Una violencia sexual invisible

Las denuncias por violaciones, abusos y acosos sexualesque han inundado el panorama mediático desde hace un mes no son un espejismo. Reflejan una realidad dramática. El escándalo masivo que ha sacudido con sórdidos episodios EE UU, Reino Unido y Francia no es una acumulación de casos aislados. Son consecuencia de una corriente de opinión nacida de la etiqueta #Metoo. Una corriente que se ha sentido en España con menor intensidad, donde su verdadera dimensión permanece oculta por el miedo, la presión social y la vergüenza a denunciar, subrayan los expertos

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Sin embargo, hay cifras que retratan esta lacra, como el número de víctimas de la violencia sexual: 1,4 millones de mujeres, según la macroencuesta oficial de 2015. El Gobierno carece de campañas para prevenirla, pese a las críticas de Naciones Unidas y las documentadas denuncias de las ONG. Una ceguera similar a la de hace 20 años, cuando Ana Orantes denunció en televisión las palizas de su marido y días después acabó abrasada en una hoguera, un asesinato que despertó las conciencias de una sociedad hasta entonces anestesiada.

Este jueves Amnistía Internacional ha denunciado en un informe sobre la violencia sexual en España que esta permanece “invisible” y reclamó al Gobierno que concrete medidas como un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres y uno por cada comunidad autónoma disponible todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. “Fallamos como sociedad cuando a las víctimas de violencia sexual se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de esta ONG. Amnistía Internacional recordó que la violencia sexual ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2008.

¿Está madura la sociedad española para rechazar los abusos y acosos sexuales con la misma convicción que las agresiones? ¿Está concienciada para arropar sin fisuras a las víctimas que se atreven a denunciar y recriminar en voz alta esta plaga? Vista la respuesta que obtienen las mujeres que dan un paso al frente, en su círculo cercano y desde la opinión pública, no. Aún no.

La violación múltiple en los San Fermines de 2016 que supuestamente cometió La Manada, el grupo de cinco acusados —un guardia civil y un militar entre ellos— que se tildaban de animales entre sí, parece un caso aislado, pero la violencia brota con regularidad. El pasado agosto cuatro hombres fueron detenidos en Gran Canaria por otra violación grupal y en abril otros cuatro atacaron de manera similar a otra mujer en Sevilla. “El problema hoy es que la agresión grupal está aumentando. Es un punto de inflexión. El grupo genera combustión por sí mismo. ¿Cometen los hechos por el alcohol y las drogas? ¿O toman las drogas para desinhibirse y salen de caza y cometen el acto? La respuesta es la segunda”, reflexiona Javier Urra, doctor en psicología con 20 años de experiencia en la Audiencia Nacional y colaborador del Consejo General de la Psicología.

Estas semanas los relatos han sido casos aislados de actrices y algún manifiesto como el de las mujeres del mundo del teatro, pero la indignación se mueve al ralentí y sin consecuencias procesales para los abusadores. Tras pedir el anonimato, una artista explica por qué evitó y evita contarle a un juez la agresión sexual de un reputado comisario de exposiciones: “Me sentí violada y con la dignidad por los suelos. Me dijo ‘no se lo cuentes a nadie, que son imaginaciones tuyas’. La falta de pruebas fue determinante para no denunciar. (…) Todavía no me siento cómoda haciéndolo público, quizás más adelante, cuando sienta que estoy preparada para la descalificación pública. A este país le faltan 10 o 20 años para poder hacer y decir muchas cosas, todavía estamos en pañales”.

Una excepción reciente para dar el paso y llegar al juzgado ha sido la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, a la que un empresario arrinconó mientras le tapaba la boca y besaba su propia mano. Tras denunciarle, el empresario alegó como disculpa que le había gastado “una broma” porque la diputada es “de Cádiz”. La fiscalía le pide un año y nueve meses de cárcel por atentado contra la autoridad y contra la integridad moral. “Quiero que no vuelva a hacerlo con nadie más y especialmente con personas más vulnerables que yo”, aclaró Rodríguez en los juzgados.

