Sanidad acuerda con las comunidades ampliar el tratamiento de la hepatitis C

Siete meses después de su toma de posesión como ministra de Sanidad, Dolors Montserrat se ha enfrentado este miércoles a su primer consejo interterritorial, el foro de más alto nivel en materia sanitaria que reúne a los consejeros de todas las comunidades con el Ministerio. Es aquí donde se deciden las líneas maestras de la política sanitaria en España, y por eso, y porque hacía más de un año que no se convocaba, la cita venía precedida de gran expectación. Una de las primeras decisiones salidas de ese foro es la de extender el tratamiento de la hepatitis C a todos los afectados, incluso los que se encuentran en el estadio más leve de la enfermedad.

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El objetivo del acuerdo es, en primer lugar, tratar de acabar con la desigualdad actual. Acceder al tratamiento contra la hepatitis C depende de la comunidad autónoma en la que resida el enfermo. Dos de ellas, Madrid y Valencia, ya están tratando a todas las personas que tienen el virus, independientemente de su gravedad. Es decir, se han adelantado a las indicaciones del plan estatal, que únicamente preveía medicar a los enfermos más graves (los que se encuentran en los estadios F2, F3 y F4). "Actualmente más del 24% de los pacientes con antivirales nuevos en Madrid son F0 y F1", asegura un portavoz de la Consejería madrileña.

El acuerdo es en realidad solo una actualización del plan estatal que presentó el anterior ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, pero significa que a partir de ahora todas las comunidades van a verse de algún modo comprometidas a imitar a Madrid y Valencia. Ni el acuerdo ni el plan incluyen un fondo estatal con el que las comunidades puedan hacer frente al importante gasto que suponen los nuevos fármacos contra la hepatitis C, una combinación de antivirales que llegó a costar varias decenas de miles de euros por paciente —el Ministerio nunca divulgó el precio que pactó con las farmacéuticas— y que ahora ronda los 10.000 euros.

Comunidades como Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha celebraron la ampliación del plan, pero pidieron financiación específica para hacer posible el acceso de todos los afectados. También lo hicieron en 2015, pero nunca se puso en marcha. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, criticó “la contradicción” entre los ministerios de Hacienda y Sanidad, ya que por un lado el Gobierno pide que se amplíe el tratamiento sin destinar financiación específica, y por otro se exige a las comunidades que cumplan los objetivos de déficit.

El precio de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C ha marcado las discusiones en política sanitaria en los últimos tres años. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a atribuir a esta medicación parte del incremento del déficit del Estado, que cerró 2015 con una desviación al alza de 0,8 puntos del PIB (unos 8.000 millones de euros). Montoro dijo que 1.090 millones correspondían a atender a las personas con hepatitis C.

Los expertos defienden que hacer ese gasto ahora es coste-efectivo, es decir, rentable, porque evita que el virus progrese hacia cirrosis o carcinoma. Un trasplante de hígado le cuesta al sistema 120.000 euros, de media, y el tratamiento de un paciente cirrótico descompensado equivale a 30.000 euros anuales, según explicó a EL PAÍS el especialista Ramón Planas. Tratando a los pacientes cuanto antes se evita que empeoren y acaben costando más dinero al sistema. Por no hablar del sufrimiento que se les evita a ellos y a sus familias.

Según datos del Ministerio de Sanidad, los enfermos tratados en España con los nuevos fármacos antivirales (mucho más eficaces que los anteriores y sin apenas efectos secundarios) son ya 76.000.

Varios miembros de la Plataforma Nacional de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) se manifestaron este miércoles, antes de que empezara el interterritorial, ante el Ministerio de Sanidad para pedir que el Gobierno negocie con las farmacéuticas una bajada "drástica" de los precios del tratamiento de la hepatitis C. Damián Caballero, su portavoz, señaló que con los precios actuales "no se puede aguantar de ninguna manera que el Sistema Nacional de Salud siga sobreviviendo, ya que por cada enfermo tratado se ha gastado una media de 27.000 euros", según recoge Europa Press.

La lucha por el acceso a los tratamientos contra la hepatitis C ha llegado en Galicia a los tribunales. Allí dos cargos sanitarios del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo han sido imputados por prevaricación administrativa por retrasar y negar estos costosos fármacos a enfermos gallegos de hepatitis C, algunos de los cuales fallecieron antes de recibirlos. El caso se encuentra en instrucción.

Paciente en tratamiento: "Es como sacar de mi cuerpo a un enemigo"

Después de años pendiente de la amenaza latente de la hepatitis C, Ángeles Fernández, funcionaria jubilada de 64 años, puede por fin permitirse ver la luz al final del túnel. “Me siento como si sacara de mi cuerpo a un enemigo”, dice acerca del tratamiento que toma desde hace un mes. Su caso ejemplifica la flagrante inequidad del sistema sanitario español, en el que, dependiendo de la comunidad de residencia, un paciente recibe, o no, la medicación más avanzada contra la hepatitis C. En Madrid, ella ha podido acceder pese a estar en un estadio leve de la enfermedad.

“Me preocupa que la universalización del acceso se encuentre después con falta de financiación y siga la inequidad. Ya sucedió con el plan anterior, cuando quien tenía dinero y voluntad política daba el fármaco y quien no, no”, señala. Fernández, que es vicepresidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), participó en el encierro de 94 días en el que los afectados pidieron en 2015 tratamiento para todos: “Allí vi tantas penalidades que lo mío no parecía importante. Pero ya me ha llegado. Y es un alivio”.