El tetrapléjico que falleció esperando 12 años su indemnización

Josefa Escalona pasó 4.300 días pegada a la silla de ruedas de su marido y a la grúa eléctrica de la que se ayudaba para mover sus 80 kilos de peso. Se le juntaban las noches con los días casi sin darse cuenta. Cada tres horas, por ejemplo, debía mover de posición a su Juan para que no le salieran llagas en el cuerpo, y cambiarles los pañales, asearle, darle la medicación a su hora... Ella sola hacía el trabajo de tres personas.

"No noto las piernas", se asustó Juan. “Será de los calmantes que te han puesto”, le tranquilizaba Josefa la noche del accidente

Juan Carretero, su marido, se quedó tetrapléjico con 54 años en un grave accidente de tráfico, al chocar su coche con una mula desbocada. Juan estuvo en silla de ruedas durante 12 años, que fueron muy duros para él y su familia. Intentó suicidarse dos veces. Se sentía un estorbo y le corroía la impotencia de ver cómo iban pasando los lustros y los juzgados que llevaban su caso no terminaban de dictar su indemnización. Los jueces, tras dos eternos pleitos,  fijaron finalmente la indemnización en 620.000 euros. Juan murió en julio del año pasado sin cobrar el dinero; y a día de hoy, casi 14 años después, su familia sigue luchando por conseguirlo.

Los juzgados que llevaron el caso de Juan Carretero, los de Utrera (Sevilla), tienen fama de estar colapsados. El Consejo del Poder Judicial ha tomado cartas en este asunto. Y en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS sostiene que el Estado debe indemnizar a esta familia. Entiende "injustificado y excesivo" que la justicia haya tardado tantos años, casi 12, en resolver un asunto tan sensible para un hombre postrado en una silla de ruedas y necesitado de múltiples y costosos cuidados. Este tipo de dolencias son las que más temen las aseguradoras. Las indemnizaciones suelen ser muy elevadas, puesto que son pacientes que no se valen por sí mismos y necesitan de por vida de al menos tres asistentes sanitarios.

Entrada la noche del domingo 29 de febrero de 2004, la vida de Juan cambió bruscamente. Una mula suelta se le cruzó de pronto en la carretera cuando circulaba en su Seat Ibiza desde su pueblo gaditano de Algodonales hacia Huelva para trabajar en la fresa. El animal murió en el acto y en su impacto sobre el vehículo fracturó la columna vertebral de Juan, que quedó postrado en una silla de ruedas. Ya en la UCI del hospital, con los huesos de la mandíbula destrozados, Juan notó que no sentía nada de pecho hacia abajo. “Será de los calmantes que te han puesto”, le tranquilizaba Josefa aquella noche a pie de cama. Fue la primera de otras muchas malas noticias que estaban por llegar. 

La Guardia Civil levantó un atestado y el asunto pasó a los juzgados. Fue una mula la que impactó sobre su coche, pero en realidad eran dos las mulas que esa noche trotaban juntas por uno de los carriles de la carretera de doble sentido que enlaza Utrera con Los Palacios (Sevilla). La otra mula no se separaba de la muerta, según contó a la Guardia Civil el primer conductor que llegó al lugar del siniestro: “Tuve que espantarla varias veces ante el peligro de otro accidente, pero el animal regresaba una y otra vez al lado de su compañera, tendida en la carretera”.

Un año tardó un juzgado en trasladar a otro que estaba a 50 metros las diligencias.  Y, además,  se equivocaron de papeles

Los dueños de los animales negaron ser los dueños y eso, además, lo complicó todo. Juan tuvo que enfrentarse a dos juicios. El primer juicio, celebrado en el Juzgado 1 de Utrera, tardó cuatro años en celebrarse. Y el segundo, en el número 3, casi ocho. El jugado 1 de Utrera calificó como una falta de imprudencia la irrupción de la mula en la carretera. Pero absolvió a los acusados, los dueños del animal. Cuatro años después del siniestro, entendió que no estaba acreditado que la mula muerta fuera de los acusados, ante la extrañeza de la Guardia Civil que levantó el atestado y que no mostró ninguna duda sobre la titularidad de los animales.

