Tordesillas recurrirá al Constitucional la prohibición del Toro de la Vega

Nueva ofensiva judicial del Ayuntamiento de Tordesillas. El pleno municipal ha aprobado este martes, con los votos a favor del PSOE y del PP, una iniciativa para presentar un recurso de amparo ante el Constitucional por la prohibición del Toro de la Vega, a través de un decreto elaborado por la Junta de Castilla y León. Esta decisión municipal se adopta después de que el Gobierno regional denegase la pasada semana la autorización para celebrar el torneo y se basa en que, según el Consistorio, el Ejecutivo autonómico ha invadido sus competencias.

Esta decisión subraya el enfrentamiento que mantienen el PP y PSOE local, este último gobierna en el Ayuntamiento, con sus respectivos partidos de ámbito regional y nacional, contrarios al torneo. De hecho, el Gobierno autonómico esté en manos de los populares y fueron los que confeccionaron el decreto que prohíbe dar muerte en público al Toro de la Vega e infligirle al morlaco cualquier herida que tenga por objeto acabar con su vida.

"Aunque la norma afecta a todos los festejos populares y tradicionales, no cabe ninguna duda de que está pensado para el Toro de la Vega", ha explicado el portavoz del Grupo Popular municipal, Miguel Ángel Oliveira, quien ha reprochado a la Junta de Castilla y León la ausencia de un debate "abierto y público" entre todas las partes afectadas antes de la aprobación del decreto-ley. "En el PP no todos están a favor del decreto", ha insistido.

Los ocho ediles del PSOE y los cuatro del PP han votado a favor de presentar el recurso de amparo. Solo se ha opuesto Mercedes San José, concejal de Tordesillas Toma la Palabra —una coalición impulsada por IU—, contraria a la celebración del festejo. "Me apena que, antes de que la Junta haya dado este paso, no se haya tomado la decisión desde el municipio", reconocía en declaraciones a EL PAÍS.

El Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado que agotará todas las vías legales a su alcance para desarmar jurídicamente la prohibición del Gobierno de Castilla y León. Además del recurso ante el Constitucional, recurrirá por la vía administrativa antes la Agencia de Protección Civil y solicitará la del presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo, con el argumento del conflicto de competencias. El Consistorio ha decidido, por tanto, no modificar la ordenanza municipal que regula el torneo, que incluye la posible muerte del astado a lanzadas, como pide la Junta de Castilla y León para autorizar el espectáculo.