Ciudadanos quiere quitarle al Gobierno el monopolio del nombramiento de altos cargos

Garicano le propone a De Guindos la creación de una Comisión de independientes

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán.
El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán. EFE

Caso Gescartera. Crisis del Ébola. Caso Fórum Filatélico. Salida a bolsa de Bankia. La oficina económica de Ciudadanos ha elegido todos esos ejemplos para argumentar este jueves la necesidad de que el Gobierno pierda el monopolio del nombramiento de los altos cargos que integran los organismos reguladores y de control en España. Luis Garicano, miembro de la Ejecutiva del partido y catedrático de la London School of economics, le trasladará esta tarde a Luis de Guindos, ministro de Economía, la propuesta de su partido para cumplir con el punto 108 del acuerdo de investidura que une al PP y a Ciudadanos: una comisión formada por siete personas con mandatos de dos años no renovables y designados por sorteo entre los integrantes de sus colectivos (Judicatura, Consejo de Estado...). La formación de Albert Rivera quiere abordar la reforma de manera "urgente".

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"El objetivo es acabar con los dedazos políticos y la politización de los altos cargos", ha argumentado Toni Roldán, diputado y portavoz de economía de Ciudadanos. "Es absolutamente imprescindible que sean independientes", ha subrayado. "Hay que asegurarse de que se nombra a gente preparada para cargos de altísima importancia. Si no, tenemos casos como Gescartera, la salida a bolsa a Bankia".

En estos momentos, el Gobierno elige sin ningún filtro a los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión nacional de los mercados y de la competencia (CNMC), de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIREF), de la Agencia EFE o del Consejo de Seguridad Nuclear. Todos los seleccionados tienen que comparecer en la comisión parlamentaria correspondiente, aunque la opinión de los diputados no es vinculante en su nombramiento.

¿Qué propone Ciudadanos? Que una comisión independiente emita un informe sobre el cumplimiento de los requisitos legales de idoneidad del candidato propuesto y sobre el mérito, capacidad e independencia de éste para el ejercicio del cargo. En caso de que este informe sea desfavorable, el Gobierno estará obligado a presentar otro candidato. Además, el informe favorable de idoneidad no sería necesario si el Gobierno encarga a la comisión que elabore una criba previa: los expertos seleccionarían a entre tres y cinco candidatos para que el Ejecutivo eligiera al que prefiriese.

¿Y quién formaría esa comisión? Un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; un consejero permanente del Consejo de Estado; el presidente de la AIReF; un catedrático de Universidad que tenga reconocido el número máximo de sexenios de investigación; una persona que haya desempeñado un puesto similar al que sea objeto de informe; una persona que haya ejercicio el cargo de juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea u otro cargo similar en las instituciones de la UE; y un Letrado de las Cortes Generales, que actuará como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.

"El sistema actual es un riesgo que como democracia avanzada no nos podemos permitir", ha asegurado Elisa de la Nuez, abogada del Estado y coautora de la propuesta. "Que hayamos tenido tantos problemas durante la crisis, y que todavía los tengamos, tiene que ver con el mal funcionamiento de nuestras instituciones de supervisión y control, que no están a la altura de las de otros países", ha seguido. "Durante mucho tiempo se han considerado como puestos a distribuir entre las personas más afines al partido político de turno, una concepción propia de democracias poco desarrolladas".

Incluso si se ponen de acuerdo, el PP y Ciudadanos no tienen los votos suficientes para sacar adelante la propuesta. En consecuencia, esta podría ser modificada para lograr los apoyos de otros partidos, especialmente el PSOE.

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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