El abogado de Juan, Fernando Osuna, les pidió en ese juicio algo más de un millón de euros por la imprudencia de dejar sueltos a los animales. Y presentó un informe clínico donde detallaba los permanentes cuidados sanitarios que Juan necesitaba y que sólo realizaba Josefa. Con los 800 euros que tenían Juan de pensión no podía pagar a nadie para que le ayudase. "Todo era muy duro", recuerda Josefa. “Estaba obsesionado, si alguna vez venían a casa sus amigos para llevárselo a tomar algo en el bar, con que no se le notara el pañal. Le daba vergüenza”, cuenta Josefa. Ella tampoco estaba bien de salud, pero se aguantaba. Llegó a tener tres citas con el quirófano que aparcó para no separarse de su marido.

Juan se daba cuenta de todo. Una madrugada, cuando el reloj biológico de la rutina despertó a Josefa para una vez más cambiarle de postura, se encontró con un charco de sangre. Juan se había propinado cuchilladas en las piernas (no sentía dolor) para irse de este mundo “y no molestar más”, le decía a su mujer. “Me tenía que haber muerto ese día en el accidente”, solía repetirle. Dos veces intentó suicidarse mientras llegaban los juicios.

La familia vive en una modesta casa de protección oficial frente al ambulatorio de Algodonales, municipio de 5.600 habitantes al norte de la sierra de Grazalema, muy frecuentado por aficionados al ala delta. La casa, de protección oficial, necesitaba reformas para adaptarla a las necesidades de Juan. A pesar de que el juez penal había absuelto a los acusados, la compañía aseguradora de las mulas llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia y le abonó 90.000 euros, límite del seguro de los animales. La familia utilizó ese dinero (que es distinto de los 620.000 euros que más tarde fijaron otros jueces como indemnización), en ampliar un baño y habilitar para Juan una habitación en la planta baja de la casa. También compró un furgón para los continuos desplazamientos médicos. El dinero se gastó rápido.

Uno de los dueños de la mula ha fingido su divorcio y una deuda con su esposa para que no le puedan embargar la casa, según explica Fernando Osuna, abogado de la familia

Aunque el juez del número 1 había absuelto a los dueños de las mulas, la familia siguió pleiteando y llevó el asunto a la vía civil. Esta vez el caso cayó en el juzgado 3 de Utrera. Pero pasarían otros siete años antes de que llegase la sentencia definitiva dándole la razón a Juan y condenado a los dueños de la mula a pagarle una indemnización de 620.000 euros. Es decir, mientras el juzgado 1, en la vía penal, absolvió a los dueños de las mulas al entender que no había pruebas de que fueran los dueños, el número 3, en la vía civil, entendió todo lo contrario.

El Poder Judicial describe en su informe, con fechas, las enormes dilaciones que sufrió el caso de Juan Carretero hasta que obtuvo una sentencia firme en la Audiencia de Sevilla en septiembre de 2015. Por ejemplo, solo en mover un papel del juzgado número 1 al 3 de Utrera (los dos órgano judiciales que han llevado este asunto, y que están al lado uno del otro) se tardó un año; y cuando llegó por fin el papel, el juez que iba a celebrar el juicio los pospuso porque el papel se refería a un caso sobre una agresión sexual que nada tenía que ver con Juan. Otros ocho meses de retraso.

En ordenar la ejecución de la sentencia para el pago de los 620.000 euros, el juzgado 3 necesito otros siete meses. Cada paso eran meses y hasta años. Como los dueños de las mulas no pagaban,  el juzgado dispuso el embargo de sus propiedades. Pero ya era tarde. Según el abogado Fernando Osuna, “uno de los dueños, el que más medios tiene, ha fingido a última hora un divorcio con su mujer y simulado una deuda con ella para cederle la totalidad de la casa familiar para evitar que le embarguen la mitad de su casa; y luego se ha declarado insolvente”. Osuna ha pedido a los jueces que anulen esa operación por fraudulenta, y no descarta una denuncia por alzamiento de bienes.

Sin comentarios

Juan Dionisio Curado, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 3 de Utrera, se negó a hablar sobre este asunto. Únicamente  aludió al colapso que sufren los cuatro juzgados de Utrera por la carga de trabajo que soporta el partido judicial, pero en cuanto este periódico le preguntó cómo era posible que un caso de este tipo tardase casi 12 años en resolverse, cortó la comunicación.

La finca de la que se escaparon las mulas es del padre, que ahora tiene 90 años, de uno de los condenados. Cada varios meses, el abogado Osuna acude al registro de la propiedad. Quiere que sea trabada judicialmente la finca en cuanto los dueños de las mulas la reciban en herencia y antes de que se deshagan de ella. Pero hay de estar ojo avizor, confiesa Osuna. Este periódico visitó la céntrica y acomodada casa que uno de los condenados (que rehusó hablar con EL PAÍS de este asunto) posee en el municipio de Los Palacios y que ha cedido a su exesposa. Los 620.000 euros de indemnización siguen, pues, en el aire. Como la "casita de planta baja y con un pequeño jardín" que en vida soñó Juan que compraría si le pagaban su indemnización, cuenta su viuda, Josefa.

