponden a las autonomías y cuales son exclusivas del Estado”. Melisa Rodríguez, diputada de Ciudadanos en la Comisión Constitucional, lo explica así: “Hay que incluir en la Constitución un marco competencial establecido, para que no pase lo que pasa hoy en el Congreso, que cuando hablamos de temas sociales como es el bono social, salen distintos partidos nacionalistas diciendo ‘no me toques la competencia”.

“Nuestra propuesta”, dice Casado, “es dejar muy claro qué competencias tienen que depender del Estado” porque “ha habido una deslealtad por parte de algunas autonomías nacionalistas”. Iglesias considera “evidente” que existe “una crisis de la organización de nuestro país”. Y para resolverla, apuesta por “vías federales o confederales”. La senadora de su formación Pilar Garrido afirma que “hay que introducir en la Constitución mecanismos de resolución de los conflictos que padecemos desde hace 40 años”.

Referencias a la Unión Europea. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó un informe al Consejo de Estado sobre cuatro reformas de la Constitución. Una de ellas consistía en incluir la referencia a la integración de España en la UE. Ahora, todos la consideran necesario. Sánchez apuntala esta idea: “Tenemos que fortalecer nuestros vínculos con la UE y favorecer que el proceso de evolución de nuestra Constitución sirva para ese propósito”.

Denominación de las 17 comunidades. “El artículo 2 de la Constitución”, afirma Gregorio Cámara, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, “puede ser reformado para incluir ahí el nombre de las comunidades autónomas, porque el sistema está ya cerrado”. Casado, está de acuerdo. Y Rivera recalca: “El informe de Rubio Llorente habla de cerrar el capítulo octavo y decir que las autonomías son estas 17 y hay dos ciudades autónomas. Eso ya pondría fin, por ejemplo, a la anexión que pretenden los nacionalistas navarros”.

Eliminación de aforamientos. El presidente del Gobierno se muestra esperanzado respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos para reformas puntuales de la Ley Fundamental. Una de ellas, para eliminar los aforamientos. “Si logramos hacer una reforma de la Constitución, aunque sea puntual, en un tema que cuente con un consenso tan importante como pueda ser, por ejemplo, el de los aforamientos, creo que habremos prestado un gran servicio al vigor de nuestra Constitución”.

Pablo Casado está de acuerdo, pero pone condiciones: “Si se quitan [los aforamientos], se tienen que quitar todos. En España son más de 200.000 [entre políticos, policías, guardias civiles, jueces y fiscales]. Y suprimiendo la acción popular”. Pablo Iglesias defiende “eliminar los privilegios que escandalizan a la ciudadanía y dan la sensación que la ley no es igual para todos”. Y Albert Rivera admite que esta es una de las reformas que se puede hacer porque hay consenso aunque tiene sus dudas de que el PSOE y el PP lo hagan “porque nunca han querido”. El presidente Sánchez ya ha aprobado la propuesta en Consejo de Ministros.

Reforma del Senado. “El modelo del Senado”, explica Gregorio Cámara, “no sirve para hacer lo que dice la Constitución, que es representar a los territorios. Hay que ir a un modelo distinto donde el Senado sea un órgano que tenga una voz preeminente en los temas con incidencia territorial”. “Creo que en cualquier reforma futura”, señala Pablo Casado, “el Senado reforzaría sus competencias territoriales y no las perdería”. Albert Rivera defiende definir bien las competencias del Senado: “Tendría mucho más sentido si los temas territoriales se debatieran en esa Cámara con algún tipo de mecanismo de doble vuelta. El Senado, o lo reformamos o lo cerramos. Yo soy partidario de reformarlo porque creo en un país descentralizado”. Pablo Iglesias sostiene que el Senado no es útil: “Se construye como un cementerio de elefantes al que llevar a muchos procuradores del franquismo y después se le añade la representación de las autonomías, pero sigue siendo un cementerio. España necesitaría una Cámara de representación que reconociera la plurinacionalidad”.

Un desacuerdo total. Pablo Iglesias es el único que plantea la necesidad de reformar la Constitución para suprimir la Monarquía. “Es muy difícil de entender que a la jefatura del Estado se llegue por fecundación (...) Una nueva república tendrá que llegar de manera tranquila”. Pedro Sánchez considera que la monarquía parlamentaria es, ahora mismo, “la clave de bóveda de un consenso constitucional que se fraguó en 1978” y espera que “perdure”. Casado entiende que ahora mismo no hay “una demanda social para meterse con la fórmula de gobierno” y destaca la “brillante labor constitucional” del rey Felipe. Albert Rivera considera que el Rey “no es el problema, sino parte de lo que puede ser una solución de estabilidad y de reformas”.