La isla a la que prohíben crecer

Carlos Iglesias es el segundo alcalde socialista de la historia de A Illa de Arousa, el único Ayuntamiento insular de Galicia y el último que proclamó su independencia cuando se desconectó de Vilanova de Arousa, el pueblo natal de Valle Inclán, hace ahora 30 años. El regidor todavía no da crédito a los últimos dictámenes de los tribunales que han dejado a este archipiélago de 5.000 habitantes, y con una densidad demográfica de las más elevadas, sin suelo urbanizable para poder crecer.

El plan urbanístico municipal aprobado en 2002, extremadamente guardián en términos medioambientales, contempló, para este territorio de siete kilómetros cuadrados, unas previsiones de crecimiento con las que apenas iba a superar los 15.000 vecinos. Con la posterior aprobación de la Xunta de Galicia del Plan del Litoral (POL), el archipiélago pasó de tener 102 hectáreas de futuro suelo urbano consolidado a perder de golpe 32 de ellas, y dejando al Ayuntamiento sin competencias en urbanismo.

“La presión demográfica ya es insoportable porque toda la población se concentra en medio kilómetro cuadrado y la mayoría del terreno ya está construido”, sostiene Iglesias. “Nos han dejado sin expectativas urbanísticas y sin poder cumplir las cortas previsiones que teníamos, precisamente para protegernos de la especulación del ladrillo, y ahora, nos imponen otras normas aún más restrictivas que no tienen ni pies ni cabeza”, apostilla el alcalde.

La pelea por recuperar la pérdida del suelo edificable se debatió sin éxito por la vía del contencioso administrativo y el Ayuntamiento acabó recurriendo al Tribunal Supremo que desestimó sus argumentos contra las sentencias favorables a Costas del Estado y la Xunta. A Illa se ha quedado sin armamento jurídico, y los propietarios de los terrenos de los seis núcleos de población en litigio, en tierra prohibida.

El regidor despliega sobre su mesa mapas y documentos fotográficos, parte de la artillería que han empleado para que estos vecinos puedan construir sus casas, parcelas pequeñas y heredadas de sus antepasados que en su mayoría están cerca de otros núcleos con servicios de agua, luz, saneamiento y acceso rodado. “Tutelar un territorio que nunca vieron delante es algo inadmisible”, proclama Iglesias. Para él esta situación tiene un componente político y cree que la única baza que les queda es invitar a responsables de Costas que legislan desde Madrid a que comprueben que la petición de los vecinos no es en absoluto descabellada.

“Los invitamos a que vengan aquí, que comprueben sobre el terreno lo que hemos reclamado en los tribunales, porque no pueden meter a esta isla en el mismo saco que al resto, por eso llevamos tantos años pidiendo la declaración de singularidad del territorio, pero no hay forma. Estamos rodeados de agua por todas partes y ahogados por las leyes”, explica el alcalde.

“No sirve para nada lo que se diseñó con los gobiernos de Aznar a partir del 1996 y nosotros nos amparamos en aquellos parámetros, pero de golpe y porrazo nos cambian el plan general de hace 15 años y prohibirnos que tengamos pisos y no casas donde poder guardar los aperos de trabajo...”, incide Iglesias.

A Illa es uno de los pocos ayuntamientos costeros que ha eliminado los vertidos al mar y la calidad del agua de sus playas es excelente. “Nos sentimos completamente agraviados respecto a la Empuriabrava (Girona) donde su línea de costas está en la lámina de agua para que los grandes multimillonarios rusos pueden entrar en sus mansiones con su lancha y aquí coartan nuestro crecimiento”, lamenta el alcalde.