Miembros del órgano de garantías de Podemos cargan contra su parcialidad y opacidad
La comisión ha sido cuestionada por sus últimas decisiones sobre las primarias madrileñas
La comisión de garantías de Podemos, el órgano que vela por el funcionamiento democrático del partido, se encuentra en el punto de mira interno por acusaciones de parcialidad y opacidad. La comisión, que no hace públicas ninguna de sus resoluciones, ha sido cuestionada por sus últimas decisiones sobre las primarias madrileñas, denunciadas por miembros del partido como “antidemocráticas”. Tres integrantes del órgano dimitieron en julio por discrepancias.
La Comisión de Garantías Democráticas “es como el Tribunal Constitucional de Podemos”, dijo el líder del partido, Pablo Iglesias, el mes pasado, cuando llamó a “acatar” las últimas resoluciones de este órgano que indignaron al sector errejonista en Madrid. La comisión tumbó medidas que habían sido aprobadas por las bases de Podemos durante el proceso de las primarias madrileñas; en ese proceso habían salido adelante las propuestas de la candidatura de Rita Maestre, afín a Errejón, aunque esta finalmente perdió la votación para la secretaría general, que venció Ramón Espinar.
La forma en la que el “Tribunal Constitucional” de Podemos ha dictado sus sentencias es denunciada por algunos miembros y exmiembros del propio órgano como irregular y carente de imparcialidad. Entre otras cosas, sus resoluciones son secretas, algunas veces incluso hasta para sus propios integrantes.
La comisión está presidida por Gloria Elizo, diputada y vicepresidenta del Congreso, y formada por siete miembros, después de que tres dimitieran este pasado julio por discrepancias con el funcionamiento del órgano, sin que tuviera repercusión su salida. Uno de ellos, Manuel Maroto Calatayud, ahora integrante de la comisión de garantías de Madrid, ha divulgado en Facebook una resolución del pasado 11 de noviembre que resolvió, entre otros aspectos, que Ramón Espinar, recientemente elegido líder de Podemos Madrid, no tiene por qué perder ninguno de sus tres cargos (senador, diputado autonómico y ahora secretario general de Podemos Madrid). Ello a pesar de que en los documentos aprobados por las bases de Podemos en las primarias se establecía una limitación de un máximo de dos cargos para todos los dirigentes, ya sean estos públicos o institucionales.
El dimitido, doctor en Derecho, denuncia que la actuación del órgano es totalmente “antidemocrática”. “Una decisión de semejante trascendencia” como la referida a Espinar se adoptó “entre tres personas elegidas, por supuesto, por Elizo, sin ni siquiera informar al resto de las personas integrantes del órgano”, alerta. Raquel Huerta, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro de la comisión de garantías estatal, confirma este extremo a EL PAÍS. “Efectivamente, yo me enteré por la prensa del contenido de esa decisión y no fui informada de la deliberación”, asegura.
El reglamento del órgano permite que haya decisiones que se tomen en un órgano reducido, las comisiones de deliberación. “Pero en un caso como este, que tenía muchísima importancia porque tumbaba decisiones de los inscritos, debía haber deliberado el pleno”, considera Huerta. “Desde hace mucho tiempo la comisión no funciona como debería, tiene problemas de independencia”, lamenta. Elizo y otros miembros de la comisión difundieron en Twitter su apoyo a la lista de Espinar, asegura Huerta.
La presidenta de la comisión de garantías defiende la decisión sobre Espinar. “Cualquier limitación de un derecho fundamental como el sufragio pasivo, como sería la de obligarle a renunciar a uno de sus cargos públicos, tiene que venir determinada en el código ético. Para eso hay que esperar al congreso de Vistalegre”, sostiene Elizo. La presidenta asegura que consideró que el asunto “no requería más debate que el de una comisión”.
Resolución secreta
El secreto de esa decisión es otro aspecto criticado. “El contenido de esta resolución es confidencial y está protegido por el derecho a la intimidad. Los interesados deben guardar absoluto secreto sobre su contenido y no pueden comunicarlo a terceras personas”, dice textualmente la resolución. “Revocar decisiones del máximo órgano de Madrid [la asamblea ciudadana, que aprobó en primarias los documentos organizativos del sector errejonista] con una decisión secreta es una barbaridad en términos democráticos”, se queja Maroto.
¿Por qué se decretó secreta? Ninguna de las resoluciones de garantías de Podemos es pública —a pesar de que el órgano está mandatado a funcionar con “transparencia”, según los estatutos de Podemos—, pero en esta se incluyó además una especificación sobre su confidencialidad, que miembros del órgano aseguran que es novedosa. “Es la primera vez que lo veo”, dice la integrante de la comisión Raquel Huerta. La presidenta responde que “el espíritu de esa precisión es la protección de datos y no el secreto de la resolución”. “Reconozco que no lo he mirado con detenimiento, y que no es el oportuno porque no había datos personales”, añade. Fuentes del órgano han asegurado a este periódico que se “hizo hincapié en que continuara bajo confidencialidad”.
“La comisión nunca ha funcionado como un órgano regular e independiente. Actúa de parte”, se queja otro miembro del órgano que pide no ser citado. El pleno de la comisión se ha reunido en contadas ocasiones en sus más de dos años de vida. Las comisiones reducidas y elegidas por la presidenta son la forma habitual de proceder.
Tres dimisiones que pasaron inadvertidas
La comisión de garantías de Podemos perdió a tres de sus miembros el pasado julio: dimitieron “por desacuerdos irreconciliables con la forma en que Gloria Elizo dirigía la comisión”, asegura Manuel Maroto Calatayud, uno de ellos. Junto a él, Ana Laura Cannilla y Pablo Castaño renunciaron a su cargo, dejando el órgano en siete integrantes. Su dimisión, que fue comunicada en la ejecutiva de Podemos, no tuvo sin embargo trascendencia pública.
La discrepancia fundamental que mantenían es que según ellos la presidenta de la comisión, Gloria Elizo, “no está en posición de mantener la independencia que requiere el cargo”, sostiene Maroto, porque “es diputada y responsable del equipo legal de Podemos”. Su malestar se desencadenó en la elaboración de las listas de Podemos al 20-D, porque “se hurtó a la comisión su labor de vigilancia de las listas”. En la elaboración de estas, que tras las primarias se ajustaron por las alianzas con otros partidos, ocurrió que personas “como Elizo, que obtuvieron un puesto bajo en las primarias, acabaron como cabeza de lista de circunscripciones”, dice Maroto.
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