Las contradicciones de los dueños de las mulas

"Divorcio dudoso"

Las diligencias sobre el accidente que dejó a Juan Carretero en silla de ruedas  muestran las contradicciones en que incurrieron los dueños de la mula que provocó el siniestro.

Fueron dos mulas las que se escaparon de una finca cercana a la carretera que une las localidades sevillanas de Utrera y Los Palacios. La primera persona que llegó al lugar del accidente fue un conductor que, de pronto, al poner la luz larga, vio las cabezas de dos mulas trotando por su mismo carril. Y fue quien instantes después vio en sentido contrario el vehículo de Juan con las luces, y como una de las mulas cambió repentinamente de carril y se estampó sobre el Seat Ibiza de Juan, que circulaba a unos 70 kilómetros por hora.

Este conductor y testigo era Fernando Reyes. Al ser interrogado por la Guardia Civil describió que, justo tras el siniestro, aparecieron en el lugar dos mujeres y una furgoneta blanca que se detuvo en el arcén. Dentro, al volante, había un hombre que no llegó a apearse. Lo primero que hizo Reyes fue avisar a emergencias, puesto que vio a Juan inconsciente dentro del coche, atrapado. Reyes indicó que una de las mujeres se puso a llorar diciendo que “la mula era suya”, a lo que Fernando le espetó: "Pues le han buscado la ruina a este hombre…”, les comentó señalando al coche siniestrado.

Reyes pidió ayuda al conductor de la furgoneta blanca, en concreto un triángulo de señalización de peligro por si llegaban otros coches. "No llevo aquí, voy a por él y vengo enseguida", aseguró el testigo a la Guardia Civil que le dijo el hombre de la furgoneta. Nunca regresó. Según señaló el abogado de Juan en sus recursos, esa persona era Manuel Acosta, uno de los dueños de las mulas; el otro propietario de los animales que a la postre también fue condenado a pagar los 620.000 euros de indemnización era su cuñado Manuel Galán.

La finca era del suegro de ambos, pero las mulas las cuidaban entre los dos y muchas veces las alquilaban para las carretas del Rocío. Reyes contó que, entre la penumbra de la noche, perdió de vista a las mujeres, una mayor y otra más joven. Y que rápido también se fue de allí la furgoneta (no sabe si se subieron en ella las mujeres). El testigo se quedó solo en el lugar esperando los triángulos que nunca llegaron.

La estrategia de los dueños de la mula ante el juzgado 1 de Utrera, el que luego les absolvió, fue negar que ellos fuesen los titulares de los animales. Y, además, esgrimieron en su defensa una denuncia, que pusieron al día siguiente del accidente, diciendo que les habían desaparecido dos mulas de la finca, pero que ninguna de ellas era la que estaba muerta sobre el asfalto

Dijeron que alguien había entrado a robar en la finca y que les rompieron varios candados, lo que aprovecharon las mulas para escaparse. Aseguraron que la otra mula la hallaron al día siguiente de desaparecer atada a un árbol. La Guardia Civil no creyó su testimonio y elaboró un atestado evidenciando la retahíla de mentiras y contradicciones en que incurrieron durante los interrogatorios. Nunca mostraron ningún candado roto, y al ser preguntados sí tenían una furgoneta blanca, uno de ellos dijo que no, y, ante la insistencia de los agentes, señalaron que podía ser de unos albañiles que habían hecho obras en la finca.

“¿Y cómo se llaman esos albañiles, dónde viven?”, preguntaron los agentes. Dijeron que no conocían sus nombres ni donde vivían. Los agentes descubrieron luego que el suegro de uno de ellos sí tenía una furgoneta blanca igual a la que describió el testigo del accidente. Y también que el cerramiento de la finca estaba en mal estado y tenía huecos por donde pudieron huir los animales.

La estrategia, no obstante, les sirvió para que el juzgado 1 de Utrera les absolviera en la vía penal por falta de pruebas. Y también que Juan tuviera que esperar otros siete años hasta que otro juzgado, el número 3, desmontara toda la estrategia y les condenara a pagar a Juan Carretero una indemnización de 620.000 euros que ni él, ya fallecido, ni su familia han podido cobrar aún.