El PSOE reprueba que Ciudadanos renuncie a eliminar las diputaciones

La renuncia de Ciudadanos en su pacto con el PP a una de sus propuestas estrella, la eliminación de las diputaciones, contrasta con la posición intermedia que acordó en febrero con el PSOE para votar a favor de la investidura fallida de Pedro Sánchez. La concesión, dentro de un acuerdo con marcado contenido del programa socialista —superior al 75%, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid— originó una marejada interna en el PSOE. Hasta el punto de que Sánchez, en su discurso de investidura, eludió hablar, aunque lo llevaba escrito, de la supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y la creación en su lugar de Consejos Provinciales de Alcaldes “para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva”.

El PSOE gobierna 18 de las 38 diputaciones provinciales —en España hay 51 diputaciones, cabildos y consejos insulares—, que se habrían visto afectadas; el PP preside 15; CiU, cuatro, y el Partido Aragonés, una. Las principales críticas al pacto con Ciudadanos procedieron de líderes territoriales y de presidentes de diputaciones socialistas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. La consulta a los militantes socialistas del acuerdo con Ciudadanos fue respaldada en todas las provincias salvo Huesca. El presidente de su diputación fue uno de los cargos socialistas que mostró su rechazo a la supresión de estos órganos. Asimismo, Aragón fue donde menos respaldo obtuvo el proceso, con más de un 36% de votos en contra. La consulta tuvo un respaldo del 79%.

Consejos de alcaldes

Tres meses después del intento de Sánchez de ser investido presidente, el PSOE se olvidó de la figura de los Consejos Provinciales de Alcaldes en su programa del 26-J. Sánchez mantuvo el compromiso del 20-D de “modernizar” las diputaciones provinciales “reformulando su papel” como espacio de encuentro entre los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, dotándolas de las competencias necesarias que conllevasen “una mejora de eficacia y eficiencia (...) siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia”. Tampoco varió el reconocimiento al “carácter especial” de los cabildos y consells insulares.

Lo que hace seis meses era un principio irrenunciable para Ciudadanos, que de acuerdo con sus cálculos permitiría destinar hasta 5.000 millones de euros para financiar políticas sociales, ya no lo es tanto. Patxi López, secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE y expresidente del Congreso, incidió en que las principales condiciones del pacto que firmaron con Ciudadanos se “han rebajado”. Entre ellas, las diputaciones. La derogación de la LOMCE, otra reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional, básicos para los socialistas, también han encontrado la oposición del PP.

Las palabras, el jueves pasado, de Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, reflejan la importancia que el partido de Albert Rivera otorgaba a acabar con las diputaciones, unos “entes de dudosa utilidad, escaso control democrático y foco de corrupción”, recogía en su programa. “Debemos promover el recorte de duplicidades, chiringuitos políticos y gastos superfluos, en lugar de seguir recortando el Estado de bienestar”, abundaba.

Girauta justificó el ultimátum de 48 horas que su partido dio al PP ante su “preocupación”, entre otras razones, “por no tocar una coma” de las diputaciones. “Este país no se va a regenerar sin ciertas medidas de regeneración institucional. Hay una burbuja política en diputaciones. Y hay que pincharla. Hablo de las diputaciones de régimen común. Es que tienen representantes que no tienen representación directa de nadie. Son pesebres”, afirmó Girauta. En el pacto con el PP no se tocarán salvo cambios más cosméticos que de contenido.