El Supremo abre una causa contra el diputado de Podemos Cañamero
El Tribunal investiga si el sindicalista presionó a trabajadores para que fueran a la huelga en 2011
El Tribunal Supremo ha abierto este viernes un procedimiento contra el sindicalista y ahora diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, por supuestamente presionar a los trabajadores de la finca sevillana de La Rinconada para que fueran a la huelga. Los hechos, que ocurrieron en noviembre de 2011, eran investigados en la provincia andaluza, pero cuando Cañamero fue elegido diputado y, por lo tanto, aforado, el juzgado de Sevilla envió el caso al Supremo.
En la causa, seguida en Sevilla contra Cañamero —que entonces era el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)— y otras personas por los sucesos de la finca La Jarilla, se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral por parte del Juzgado Penal 4.
El auto del Supremo recuerda que, "según el escrito de calificación provisional formulado en su día por el Fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2011, Diego Cañamero Valle, en unión de otras personas y actuando en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga, se personaron en la finca La Jarilla".
La finca, situada en el término municipal de La Rinconada, está dedicada a la explotación de árboles frutales. "Una vez en el lugar, insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta", detalla el escrito del tribunal. El documento agrega que causaron diversos destrozos, como partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un tractor, todo ello para impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo. Los daños causados en la finca se tasaron en 1.798 euros, según el fiscal.
Para el Supremo, los indicios que, según la Exposición Razonada enviada del juzgado de Sevilla, resultan de la investigación respecto a la participación en los hechos del diputado, acreditan que es competente el alto tribunal. Por ello, acuerda la apertura del correspondiente procedimiento por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños y el nombramiento de Instructor, con el fin de que pueda ser oído el diputado aforado, manifestando lo que estime procedente para su defensa, conforme a lo prevenido en el artículo 118 bis de la Ley Enjuiciamiento Criminal.
