La Manada encara la recta final del juicio
El proceso contra los acusados de una violación grupal en los Sanfermines de 2016 llega a su fin
El juicio a La Manada —el grupo de cinco hombres que formaban parte de un chat de Whatsapp con esa denominación— por la supuesta violación a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 entra en su recta final. Los informes finales serán defendidos hoy y mañana por las acusaciones (que sostienen que la chica fue violada por el grupo) y las defensas (que afirman que la relación sexual fue consentida). Estos han sido los puntos clave de un caso que ha adquirido una enorme resonancia social:
El análisis de los vídeos
Los siete fragmentos de vídeo grabados durante la presunta violación con sus teléfonos móviles por dos de los acusados, un guardia civil y un militar, duran 96 segundos. A lo largo de la vista, el acusado Alfonso Cabezuelo reconoció haber borrado el más largo de ellos, que fue luego recuperado por la Policía Foral. El cuerpo autonómico realizó un extenso informe analizando cada uno de los fotogramas. En sus conclusiones afirma que la chica “adopta un rol pasivo y neutro” durante el acto sexual y que sus movimientos son “dirigidos y/o controlados” por los encausados. No hay diálogo entre ellos y la joven permanece con los ojos cerrados.
La contradicción
La principal contradicción surgida en el juicio apareció en última jornada: es la de la policía municipal de Pamplona que recogió aquel 7 de julio de 2016 la primera declaración de la denunciante. A preguntas de la defensa, la agente afirmó que la chica le dijo que sabía que la habían grabado en vídeo, algo que la policía no anotó en el atestado de aquel día ni tampoco había comunicado durante la instrucción judicial. Los abogados de la defensa sostienen que es un dato fundamental porque, según ellos, apunta a la posibilidad de que la chica denunciara un acto consentido por miedo a que salieran a la luz los vídeos; las acusaciones niegan rotundamente esa tesis y creen que la agente se equivocó en el juicio porque no recordaba bien los hechos de 2016.
El informe de los detectives
Uno de los aspectos que más controversia generó en la vista oral fue la admisión como prueba de un informe encargado a unos detectives por una de las defensas sobre el comportamiento en redes sociales de la chica durante las semanas posteriores al suceso. En la última jornada del juicio ese informe se retiró porque “podía generar problemas de derecho a la intimidad”, según el abogado de la acusación Miguel Ángel Morán. Lo único que quedó fue una fotografía pública en Instagram de septiembre de 2017.
Estos informes trataban de rebatir la existencia del daño psicológico de la denunciante, por el que la fiscal solicita una indemnización de 100.000 euros para la chica y las acusaciones elevan a 250.000. Colectivos sociales y organizaciones feministas consideraron que se trataba de juzgar la vida posterior al suceso de la denunciante y criticaron duramente la decisión del tribunal.
Los antecedentes
El caso es conocido como La Manada por el grupo de Whatsapp que unía a los encausados y en el que uno de ellos, José Ángel Prenda, escribió en la madrugada de los hechos: “follándonos una entre cinco”; y anunció: “hay vídeo”. Analizando las conversaciones e imágenes encontradas en los teléfonos móviles de los cinco acusados, la Policía Foral encontró indicios de que cuatro de ellos pudieron haber agredido sexualmente a otra chica, a la que podrían haber narcotizado, en Pozoblanco (Córdoba). Esa posible agresión se habría producido dos meses antes de los Sanfermines de 2016, durante la feria de la localidad cordobesa en la que Antonio Manuel Guerrero, uno de los acusados, estaba destinado como guardia civil. La investigación de este suceso previo al de Sanfermines fue trasladada al Juzgado de Instrucción 1 de Pozoblanco. El asunto aún no tiene fecha de juicio. La fiscalía y las acusaciones del caso de Sanfermines pidieron que se incorporaran a la causa como prueba los mensajes referidos a ese suceso, para tratar de mostrar una conducta previa de los encausados. Sin embargo, la sección segunda consideró que no había lugar para admitirlos.
