Urdangarin no irá por ahora a la cárcel y podrá vivir en Suiza
El tribunal solo le impone una comparecencia mensual y la obligación de comunicar cualquier desplazamiento fuera de Europa
La sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado este jueves dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin y que comparezca el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de Suiza, el país en el que reside actualmente. El esposo de la infanta Cristina podrá esperar en libertad el fallo definitivo del caso Nóos, aunque tendrá que comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europa y un posible cambio de residencia, incluso temporal. La sala también ha acordado retirarle el pasaporte a Diego Torres, quien no podrá salir de España; además, deberá comparecer el día 1 de cada mes en el juzgado más cercano a su domicilio y comunicar cualquier cambio de residencia.
En el auto de medidas cautelares, contra el que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, las magistradas consideran que ambos acusados "disponen de arraigo suficiente" en España por su situación familiar, social y laboral. Además, hacen especial mención a la situación de Urdangarin, "cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de un pormenorizado análisis". Las juezas señalan que, hasta el momento, la conducta de los acusados permite la adopción de medidas cautelares "menos gravosas" que las solicitadas por la fiscalía, que en la vista celebrada este jueves había pedido prisión bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 para Torres.
El esposo de la Infanta ha abandonado la Audiencia de Palma minutos después de conocer el dictamen de las magistradas. Lo ha hecho solo, entre los gritos y abucheos de casi un centenar de vecinos que se han congregado a las puertas de la sede judicial. El exduque se ha subido en la parte trasera de un coche, previsiblemente con rumbo al aeropuerto para volver a su residencia de Ginebra, donde podrá esperar el fallo definitivo del Tribunal Supremo.
El fiscal Pedro Horrach había solicitado la prisión eludible bajo fianza alegando la gravedad de las penas, las características del delito y que los hechos delictivos habían quedado demostrados en la sentencia. La fiscalía también había argumentado que el riesgo de fuga quedaba mitigado por el hecho de que el esposo de la Infanta cuenta con escolta policial. Sobre las diferencias de fianza entre los dos acusados, fuentes del ministerio público han alegado que son proporcionales a la capacidad económica de cada uno.
Sin embargo, las defensas de Urdangarin y Torres rechazaron la imposición de estas restricciones y argumentaron que no existía riesgo de fuga, que ambos condenados habían estado siempre a disposición del tribunal y que las penas por cada delito de forma individual eran menores. El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha esgrimido también la poca capacidad económica de su cliente que según ha dicho, no tiene ocupación laboral. Urdangarin y Torres solo hicieron uso de su turno para hacer suyas las palabras de sus abogados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
En la vista de esta mañana también han estado presentes los representantes de la Abogacía del Estado y de la Comunidad Autónoma de Baleares, que se adhirieron a la petición de la fiscalía. La Abogacía del Estado pidió medidas reales como la retención de ingresos o el embargo de sus ganancias.
La vista se desarrolló con la ausencia de un letrado de la acusación popular ejercida por el pseudosindicato Manos Limpias, cuya representante legal, Virginia López Negrete, anunció el miércoles que dejaba de actuar en nombre de la organización. La letrada comunicó, mediante un escrito remitido a la sección primera de la Audiencia Provincial, que dejaba la representación jurídica de Manos Limpias por la "absoluta falta de confianza" con su cliente y la existencia de "intereses totalmente contrapuestos".
La comparecencia celebrada en la sede del tribunal balear se ha realizado a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación que no han podido acceder al interior del recinto de la Audiencia Provincial. En la calle en la que se sitúa el edificio se ha desplegado un amplio dispositivo policial para contener a los curiosos que se han acercado al lugar y evitar la entrada de periodistas al recinto.
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