Interior clasificará a los inmigrantes en los CIE por países y religión

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este lunes las características del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, que prevé que empiece a construirse en 2018 y que ha bautizado como "el modelo de los CIE del futuro". Unas instalaciones que atenderá un nuevo "cuerpo civil de funcionarios", en lugar de la policía que ahora lo gestiona. Y donde, además, se clasificará y distribuirá a los sin papeles por "por sexo, procedencia, nacionalidad y religión".

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El entorno le era proclive y, por tanto, no casual: la única ciudad española que ha mostrado su abierta predisposición —o, al menos, su alcalde— a acoger uno de los nuevos Centros de Internamientos de Extranjeros proyectados por el Gobierno.

La intención es que la ciudad gaditana se convierta en un ejemplo de las nuevas instalaciones que el Gobierno también quiere construir en Madrid y Málaga. Porque la presentación ha servido para realizar un claro alegato a la viabilidad de estas instalaciones, justo cuando ha sido puesta en entredicho por diversos grupos políticos, ONG o jueces. "Los CIE no existen por capricho de este Gobierno. De hecho, cinco de los siete que existen en España fueron construidos por gobiernos socialistas. Son necesarios para hacer frente a la política migratoria europea en la lucha contra la inmigración ilegal", ha justificado Zoido en un acto en el que ha estado acompañado del propio Landaluce y del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El ministro ha enfatizado que la intención es mejorar "las condiciones, tanto de las personas internadas, como de los trabajadores". De hecho, en el nuevo modelo anunciado, Zoido estima necesario "definir el papel que tendrán las ONG" y qué trabajadores deben encargarse de la custodia de los centros. "Este ministro es favorable a que sea un cuerpo de funcionarios civiles, en lugar de policías que no tienen que cumplir este papel". Y en el caso de que su apuesta salga adelante, ha matizado que se recurriría a trabajadores específicos y con formación especializada ya que "no son prisiones". Tanto para definir cómo será este cuerpo funcionarial, como el papel de las asociaciones en defensa de los Derechos Humanos, el ministro ha reiterado la necesidad de "la colaboración de los grupos políticos". "Hay que buscar soluciones, no críticas", ha abundado, en referencia a los que abogan por la desaparición de este tipo de centros.

Sean funcionarios o sigan siendo policías, lo que sí está claro es que el nuevo edificio necesitará de 350 nuevos trabajadores para su gestión y la atención de los 705 internos que se espera pueda albergar. Para ello, Landaluce —que se ha mostrado entusiasmado en el acto por “la riqueza y empleo que va a generar”— ha cedido a Interior una parcela de 20.000 metros cuadrados. La intención es que en los próximos días se firme el convenio entre Ayuntamiento y Ministerio y que las obras comiencen a primeros de 2018. Cuando esté terminado, dos años después, será el más grande de España ya que con sus más de 700 internos superará a los 610 que puede alojar ahora mismo el total de los CIE españoles. Además, sustituirá al actual de La Piñera (y su auxiliar de Tarifa), envueltos en constantes polémicas por sus paupérrimas condiciones y falta de garantías.

Problemas que Zoido cree que acabarán con un nuevo complejo compuesto por nueve edificios. De ellos, seis acogerán a 100 personas cada uno (distribuidos en habitaciones de dos personas acomodadas en literas y con cuarto de baño propio). A eso se sumarán dos edificios más que acogerán a la mitad de inmigrantes con la finalidad de “distribuir a las personas según las diferentes características que tengan”, según ha explicado Zoido sin entrar en más detalles.

Sin embargo, en una nota de prensa posterior remitida a los medios, el Ministerio del Interior ha precisado que el modelo que implantará el centro de Algeciras contemplará la distribución de los internos "por sexo, procedencia, nacionalidad o religión". Según detalla un informe elaborado por cinco universidades españolas y fuentes de las ONG que atienden a los extranjeros dentro de los CIE, este tipo de agrupación no se produce actualmente y solo se separa a los hombres de las mujeres; y a los inmigrantes sobre los que pesa una sentencia penal de los que no han sido condenados.

Archidona, en entredicho

Pese a esta segregación, Zoido sí ha detallado que cada edificio contará con zonas comunes de comedor, sala de juego, lavandería, patio de esparcimiento, locutorios, sala de reuniones con los abogados y "espacios para las ONG". Además, el complejo se completará con un inmueble de enfermería con consultas y cinco habitaciones hospitalarias. La amplitud del centro será posible gracias a la cesión del Ayuntamiento de Algeciras, con quien las negociaciones para la construcción de las instalaciones llevan años de entendimiento, a diferencia de las otras ciudades propuestas. De hecho, la idea es que la distribución empleada en este CIE "se reproduzca en los futuros centros, por lo que se necesitará un espacio similar a este", ha precisado el titular de Interior.

"Centros como el de Algeciras permitirán ampliar la capacidad de acogida y acabar con soluciones transitorias como la de Archidona", ha asegurado Zoido, en referencia a la reclusión de 572 inmigrantes en el centro penitenciario de Archidona (Málaga). "Se trata de una situación excepcional y temporal producida por la situación actual", ha añadido. Aunque el ministro sabe que la medida "ha despertado críticas", ha evitado referirse a las instalaciones como cárcel y solo ha precisado que "el centro aún no estaba inaugurado". "Las instalaciones son inmejorables y tienen infinitamente mejores condiciones que los CIE que están construidos por España", ha asegurado.

El responsable de Interior ha deseado que "baje la crispación" generada en torno a esta medida tomada por el Gobierno: "Ha sido un fin de semana muy intenso. Se ha informado a todas las Administraciones y todas, pese a su distinto color político, han mostrado su colaboración". "La ley y la normativa lo permite. Prueba de ello es que siete jueces lo han autorizado", ha añadido. Zoido ha precisado que esta mañana ha habido una reunión entre el Ministerio que él preside y el Ayuntamiento de Archidona, cuya alcaldesa, Mercedes Montero (PSOE) se ha mostrado crítica con la solución adoptada. "Respeto a los que no lo quieran, pero que digan una alternativa para que no haya tantas personas vagando por la calle sin que sepamos ni quienes son", ha remachado Zoido.

La oposición le reprocha que no haya buscado su colaboración. "El 11 de mayo acudimos una reunión que resultó ser un PowerPoint sobre el tamaño de las habitaciones, el color con el que iban a pintarse y el tipo de muebles con que pretendían decorar los nuevos centros", ha afirmado este lunes David Serrada, diputado socialista, que ha insistido en que el Ejecutivo no quiere abordar el tema de fondo sobre el modelo de los CIE.