El acercamiento de presos obstaculiza el diálogo entre Gobierno y PNV

La manifestación multitudinaria anual que la izquierda abertzale convoca en enero, cuyo eje central es el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco, se celebra este sábado dos semanas después de que la dirección de este colectivo asuma, por vez primera, la legalidad penitenciaria. La dirección ha dado libertad a sus miembros para acogerse a los beneficios penitenciarios. Estas circunstancias se producen al comienzo de una legislatura marcada por una mayoría aplastante del Parlamento Vasco —66 de los 75 parlamentarios, todos excepto el PP—, defensora de ese acercamiento. Salvo Bildu, ningún otro partido participará en la marcha al estar marcada por el historial de la izquierda abertzale, aunque han anunciado su presencia a título individual algunos peneuvistas, socialistas e incluso la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba.

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Las encuestas explican las posiciones políticas vascas. Cinco años después del cese del terrorismo y desaparecida la violencia como preocupación en Euskadi, la última encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, fechada en noviembre, señalaba que el 81% de los vascos apoya la reinserción de presos etarras; un 75%, el traspaso de las competencias penitenciarias a Euskadi; solo un 9% apoya la política penitenciaria del Gobierno del PP y un 92% reclama que los Gobiernos central y vasco acuerden una nueva.

Criterio selectivo

Idoia Mendia, secretaria general del PSE, socio del PNV en el Gobierno vasco, comparte la posición de Urkullu y apuesta públicamente por un acercamiento selectivo del colectivo de 350 presos etarras a cárceles próximas a Euskadi para favorecer su reinserción: “Sería bueno que el Gobierno de España hiciera una política penitenciaria con visión de Estado, con el acercamiento de presos de ETA a zonas más próximas al País Vasco para facilitar su relación con los familiares y que vean la realidad que hoy se vive en Euskadi”.

Mendia opina que esta medida “probablemente facilitaría el camino individual a la reinserción y ese reconocimiento del daño causado a la sociedad por parte de los presos ahora que se empiezan a apear de la negativa a asumir las vías legales”. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, premio Nobel por el proceso de paz de su país, se ha sumado a esta petición que “no hace daño a nadie”.

Además de vincular acercamiento de presos y reinserción social, PNV, PSE y Podemos —que califica de “vengativa” la actitud del Gobierno del PP— valoran el paso dado por la dirección del colectivo de presos de ETA, aunque lamentan la insistencia de sus portavoces y algunos expresos en que su propuesta no implica arrepentimiento.

El Gobierno vasco reconoce que “el arrepentimiento no viene recogido literalmente en la ley”, pero sí “el reconocimiento del daño causado a las víctimas”, que es la fórmula que pactaron hace un año 35 dirigentes de la izquierda abertzale con la Fiscalía de la Audiencia Nacional e impidió su ingreso en la cárcel. Este acuerdo reconocía el rechazo de la violencia; el daño causado a las víctimas y una contribución a su reparación, según la reforma del Código Penal de 2003. Otro precedente más lejano es el de la vía Nanclares con el Gobierno socialista. Los presos etarras acogidos a esta vía de reinserción cumplieron requisitos similares.

Las apelaciones de la dirección del colectivo de presos de que su propuesta no implica arrepentimiento son una respuesta a las resistencias procedentes del grupo disidente ATA (Amnistía Ta Askatasuna), que la rechaza por su aceptación del reglamento penitenciario y la considera “insolidaria con los presos en peor situación”.

La decisión del colectivo de presos etarras de asumir la legalidad penitenciaria es una batalla que Sortu, el partido de Arnaldo Otegi, ha ganado a su disidencia en la lucha por el control del colectivo de sus presos. “Sortu ha conseguido lo fundamental, que el colectivo considere y vote la reinserción individual de los presos de ETA frente a la resistencia de ATA. En el proceso que se abre vendrá la autocrítica. Necesita tiempo”, señalan fuentes del Gobierno vasco.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hace caso omiso a estos movimientos y complica aún más el diálogo con el Gobierno vasco al exigir como condición para un acercamiento de presos la disolución de ETA, su entrega de armas, su arrepentimiento, el perdón a las víctimas y resarcir el daño.

El Gobierno vasco se muestra “preocupado” con las declaraciones del ministro, que “ha endurecido aún más las exigencias de su antecesor”. “El arrepentimiento que exige Zoido a los presos de ETA no es la autocrítica que exige el Código Penal; tiene connotaciones cuasirreligiosas”, añade.

La sensación del Gobierno vasco es que este capítulo “puede ser un punto serio de confrontación si el Gobierno del PP se empeña en el inmovilismo”. Y, a diferencia de la legislatura anterior, la relación de fuerzas y la presión en Euskadi es hoy abrumadoramente favorable a un cambio de política penitenciaria.