La fiscalía acusa a Chaves y Griñán de evitar el control sobre las ayudas de los ERE

La imagen de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán sentados en el banquillo de los acusados tras haber gobernado la comunidad durante 23 años ha marcado este miércoles la primera jornada del juicio de los ERE. Pero poco más. El arranque de la vista oral —que examina el diseño y mantenimiento del fondo de los ERE supuestamente desde la excúpula del Gobierno andaluz— no ha pasado de las lecturas de los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y del PP, un trámite a menudo innecesario y prolongado esta mañana tres horas.

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Los 22 acusados —los dos expresidentes, seis exconsejeros y 14 ex altos cargos— se sientan en el banquillo por una partida supuestamente malversada que la Fiscalía Anticorrupción cifra en 741 millones entre 2001 y 2010, y que los instructores Mercedes Alaya y Álvaro Martín habían elevado hasta los 855 millones. La tesis acusatoria es que la excúpula de la Junta andaluza ideó un sistema para esquivar los controles de la Intervención General y conceder ayudas de manera opaca a empresas afines al PSOE. Las defensas alegan que tal contubernio no existió y que la partida era aprobada con transparencia año tras año por el Parlamento andaluz.

Tras una entrada en la Audiencia de Sevilla sin declaraciones a la prensa, los exdirigentes del Ejecutivo autonómico estrenaron esta mañana las tres filas de asientos que ocuparán al menos hasta el próximo verano. Los expresidentes, la exministra Magdalena Álvarez y los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Antonio Fernández, entre otros, están defendidos por experimentados abogados que han participado en grandes causas políticas juzgadas los últimos años.

La primera sesión augura un desarrollo muy lento del juicio, que debe escuchar a 114 testigos y 12 peritos tras los 22 encausados. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, consideró preceptiva la lectura del escrito del fiscal, de 44 folios, y el PP reclamó como acusación su derecho a que su escrito también fuera leído. Uno de los letrados, Pedro Apalategui, que defiende al exviceconsejero Agustín Barberá, ha rogado que se evitara la lectura del documento ya que las partes estaban “sobradamente instruidas”, pero el PP insistió.

Si las 22 defensas se empeñan en la lectura de sus escritos, las cuestiones previas se puede prorrogar durante todo el mes de enero. “Hemos entrado en contramano y empiezan las comparaciones. Se va a armar”, vaticinaba un abogado que reclama el anonimato. El letrado José María Mohedano, que defiende a Griñan, ha intentado quitar hierro al tedioso protocolo: “Habría una desigualdad si se leyeran solo los escritos de las acusaciones. Seremos mucho más breves”. Y Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete (exdirector de la agencia pública Idea, pagadora de los ERE), ha advertido: “Las garantías procesales son más importantes que lo farragoso o no de las sesiones”.

El escrito de los fiscales señala a la excúpula de la Junta por evitar la fiscalización de la Intervención, “que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas”. Según el ministerio público, los dirigentes debían conocer las irregularidades detectadas por los interventores en los ERE ya en 2003, pero las permitieron para mantener “la paz social”.

La clave técnica del juicio estriba en el mecanismo de pago de los ERE, las transferencias de financiación, un instrumento de ejecución presupuestaria que permitía salvar los controles previos de la Intervención General, de ahí que esté implicada la cúpula de la Consejería de Hacienda junto a la de Empleo. Uno de los principales acusados, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, ha resumido tras siete años de instrucción: “Ya era hora de que empezara”.