Tres de los acusados —José Angel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Ángel Boza— cuentan con antecedentes penales, aunque no son computables a efectos de reincidencia. El primer caso es un robo con fuerza, el segundo por lesiones y el tercero por conducir ebrio. Cabezuelo, además, había ingresado en el Ejército de Tierra, destinado en la Unidad Militar de Emergencias. También tenía un empleo público Antonio Manuel Guerrero, que había ingresado recientemente en la Guardia Civil. Ambos están suspendidos de sus empleos. El quinto acusado es Jesús Escudero.
Sesión a puerta cerrada
La sección segunda de la Audiencia de Navarra, encargada de juzgar el caso, comunicó un mes antes del comienzo de la vista oral que esta se llevaría a cabo a puerta cerrada. Tanto la denunciante como la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona y dos de las defensas solicitaron la medida para proteger la intimidad de la joven y evitar la difusión de imágenes de los denunciados. El tribunal dictó medidas de protección especial para la chica, que declaró el 14 de noviembre. Los acusados siguieron su declaración por videoconferencia en una sala anexa. Durante todo el proceso el acceso a la información por parte de los periodistas ha pasado por el tamiz —a menudo opuesto— de los abogados de las partes, los únicos que han podido acceder a la sala.
El tribunal
El turno de asignación llevó el caso a la sección segunda de la Audiencia de Navarra, presidida por José Francisco Cobo junto a Ricardo González y Raquel Fernandino como magistrados. Según varios abogados de Pamplona, esta sección tiene fama de garantista de los derechos de defensa. Fue el tribunal el que decidió que la declaración de los cinco acusados se realizara al final del proceso de testificales y no al principio, para que los acusados pudieran escuchar antes los argumentos en su contra. Esta práctica, que se realiza en muchos sistemas penales, no es habitual en España. El más veterano de los abogados colegiados en ejercicio en Pamplona, Ángel Ruiz de Erenchun, señala que “es la primera vez que ocurre en la ciudad”, según su recuerdo.
Las acusaciones populares
En el proceso están personados tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra (en este caso, en cumplimiento de la Ley Foral de Atención a Víctimas de Violencia de Género). Las defensas trataron, infructuosamente, de evitar esa personación. Ninguno de los acusados respondió a sus preguntas por considerar su personación de “carácter político”, según el abogado Agustín Martínez Becerra.
Los informes finales, abiertos al público
Debido a la polémica generada al trascender fuera de la sala de vistas la admisión como prueba, al principio del juicio, de los informes de los detectives sobre la denunciante, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tuvo que enviar una nota aclaratoria sobre qué se había aceptado y qué no. Esto provocó una protesta al día siguiente por parte de Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los acusados. La queja del letrado —que pedía que la vista fuese abierta al público— hizo que los tres magistrados del tribunal se reunieran de urgencia para barajar una posible apertura del juicio. A eso se oponía la magistrada, que consideraba que no se habían producido cambios en las circunstancias que les habían llevado a decidir la vista a puerta cerrada. Finalmente acordaron, con el plácet de todas las partes, que se realizaran a puerta abierta las conclusiones finales de las partes, lo que sucederá en las sesiones de hoy y mañana.
Habrá 46 periodistas acreditados y 24 sitios para público general, entre los que tienen preferencia los familiares de los acusados y la denunciante. No podrán introducirse teléfonos móviles ni ningún aparato de grabación. La Policía Foral avisa de que desalojará a quien incumpla estas condiciones y recomienda llevar “lápices o bolígrafos sencillos”.
La fiscalía mantiene su petición de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados. La acusación particular la eleva a 24 años y 9 meses; y las populares, a 25 años y 6 meses por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia. Dos de los defensores piden la absolución, mientras que Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, anunció que solicitará la nulidad del proceso por “vulneración de derechos fundamentales”. El presidente del Tribunal Superior de Navarra, Joaquín Galve, señaló que esta petición no se ha formalizado. Hasta el momento de presentar su informe final, las partes pueden variar sus peticiones.
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