La fiscalía mantiene casi íntegras las peticiones de penas en el ‘caso Gürtel’
El ministerio público rebaja de 42 a 39 años el tiempo de prisión que solicita para el extesorero del PP Luis Bárcenas
La Fiscalía Anticorrupción confirmó este lunes su tesis de que el PP se financió con 245.000 euros en dinero b aportado por las empresas de la trama Gürtel. El ministerio público presentó sus conclusiones definitivas en el juicio de la pieza central de la red corrupta, que se inició hace un año en la Audiencia Nacional. La fiscal Concepción Sabadell mantuvo casi inalterado su escrito de acusación inicial: apenas si retiró un delito fiscal al extesorero del PP Luis Bárcenas, con lo que su petición de pena se rebaja de 42 a 39 años de cárcel. Para el líder de la trama, Francisco Correa, sigue pidiendo 125 años de prisión.
El juicio central del caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al Partido Popular que se destapó en febrero de 2009, encara sus jornadas finales, tras más de 100 sesiones que se iniciaron el 4 de octubre de 2016. Este lunes, las acusaciones presentaron sus conclusiones definitivas, un trámite en el que se confirman o se modifican las peticiones de condena que formularon antes del juicio en función de lo manifestado durante el proceso por los acusados, los testigos y los peritos, así como de las pruebas presentadas en la vista oral.
La fiscal Concepción Sabadell solo introdujo leves matices en su escrito acusatorio. La modificación más relevante es, quizá, la retirada de uno de los ocho delitos contra la Hacienda Pública que atribuye al extesorero del PP Luis Bárcenas, concretamente el que se refiere a su declaración del impuesto sobre la renta del año 2009. Esta decisión supone rebajar de 42 a 39 años la petición de cárcel para el antiguo responsable de las finanzas del PP.
La estrategia de Bárcenas de echarse a las espaldas toda la responsabilidad sobre las decisiones económicas de su familia para librar de culpa a su esposa, Rosalía Iglesias, obtuvo cierto éxito. La fiscal Sabadell mantuvo las acusaciones contra Iglesias como autora de delitos fiscales, pero abrió la puerta a que el tribunal aprecie, como posible alternativa, que la mujer de Bárcenas fuera en realidad cooperadora necesaria de los delitos de su esposo. Eso sí, si se considera esta opción, Bárcenas debería responder de las cuotas tributarias supuestamente defraudadas por su esposa.
En total, la fiscal acusa al matrimonio de haber evadido en torno a 11 millones de euros. Bárcenas, según el escrito, se enriqueció “de modo ilícito” intermediando en adjudicaciones públicas y apropiándose de fondos del PP. Este dinero lo ocultó a través de un entramado financiero en Suiza que regularizó mediante negocios ficticios como compraventa de obras de arte y trabajos de asesoramiento y que destinó a una serie de pagos opacos al fisco por valor total de al menos 533.467 euros entre 2002 y 2010, según la fiscal.
A la hora de calcular las cuotas tributarias supuestamente defraudadas por Luis Bárcenas, la fiscalía tiene en cuenta los documentos del extesorero hallados en febrero de 2016 por la Guardia Civil en el domicilio de Beltrán Gutiérrez Moliner, encargado de las cuentas del PP madrileño. En carpetas, archivadores e, incluso, una caja, los agentes localizaron cientos de facturas, recibos de pago y certificados de autenticidad de joyas a nombre del extesorero y su esposa. Estos elementos fueron incorporados a la vista oral una vez comenzada esta en octubre del año pasado.
Correa sigue igual
Quienes no se han visto en absoluto beneficiados por las rebajas son el supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, y exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, cuyas grabaciones aportadas a la Fiscalía sirvieron para apuntalar la acusación. En el caso de Correa, el ministerio público mantiene la petición de 125 años de cárcel por delitos de blanqueo, cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, entre otros.
La fiscal no ha considerado que la confesión que realizó Correa en las jornadas iniciales de la vista oral sea merecedora de ninguna atenuante. Correa se presentó a sí mismo como cerebro de todo su grupo de empresas y contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas lo introdujo en el partido y ha reconocido que cobraba mordidas a cambio de intermediar en contratos públicos. Sin embargo, después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le citara para que ampliara esta confesión, Correa, ya en prisión tras ser condenado por la trama valenciana de Gürtel, se cerró en banda.
Otra modificación sustancial que la fiscal Sabadell incorpora a su escrito de conclusiones tiene que ver con el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López-Viejo, quien al inicio del juicio, en octubre de 2016, confesó como ciertos los delitos de los que le acusaba el ministerio público.
Con esta confesión, López-Viejo ha logrado que se le retire un delito contra la Hacienda Pública del año 2008 y la posibilidad de que el tribunal pueda apreciar delitos de fraude y exacciones ilegales donde la fiscalía la acusaba por malversación, que es un tipo penal más grave. Al exconsejero de Esperanza Aguirre se le solicitaban inicialmente 46 años de prisión.
La acusación contra Ana Mato se mantiene
En su escrito de conclusiones definitivas, la fiscal Concepción Sabadell mantiene la acusación contra la exministra de Sanidad Ana Mato como supuesta partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel. Según el ministerio público, la exministra se benefició, a través del que fue su esposo, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), de regalos y viajes para su familia por valor de 28.000 euros entre 2000 y 2005. Mato dimitió en noviembre de 2014 después de que esta acusación deviniera firme.
La figura de “partícipe a título lucrativo”, prevista en el Código Penal, se aplica a aquellas personas que se benefician de los frutos de un delito sin tener conocimiento de que estos tienen origen ilícito. Al contrario que su exmarido, Mato no está imputada por ningún delito, pero su conducta será analizada en por el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado.
Mato declaró en el juicio el pasado febrero. Según su relato, “nunca” pensó que estos gastos familiares fueran pagados como regalo “por un tercero”; en este caso, el cabecilla confeso de la trama, Francisco Correa. En cualquier caso, si hubo tales pagos, los regalos se los hicieron a Sepúlveda y no a ella, aseguró.
Según Mato, todos los gastos de la familia, durante el matrimonio con Sepúlveda, se dividían entre los dos cónyuges y cada uno se responsabilizaba de su abono sin dar cuentas al otro miembro de la pareja. Entre los gastos supuestamente abonados por Gürtel figuran fiestas de cumpleaños, comuniones y viajes a Eurodisney.
En caso de que Sepúlveda fuera condenado por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude que le imputa el juez Ruz, Ana Mato debería devolver a las arcas del Ayuntamiento de Pozuelo la cantidad económica de la que se benefició. La exministra ya ha depositado esa cantidad después de que el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, le impusiera una fianza por esa cantidad.
La acusación de partícipe a título lucrativo se extiende en este juicio al PP como persona jurídica. La Fiscalía mantiene en sus conclusiones definitivas que la formación conservadora se benefició de 245.000 euros que la red Gürtel aportó para las campañas de las elecciones municipales de 2007 en Pozuelo y Majadahonda. En aquellas convocatorias electorales, las listas del PP iban encabezadas por Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega.
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