Interior ordena investigar cualquier filtración “de imágenes o datos” de detenidos

No es la primera vez que la Dirección General de la Policía emite una orden interna sobre el uso que los agentes hacen de sus redes sociales, pero sí lo es que se ordene abrir investigaciones ante “la difusión por funcionarios policiales, a nivel particular, de imágenes o datos recogidos durante el servicio” y que “puedan lesionar los derechos de imagen y protección de datos de los ciudadanos”. El director Adjunto Operativo, el comisario Florentino Villabona, dictó el pasado 20 de abril una nota interna de siete folios en la que da “instrucciones” a los responsables de las comisarías generales y las jefaturas Superiores de Policía para que tomen medidas que “sirvan de motivación” para que dichos agentes “enmienden en su proceder, o bien, sean corregidos disciplinariamente”. Sindicatos de la Policía critican la medida al considerar que constituye un paso más del Ministerio del Interior para impedir sus denuncias.

Más información

Cuando la policía es la investigada

Interior sanciona a dos policías por desatender a un turista que se suicidó en una celda

El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que se ha tomado esta decisión tras observar que “por miembros de la Policía Nacional, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación, se viene difundiendo información sobre intervenciones y actuaciones policiales en las que se muestran imágenes de personas afectadas o involucradas en las mismas, con diferente y diversa trascendencia y protagonismo”. El comisario Villabona recuerda que la Constitución y otros textos legales protegen “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, y que “todo acto de captación, reproducción o publicación” de éstas “supone una vulneración o ataque al derecho fundamental”.

En este sentido, el máximo responsable policial recuerda que el uso que los agentes hagan de las redes sociales “va más allá del concepto de lo ‘doméstico o exclusivamente personal’ pues los datos se difunden por Internet y están accesibles a un grupo indeterminado de personas, que por su cantidad excede del ámbito de los doméstico, ya que muchos de esos ‘amigos’ ni siquiera se conocen personalmente”. En este sentido, recuerda que los policías deben “guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones” y que, entre éstas, se encuentran precisamente “los datos personales de los ciudadanos, sin que pueda utilizarlos o difundirlos fuera del marco establecido legalmente”. Hacerlo, recalca, está castigado por el Régimen disciplinario de la policía como falta grave o leve “según perjudiquen o no el desarrollo de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica”.

Por ello, el comisario Villabona propone “corregir” dichas actuaciones con cuatro medidas en las que recuerda que sólo los equipos de prensa de la propia Dirección General de la Policía están autorizados a difundir “imágenes obtenidas durante el ejercicio propio de la función policial o con ocasión de aquella”. Por ello, ordena a los responsables de todas las unidades a abrir una “investigación […] para depurar responsabilidades disciplinarias” si detectan “la difusión por funcionarios policiales, a nivel particular, de imágenes o datos recogidos durante el servicio o con ocasión de aquel, que pueda lesionar los derechos de imagen y protección de datos de los ciudadanos”.

La instrucción del número dos de la Policía ha sido mal acogida por los representantes de los agentes. Fuentes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario en la institución, denuncian la misma como una maniobra de Interior “para coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad sindical”. Estas mismas fuentes recuerdas que esta misma semana dos de sus dirigentes han tenido que declarar ante el régimen disciplinario por unas declaraciones públicas. “Quieren ahogarnos, encorsetarnos, cuando los sindicatos sólo acuden a los medios de comunicación cuando se cierran los conductos internos para denunciar”, añaden. Más cauto se muestran desde la Confederación Española de Policía (CEP), uno de cuyos dirigentes aplaude las medidas que “buscan reforzar el secreto, la confidencialidad y la protección de datos”, pero también advierten que “si intentan con ello ponernos trabas en nuestra labor, nos van a tener enfrente”.