“La idea es que el cannabis tenga una regulación parecida al alcohol o el tabaco”

"Nuestra idea es que el cannabis, a medio plazo, tenga un marco de regulación parecido al del alcohol o el tabaco". Con esta declaración de intenciones, el Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA) ha presentado este martes una nueva propuesta para legalizar la venta y distribución de esta droga. En un amplio texto, prologado por Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y exministro de Educación, la plataforma considera que "ha llegado la hora" de reabrir en España un debate que responda a una "demanda social". "Las políticas de prohibición penal han fracasado. Y, además, han tenido efectos perversos de todo tipo: marginación de los consumidores, situaciones de violencia, corrupción", ha subrayado Oriol Romaní, catedrático de la Rovira i Virgili de Tarragona y componente de este grupo de trabajo de doce personas, formado por profesores de univerdad, juristas y Eusebio Megías Valenzuela, director general del Plan Nacional sobre Drogas en la década de los noventa.

"La regulación del uso del cannabis es la primera etapa en la buena dirección para el adecuado enfoque y elaboración de pautas y condicionamientos, y autorización o alerta y prohibición de otras drogas. Una a una. Caso a caso. De tal manera que se logre pasar de las directrices punitivas actuales a las que orientan, advierten, ilustran", escribe Mayor Zaragoza en el prólogo de este documento, donde se propone un modelo legal de acceso al cannabis a través de tres vías: de un mercado regulado, de asociaciones y del autocultivo. "Nada hay más peligroso que un mercado descontrolado, como es el mercado ilegal", apunta Juan Muñoz, catedrático de la Universidad de Málaga y miembro de GEPCA. "Corresponde a los científicos, considerar todos los aspectos y dimensiones del consumo de marihuana, para asegurar un uso adecuado y supervisado. Solo así, se logrará que los traficantes dejen de serlo y que los paraísos fiscales dejen de colmarse con los desorbitados fondos que proceden de una de las actividades que más dolor, abatimiento y desolación humana proporcionan", remachaza Zaragoza.

El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en España. Un 9,5% de los ciudadanos la ha probado en los últimos 12 meses, según las cifras de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España. Un porcentaje que se sitúa muy por debajo del alcohol (77,2%), el tabaco (40%) y los hipnosedantes (12%). "El consumo habitual del cannabis provoca una serie de daños orgánicos y psicológicos: favorece enfermedades como la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar o el cáncer de pulmón; taquicardia; y existen datos que indican que podría haber un aumento de la incidencia de depresiones y psicosis", advierte el Ministerio de Sanidad en el Plan Nacional sobre Drogas, donde destaca "el impacto psicológico" en los jóvenes: "Provoca dificultades para estudiar. Puede causar reacciones agudas de ansiedad y, en personas con predisposición a padecer trastornos mentales, puede provocar su aparición".

El debate sobre la legalización del cannabis no es nuevo. En 2010, un grupo de expresidentes de diferentes países del mundo —como Felipe Gónzalez (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia)— pidieron públicamente la despenalización de la posesión de marihuana para uso personal y abogaron por un "cambio de estrategia" en la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, el escenario ha cambiado mucho. Solo en 2017, Argentina ha aprobado su uso medicinal, el Congreso holandés ha dado luz verde a un proyecto de ley destinado a regular su cultivo, Israel planea despenalizar su consumo y el Parlamento español estudiará permitir a los médicos que lo receten con fines terapéuticos.

El GEPCA admite en su propuesta los riesgos que entraña el consumo de cannabis: "Pero, precisamente por ello, debe ser regulado". "El objetivo del control social [de esta sustancia] no ha de ser impedir su consumo, sino conseguir formas de gestión que minimicen los daños potenciales", argumento Muñoz. Esta plataforma propone en el escrito presentado este jueves, al que se han adherido ya asociaciones cannábicas —clubes alegales—, que su acceso se limita a mayores de edad; y que se apueste por la educación y el control fiscal y administrativo como método para conjugar las "libertades personales" y la protección de los grupos más vulnerables. "Distingamos de manera coherente entre el usuario y el adicto", añade Mayor Zaragoza en el prólogo.