El cambio político complica el futuro de la comisión territorial del Congreso
Sánchez transmite al presidente del órgano su empeño en que SE recobre el ritmo de funcionamiento
![Miquel Alberola](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fa29aa3db-bdfa-43fb-82cd-ed3342eb1dbd.jpg?auth=5abbbc17544c795fb929dc58b4a96da576443647cc5afcf26c1f57fbc542efb3&width=100&height=100&smart=true)
![La Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico el día de su constitución.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MRWI5ZJDLMWYIS7D6EDRRUFCJI.jpg?auth=44dcf339e18f3210d304a51a38bcad603af674a759a920454c2149077434254e&width=414)
La alteración del escenario político a partir de la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa ha llenado de incógnitas el futuro de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico, un órgano del Congreso de los Diputados creado a instancias del PSOE para canalizar el debate territorial y con el conflicto catalán como telón de fondo. Ahora los escenarios para ese debate se han diversificado. Sánchez, que logró el apoyo de los partidos independentistas catalanes para apear a Mariano Rajoy del Gobierno, está abriendo las vías de diálogo con la Generalitat de Cataluña que no se ofrecieron en la etapa anterior.
La creación del Ministerio de Política Territorial, con Meritxell Batet al frente, ha propiciado, además, la creación en el Congreso de otra comisión territorial como acomodamiento a la estructura del nuevo Gobierno, un órgano presidido por Juan Ignacio Zoido en el que la ministra comparecerá y en el que se sustanciarán los debates legislativos al respecto. Esta nueva realidad coincide con un parón desde abril de la actividad de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, que preside el socialista José Enrique Serrano, por la tramitación de los Presupuestos y los problemas de calendario planteados por algunos citados a comparecer.
Sin embargo, Serrano considera que la llegada del PSOE al Gobierno “no altera el sentido de la comisión”. “Todo lo contrario. El presidente Sánchez me ha transmitido su intención de que la comisión recobre el ritmo de funcionamiento”, disipa. “Ni se disuelve, ni se ha visto sustituida ni tiene riesgo de desaparecer”, enfatiza. La comisión celebrará una reunión la última semana de junio para tratar de despejar alguna de las dudas que se ciernen sobre su continuidad, en la que no es ajena la nueva situación del PP, convertido en partido de la oposición, radicalizado y abierto en canal para elegir un sustituto a Mariano Rajoy.
Serrano asegura que el PP no abandonará la comisión a pesar de estar en la oposición, según le ha transmitido el partido, aunque esa decisión tendrá que sujetarse al líder que surja del congreso. Sin el PP, la comisión que está en precario tras el abandono de Ciudadanos y la ausencia desde el inicio de Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, estaría condenada a desaparecer. Su presidente no es optimista respecto a que los partidos que decidieron no participar cambien de actitud en breve: “Por ahora no se van a incorporar. Me gustaría equivocarme”. La proximidad de convocatorias electorales lo complica más.
Con todo, sostiene que por su carácter no legislativo y de órgano de estudio y valoración sigue siendo el escenario adecuado para abordar los problemas territoriales de España. “El Gobierno no puede modificar el modelo territorial. Eso lo tiene que hacer el Parlamento. Por eso se creó esta comisión”, defiende, “para procurar un acuerdo sobre la revisión territorial independiente del Gobierno”. La comisión, que nació sin límite de tiempo pero con la mirada puesta en este mes de junio, tendrá que prolongar su actividad “como mínimo hasta fin de año”, apunta Serrano, por el gran número de comparecencias pendientes. La puesta en marcha del nuevo Gobierno ha contribuido a ralentizar su actividad al convocar Sánchez en la Moncloa a los presidentes autonómicos que ya estaban citados a comparecer en el Congreso.
Antesala de la reforma de la Constitución
La comisión debía ser la antesala de la reforma de la Constitución, que ya se desarrollaría en una subcomisión. Su misión es hacer un informe que evalúe el funcionamiento del modelo territorial e identifique sus logros e ineficiencias para hacer las propuestas de modificación de leyes y de la Constitución que los grupos parlamentarios estimen necesarios.
Sin embargo, nació débil. Fue el 15 de noviembre de 2017, aunque no inició su actividad hasta enero. El agravamiento de la situación de Cataluña alejó del órgano a actores principales como ERC, PDeCAT, PNV y Unidos Podemos. Aun así, la comisión se puso en marcha con la confianza de que se incorporarían “más adelante”, algo que no se ha producido por la dilatación de la crisis catalana.
Ciudadanos, que había criticado hasta la ridiculización la creación de una comisión que iba a “trasladar los problemas internos del PSOE al Congreso”, decidió finalmente participar, aunque renunció a estar representado en la Mesa. Cuatro meses después, el 20 de marzo, el partido de Albert Rivera abandonó el órgano alegando que el PSOE y el PP habían vetado sus propuestas de comparecencia, antiguos cargos socialistas con inequívocas desavenencias con la actual dirección del partido. El portazo dejó la comisión al borde del abismo. Ahora solo quedan PP, PSOE y algunos representantes del Grupo Mixto, como Compromís y UPN, si bien es cierto que los dos partidos primeros disponen de mayoría suficiente para cambiar la Constitución.
El organismo acordó realizar una primera fase “relativamente dilatada” de evaluación global de los 40 años de desarrollo constitucional en materia del Estado autonómico y, a continuación, otra fase de análisis protagonizado por los presidentes de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España. Por la comisión han desfilado una treintena de comparecientes de los dos centenares propuestos. Además de los tres ponentes en vida de la Constitución, ha habido diferentes exministros, expresidentes autonómicos, catedráticos, la patronal o el sindicato CSIF.
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