La fiscalía denuncia “el cierre en falso” de varias causas del ‘caso Villarejo’
Anticorrupción achaca al juez que obvie “palmariamente datos que obran en las actuaciones”
El juez Diego de Egea que instruye el caso Villarejo —las andanzas del comisario que traficaba con información lograda ilegalmente, grababa a todo el mundo y espiaba a los adversarios de sus clientes para extorsionarles— ha cerrado provisionalmente tres de las siete piezas de la causa y ha dejado libre al principal socio del policía. La Fiscalía Anticorrupción, que impulsa la investigación, ha recurrido los archivos de las tres causas y la libertad bajo fianza del socio de Villarejo. Lo ha hecho con referencias muy críticas al trabajo del instructor.
En sus escritos, los fiscales califican de extemporáneos y nulos de pleno derecho los autos del juez y acusan al instructor de cerrar en falso la investigación de causas que consideran muy graves. Estas son las principales discrepancias entre los fiscales y el juez Diego de Egea.
El socio principal, en libertad. El juez decidió dejar en libertad a Rafael Redondo, el principal socio de Villarejo, bajo fianza de 100.000 euros, al entender que se habían mitigado los riesgos de fuga y de reiteración delictiva por los que había dictado su ingresó en prisión en noviembre, cuando puso en marcha la Operación Tándem.
La fiscalía responde que el riesgo de fuga sigue vivo ya que los hechos por los que se investiga a Redondo podrían ser constitutivos de seis delitos (organización criminal, blanqueo, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y extorsión) castigados con hasta 22 años de cárcel. Anticorrupción señala que el juez solo ha tenido en cuenta dos delitos (organización criminal y blanqueo) de los seis que se le atribuyen en función de lo investigado.
El juez estima que no se puede atribuir a Redondo el delito de integración en organización criminal ante la ausencia de una “jerarquía organizacional” y un reparto de funciones “dirigida a la comisión de delitos”. La Fiscalía sostiene que Villarejo montó un entramado societario y de cuentas bajo su control en paraísos fiscales y utilizó para ello “a su socio de máxima confianza, Rafael Redondo”. Anticorrupción señala que Redondo gestionaba el patrimonio oculto en el extranjero por lo que el bloqueo de cuentas españolas decidido por el juez no mitiga el riesgo de fuga. Redondo podría “impedir, perturbar u obstaculizar” la obtención de nuevas pruebas. Por todo ello considera “imprescindible que siga en prisión”.
La batalla familiar por una herencia. La fiscalía considera “clamorosamente prematura” y “extemporánea” la decisión judicial de archivar la pieza sobre los servicios que Villarejo supuestamente prestó a miembros de la familia García Cereceda —promotores de la lujosa urbanización madrileña La Finca— para espiar a sus adversarios.
Las víctimas de ese espionaje, vinculado a la batalla judicial por una herencia, no pueden recurrir la decisión de archivo del juez porque no se ha levantado el secreto de sumario, según destaca la fiscalía: “El precipitado archivo del procedimiento podría constituir una vulneración a la tutela judicial efectiva de las cuatro presuntas víctimas (...) la resolución judicial es nula de pleno derecho”, señala el ministerio público.
Los fiscales critican al juez por saltarse “una norma esencial del procedimiento”, como es dictar “de oficio” un archivo parcial de la causa “sin mediar solicitud de ninguno de los investigados a los que afecta, y sin dar previo traslado al ministerio fiscal”.
Recuerda Anticorrupción que los tres investigados, sobre los que el juez ha decidido el archivo de la causa, “facilitaron a la organización criminal [de Villarejo] los números de teléfono móvil de las víctimas para descubrir secretos que afectarán a su más estricta intimidad, como efectivamente consiguieron a través de la obtención de dichos tráficos de llamadas y seguimientos personales”.
La fiscalía achaca al juez que obvie “palmariamente datos que obran en las actuaciones” y que exculpe a los investigados porque ignoraban que Villarejo fuera un policía en activo. Anticorrupción aporta en su recurso las pruebas de que Villarejo se lo comunicó a sus clientes y les dijo que su información procedía de fuentes policiales. En las grabaciones, el policía se jacta de sus contactos con el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad, y remacha: “Soy un puto comisario, que está de analista en una situación especial”.
El bufete que espiaba a compañeros. Por los delitos de cohecho y revelación de secretos, el juez imputó a cuatro miembros de un bufete de abogados que contrataron a Villarejo para espiar a excompañeros que habían dejado el despacho y supuestamente se habían llevado a determinados clientes. El 30 de julio, el juez decidió dictar el sobreseimiento provisional de esta causa y la fiscalía ha recurrido la decisión por “extemporánea” dado que estaban pendientes determinadas diligencias relevantes para esclarecer los hechos y con esta decisión se produce “un cierre en falso de la instrucción”.
Los regalos al comisario Salamanca, también al archivo
José Manuel Villarejo está en prisión desde noviembre pasado por el negocio que inició con Francisco Menéndez Rubio, un abogado con negocios en Guinea Ecuatorial al que conoció de la mano de otro comisario, Carlos Salamanca.
Anticorrupción inició su investigación de los supuestos delitos que llevaron a Villarejo a la cárcel por la confesión de Menéndez, que les facilitó documentación de las actividades ilegales de los dos comisarios, José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca.
Los fiscales relatan que Salamanca introdujo en España de manera ilegal a una docena de ciudadanos guineanos y que Francisco Menéndez le recompensó por ello regalándole coches, relojes de lujo, viajes al extranjero, palcos en el estadio Santiago Bernabéu, y diversas cantidades en metálico que suman 135.000 euros.
El juez, sin embargo, sostiene que esos regalos solo son fruto de la amistad entre ambos y que el testimonio de Menéndez está plagado de contradicciones. Por esa razón, decidió archivar provisionalmente la causa abierta contra el comisario Salamanca, su mujer y su hijo. La Fiscalía sostiene que los argumentos del juez para dejar en libertad a Salamanca tienen “nulo o escasísimo fundamento”.
El caso Villarejo arrancó hace un año con una investigación menor sobre negocios ilegales con empresas guineanas, pero el registro del domicilio del comisario acabó extendiendo la sospecha a media docena de empresarios españoles que pedían al policía trabajos especiales para solucionar sus problemas a cambio de importantes cantidades de dinero. Un año después, la mitad de esas investigaciones están al borde del fracaso.
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