En 2016 las mujeres denunciaron 1.249 violaciones -tres al día- y 6.922 abusos sexuales

El año pasado las mujeres denunciaron 1.249 violaciones —tres al día—, 1.684 agresiones sexuales sin penetración y 6.922 abusos (sin mediar violencia ni intimidación) y acosos (pedir favores sexuales), según el Ministerio del Interior. Un total de 9.855 ataques o vejaciones, que van desde un insulto ultrajante en la calle hasta una violación, pasando por que el jefe exija a su secretaria un favor sexual para mantener el empleo. Sin embargo, las cifras frías de estas denuncias esconden su verdadero alcance debido a la ausencia de estudios institucionales que destripen con detalle la violencia sexual. “Con las agresiones sexuales, a las mujeres nos llega el mensaje de no te quejes e intenta evitarlo, transmitido por la sociedad a través de las madres. Todas mis alumnas han sufrido alguna, es algo profundamente interiorizado”, censura la filósofa Ana de Miguel, autora de Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección.

Javier Urra: "El problema hoy es que el ataque grupal está aumentando"

La alarma social que genera la violencia machista en el ámbito doméstico es plato de telediario cada semana: 44 mujeres fallecidas, 142.893 denuncias, 14.501 partes de lesiones y 15.823 hombres condenados solo en 2016. A pesar de su gravedad, afortunadamente la curva de crímenes es descendente en la última década. En parte porque se suceden las campañas institucionales contra esta violencia desde la pareja o expareja. Como contraste, los abusos y ataques de hombres cercanos a la víctima o desconocidos, fuera del entorno íntimo, carecen de difusión mediática. Su visibilidad y prevención es casi nula. “El panorama es muy oscuro. El Estado no se ha centrado deliberadamente en la violencia sexual porque en ese momento adquiere responsabilidades”, critica Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma de Madrid.

El Gobierno ha recortado un 54% los fondos para Igualdad desde 2008

Mientras que el presupuesto de Igualdad se ha recortado un 54% desde 2008, los últimos recortes presupuestarios se han cebado con los centros de atención a las víctimas, algunos de ellos al borde de la desaparición. La Asociación Asistencia a Mujeres Violadas (CAVAS) de Madrid está desde hace una semana “desahuciada” y sin la subvención que permite su actividad con una abogada y una psicóloga, denuncia su directora, Tina Alarcón. “La situación es desesperada. Tenemos más de 300 expedientes abiertos a la espera de juicio y necesitamos al menos dos despachos”, lamenta a la espera de que la Comunidad de Madrid dé vía libre al pago que les permite subsistir. Ocho de las 17 comunidades autónomas —el 47%, casi la mitad— carecen de centros de atención específicos para víctimas de violencia sexual, algunas tan relevantes como Galicia.

De fondo late una cuestión clave: ante la emergencia en 2004 por la escalada de asesinatos de parejas y exparejas, la Ley contra la Violencia de Género abarcó solo el ámbito doméstico e ignoró la violencia sexual en las calles y el ámbito laboral. Al contrario que Naciones Unidas y todos los expertos, el Estado excluye del concepto violencia de género —y por ende de los recursos destinados a paliarla— la ejercida por desconocidos y amigos, pero también los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y la trata de mujeres.

La ONU ha censurado esa desatención institucional de España hacia sus víctimas. En 2015, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sacó los colores al Ministerio de Sanidad, y le exigió un plan específico para “recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor”. Es decir, disponer de una fotografía fiel del problema. La recomendación cayó en saco roto y este verano el Gobierno, que en 2014 ratificó el convenio de Estambul para la lucha contra la violencia a mujeres, evitó dar una réplica en el informe que remitió al comité con sede en Ginebra.

En su lugar, 250 organizaciones en defensa de la mujer presentaron en julio un crítico informe denominado Sombra CEDAW, que sí respondía a la espinosa cuestión: “Se hace necesario contar con una estructura de recogida y tratamiento de datos, con una metodología compartida (…) el sistema español no contabiliza en sus estadísticas de violencia de género los asesinatos de mujeres con un móvil sexual por hombres desconocidos, cercanos o de redes organizadas, por lo que queda descartada la posibilidad de contabilizar los feminicidios asociados”.

