El caso del presidente de Murcia deja en evidencia el pacto Rajoy-Rivera
El PP defiende la continuidad de Pedro Antonio Sánchez tras su imputación
El PP demostró ayer la fragilidad de su pacto con Ciudadanos al defender la continuidad de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia tras su imputación en el caso Auditorio. El acuerdo que une a ambos partidos recoge la expulsión inmediata de los cargos que adquiera la condición de investigados. Sin embargo, Noelia Arroyo, portavoz del Gobierno murciano, especificó ayer que Sánchez solo dimitirá si se le abre juicio oral. Además, el presidente Mariano Rajoy y Rafael Catalá, ministro de Justicia, pidieron “prudencia”. Ciudadanos solicitó una reunión con Sánchez, no aclaró si participaría en una moción de censura para reemplazarle y tampoco explicó cómo castigaría el incumplimiento del pacto.
El PP y Ciudadanos han rubricado cuatro pactos autonómicos —Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla-León— y uno nacional en los que se especifica un compromiso tajante: “Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política”. Sin embargo, el lunes Rajoy pidió “prudencia”,defendió la presunción de inocencia del presidente de Murcia y le apoyó públicamente. Ayer, los principales portavoces del partido replicaron el mensaje del presidente.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró que “no es el momento de exigir responsabilidades políticas” a Sánchez. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, rechazó que el presidente murciano esté siendo investigado por delitos de corrupción: “No es lo mismo meter la pata que la mano”. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, pidió a Ciudadanos que parara de “dar vueltas de tuerca buscando un titular” y exigió que se dejara explicarse ante el tribunal “al pobre hombre” —en alusión al presidente murciano, que declarará el 6 de marzo— .
Finalmente, la portavoz del Gobierno autónomo, Noelia Arroyo, especificó que Sánchez solo dimitirá si se le abre juicio oral, como fijan los estatutos del PP, que ponen la “línea roja” en un momento procesal posterior al de la imputación. En consecuencia, el Gobierno y el PP dejaron claro que no se sienten vinculados por el acuerdo firmado con Rivera.
Nada reflejó mejor la tensión entre los dos partidos que la sesión plenaria de ayer en el Congreso, en la que el líder de Ciudadanos defendió una proposición de ley contra la corrupción.
El líder del PP: “Yo cuando me comprometo a algo, lo cumplo”
"Yo, normalmente cuando me comprometo a algo, lo cumplo", contestó, visiblemente molesto, Mariano Rajoy el pasado agosto, cuando se le preguntó, nada más firmar el acuerdo con Ciudadanos, si se comprometía a asumir sin matices sus seis condiciones. Seis meses después, ha habido ya importantes rebajas en forma de reinterpretaciones. De hecho, el PP no ha incluido en sus nuevos estatutos las medidas a las que se comprometió con Albert Rivera.
Una de ellas limita los mandatos a ocho años o dos legislaturas. Pero el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, declaró el pasado enero que veía a Rajoy "gobernando 12 años" y el partido sostiene que esa medida no afectaría al actual líder del PP porque no puede aplicarse "con carácter retroactivo".
La revisión de la amnistía fiscal también ha sido interpretada por ambas partes de forma distinta desde la firma del acuerdo. El PP se ha opuesto a las iniciativas legislativas para eliminar los aforamientos.
-“Van a uno [imputado] por semana. En la última semana, una consejera de la Comunidad Valenciana, en el caso Nóos, condenada; Jaume Matas, presidente autonómico, condenado; imputado el presidente de Murcia hace pocas horas...,” dijo Rivera.
-“¡Acusado!”, le interrumpió un grito desde la bancada popular.
-“Sí, sí, ¡imputado el presidente de Murcia!”, protestó el líder de Ciudadanos.
Aunque los dos partidos intentan circunscribir la polémica al ámbito autonómico, la tensión amenaza con contaminar sus negociaciones a nivel nacional. Antes del final de esta semana, el PP contestará a la propuesta de Ciudadanos para limitar los mandatos presidenciales y acabar con los aforamientos políticos. No es la única medida anticorrupción recogida en el pacto para la investidura de Rajoy que está pendiente de ejecución: tampoco se ha empezado a negociar la constitución de una comisión que investigue la presunta financiación ilegal del PP, pese a que las dos partes se comprometieron a hacerlo antes de finales de febrero.
El retraso subraya lo mismo que el incumplimiento del acuerdo en Murcia. Tras investir a los candidatos del PP, Ciudadanos ha perdido su capacidad para presionar a la formación de Rajoy y solo cuenta con el desgaste que produzca en los populares que sus incumplimientos sean públicos.
Romper el pacto
“Lo razonable es que el partido que ganó las elecciones proponga a alguien que no esté imputado”, dijo ayer Rivera, que no aclaró si Ciudadanos participaría en una moción de censura en Murcia y se remitió a una futura reunión entre representantes autonómicos de las dos formaciones. “Sería un poco contradictorio que el PP no quisiera que gobierne el PP”.
El Partido Popular mantiene una relación de tira y afloja con Ciudadanos, desde la abstención del PSOE para investir a Rajoy. El partido en el Gobierno mantiene que su “socio preferente” es la formación de Rivera. Pero en la práctica busca sobre todo el apoyo del PSOE, especialmente en los Presupuestos, lo que ha motivado que el PP haya bajado varios decibelios sus críticas a los socialistas.
¿Se plantea Ciudadanos romper alguno de sus pactos? Como contestó en las últimas semanas un consejero de Rivera: “No hay nada que romper. Dimos nuestros votos para la investidura y ahora el PP tiene que cumplir”.
De Clavell a Barberá, una sucesión de polémicas
La imputación de Pedro Antonio Sánchez no ha sido la primera prueba de fuego para el pacto entre el PP y Ciudadanos. En agosto, durante la negociación del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, surgió una duda por el caso de Óscar Clavell, diputado popular imputado por malversación por el pago de 700.000 euros, en contra del criterio de los técnicos, a la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras de Vall de Uxó, donde era alcalde. En aquel momento, ambos partidos estuvieron de acuerdo en que no se trataba de corrupción, y la causa fue finalmente archivada.
En el caso de Rita Barberá, el PP forzó su baja en el partido antes incluso de que fuera imputada. Su repentina muerte en Madrid, dos meses después, afectó mucho al partido, que a partir de ese momento le dedicó homenajes y defendió su inocencia. Los populares tienen ese antecedente, el de Barberá, muy presente, especialmente Rajoy. “Hay que darle una vuelta [al acuerdo con Ciudadanos]”, llegó a decir Rafael Hernando, portavoz parlamentario, tras el fallecimiento de la senadora por un infarto.
El espíritu del pacto, sin embargo, ya se ha aplicado en Murcia. Para facilitar las negociaciones para la investidura de Sánchez, dimitieron distintos cargos imputados del PP, entre ellos un consejero y el delegado del Gobierno.
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