La comisión que estudiará la reforma de los delitos sexuales incorporará finalmente a mujeres

Tras la polémica surgida por la sentencia del caso de La Manada, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el Gobierno iba a estudiar una reforma sobre los delitos sexuales en España. Para ello, dijo el pasado 27 de abril, reuniría con la máxima urgencia a la comisión general de codificación, que ya desde ese día tiene el encargo de abordar el tema y plantear una primera propuesta “en semanas”, según las palabras del ministro. La sección penal de esa comisión está formada solo por hombres. Los vocales permanentes son 20, en su mayor parte catedráticos de Derecho Penal, y no hay ninguna mujer entre ellos. El presidente es el abogado penalista Esteban Mestre. Este viernes se ha anunciado que la comisión incorporará a seis catedráticas para esta ponencia, no de modo general (habrá una presencia femenina del 30%), y que serán escuchadas las representantes de las asociaciones de mujeres juristas más asentadas y reconocidas. 

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Según los estatutos de la comisión, los vocales permanentes “serán nombrados libremente por el ministro de Justicia entre juristas de reconocido prestigio que acrediten, al menos, 15 años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico”. Y añaden: “Se procurará en su designación asegurar la pluralidad de profesionales del Derecho y de procedencia geográfica dentro de España”. No se dice nada sobre paridad entre hombres y mujeres.

Algunos nombramientos de la actual sección son antiguos, de finales de los años 70, cuando había pocas mujeres catedráticas de Derecho Penal en España; pero no todos: la última tanda de nombramientos se hizo con una orden ministerial de noviembre de 2015.

Catalá encargó al presidente de la sección penal, concretamente, “que el grupo analice la legislación vigente en materia de delitos sexuales, detecte si da problemas en la teoría o en la práctica y si hay una mejora técnica que hacer en el Código Penal”, según explica Mestre, quien considera que en este caso hace falta incorporar voces con perspectiva de género y a expertos en delitos sexuales.

Los estatutos de la comisión general de codificación recogen la posibilidad de que se nombren “vocales adjuntos” para ponencias concretas. Haciendo uso de esta potestad, Mestre ha propuesto a seis catedráticas de Derecho penal incorporarse como adjuntas. Por otro lado, el grupo de expertos dará audiencia a las presidentas de las asociaciones de mujeres juristas más asentadas y representativas, como Themis o la Asociación de Mujeres Juezas, para escuchar su punto de vista. La primera sesión se desarrollará el 10 de abril.

Los vocales permanentes de la sección penal son el abogado Javier Boix, los catedráticos de derecho penal Enrique Gimbernat, Francisco Muñoz Conde, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Carlos García Valdés, Juan Carlos Carbonell, Juan Córdoba Roda, Luis Arroyo Zapatero, José Luis González Cussac, Manuel Cancio, Borja Mapelli, Jesús María Sánchez Silva, Miguel Polaino, Gonzalo Quintero y Enrique Peñaranda -muchos de ellos, también abogados y algunos han ostentado importantes cargos institucionales- , Francisco Hernández Gil, Gustavo Lescure, el fiscal y exministro de la presidencia Javier Moscoso, y el catedrático de Psicología Ricardo Pellón.

Se trata de una sección de la comisión de codificación que ha sido poco consultada y que como tal no ha participado en las últimas reformas penales que se han llevado a cabo en nuestro país. En los últimos tiempos solo ha sido convocado una vez, durante el verano de 2017, para estudiar los delitos de manipulaciones financieras.

Presencia mínima de mujeres en todas las secciones

La comisión general de codificación tiene, aparte de la penal, cuatro secciones más, y el porcentaje de mujeres en todos ellos es muy pequeño. En la sección civil, según la propia web del ministerio, hay 29 vocales permanentes, cinco de los cuales son mujeres. En la de derecho público son 26, dos de ellos mujeres. En la de derecho mercantil también son 26 los miembros, y la presencia femenina llega a cinco vocalías. En la de derecho procesal, de 19 vocales permanentes, cuatro son mujeres. Es decir, en estas cuatro secciones la inmensa mayoría de los vocales (el 84% del total) son hombres.

Se trata de “un órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”, según sus estatutos, aprobados por un real decreto de 2015, aunque es un órgano cuyos orígenes se remontan a 1843. El presidente de la comisión es el ministro de Justicia y el vicepresidente, el secretario general técnico del ministerio. La sección de derecho penal y penitenciario se creó en 1976.

Aparte de los vocales permanentes, hay una serie de vocales natos que pueden “incorporarse a las secciones, ponencias o grupos de trabajo para asuntos concretos por decisión del presidente de la comisión”. Son, entre otros, los presidentes de organismos como el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado o el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.