Mientras, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas clamó en 2015 contra los recortes que afectan a las víctimas: “El Estado parte debería asignar los recursos financieros suficientes para que los servicios de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género funcionen de manera efectiva, a pesar de la crisis económica”.

Ángeles Álvarez, portavoz en la comisión de igualdad del PSOE, pone el dedo en la llaga: “Ahora mismo lo más urgente es saber qué está pasando, porque nos llevaremos una gran sorpresa. Si el CIS incluye indicadores para identificar los casos [tal y como estipula el Pacto Nacional contra la Violencia de Género firmado este verano] los datos escandalizarán al país”, avanza. La pelota está en el tejado del Gobierno, que debe implementar esta recomendación para pormenorizar los datos y poner las agresiones sexuales blanco sobre negro, incluida en dicho pacto, firmado por todos los partidos antes del verano.

Obstáculos institucionales

En paralelo al retrato pendiente, para atajar las agresiones es necesario que las denuncias aumenten. “La baja denuncia es un serio problema en Europa, ya que muchas mujeres no cuentan a nadie la violencia que experimentan”, destacaba en 2015 la macroencuesta de la UE respondida por 42.000 mujeres. “Una de cada cuatro víctimas de violencia no doméstica denuncian sus casos más recientes a la policía (…) El 74% de los acosos sexuales nunca son denunciados a la policía”, abunda esta encuesta.

Episodios denigrantes debido a la sensación de impunidad masculina se reproducen a diario, pero muchas mujeres pisan el freno para olvidarlos y evitar el farragoso proceso judicial. Distintas investigaciones —Amnistía Internacional, 2009; Save the Children, 2012; Fundación para la Convivencia Aspacia, 2014; Sisma Mujer, 2013 y Mugarik, 2017— subrayan una y otra vez los obstáculos institucionales que afrontan las víctimas en los juzgados.

“Las víctimas no se sienten escuchadas. Todas perciben desconfianza hacia el sistema y los jueces reproducen mitos como culpar a las mujeres por estar borrachas o salir de noche”, lamenta Tania Sordo, abogada especializada en violencia de género. Fuentes policiales ratifican esta dejadez: “Judicialmente se adolece de sensibilidad y se pasea al agresor por delante de la víctima”. La presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, María Ángeles Carmona, admite los fallos del sistema, pero es optimista: “Desde luego que tenemos fallos, pero seguiremos adelante. Una de las medidas pendientes es el diseño de las instalaciones judiciales para que la víctima no se cruce con su agresor”.

El análisis crítico de la situación también es compartido por Carmen Dueñas, portavoz de Igualdad del PP en el Congreso: “Sería absurdo no hacer autocrítica, quedan muchas cosas por hacer. Ha sido una violencia invisible que hay que sacar a la luz. Requiere de nuestro compromiso activo porque el repunte de actitudes impropias en adolescentes es muy claro”, explica sobre la laguna estadística que espera el Gobierno corrija de una vez.

Tanto la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Cerón, como la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, han rechazado opinar para este reportaje.

Un elemento clave para comenzar a revertir la sensibilidad pública hacia las agresiones, abusos y acosos sexuales serían las campañas institucionales. De momento, el Gobierno está lejos de los esfuerzos de Ejecutivos como el británico o el irlandés, que difunden campañas para reducir los ataques. O más lejos aún de la voluntad que demostró el expresidente estadounidense Barack Obama cuando apoyó la campaña It´s on us y dio un discurso para “rechazar la silenciosa tolerancia hacia los asaltos sexuales y no aceptar lo inaceptable”.

Si la cifra de 1,4 millones de víctimas españolas puede resultar abultada (del total de 23,6 millones de mujeres), basta con echar un ojo al escalofriante dato de la Organización Mundial de la Salud (OMS): el 35% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de la pareja o por terceros. A falta de una radiografía institucional que ofrezca por fin la imagen real de la violencia sexual, la diputada Álvarez es de las pocas que ofrece una cierta esperanza para vislumbrar mejoras: “En este país no hemos enfocado las agresiones como una prioridad. Esta década que entra debe dar respuesta a estas agresiones y a la trata”.