Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Oriol Pujol en el caso de las ITV

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola, sea condenado a cinco años y dos meses de cárcel por el caso ITV. La Fiscalía le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. También solicita tres años y cuatro meses de cárcel para su mujer, Anna Vidal, que fue el canal utilizado por el exdiputado nacionalista para cobrar los sobornos.

El escrito llega cuando están abiertas las negociaciones entre todas las partes implicadas en el caso ITV para llegar a un pacto que evite el juicio, que debería celebrarse con jurado popular. Ese acuerdo, que aún se está fraguando, dejaría sin valor el escrito que ha presentado ahora la Fiscalía en el juzgado que instruye la causa. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, el pacto pasa por que el exdiputado reconozca los hechos e ingrese en prisión, aunque la pena impuesta supere por poco los dos años.

Mientras ese escenario se concreta, la Fiscalía ha presentado su escrito, en el que acusa a un total de seis personas y señala a Pujol por tres delitos. El primero de ellos es tráfico de influencias (dos años y una multa de 250.000 euros) y tiene que ver con las maniobras del exdiputado para beneficiar a empresarios amigos con la adjudicación de estaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV).

Según el escrito de los fiscales Teresa Duerto y Fernando Maldonado, Pujol “aprovechó” su doble condición de presidente del grupo parlamentario y secretario general de Convergència para colocar, en el Departamento de Industria, a un hombre de su absoluta confianza: Josep Tous. La “sugerencia activa” de Pujol a un alto cargo de Industria permitió contratar a Tous como “mediador” en el conflicto abierto en el sector de las ITV. Tous, sin embargo, resultó no ser imparcial. Según ha acreditado la investigación, Sergi Alsina –empresario y amigo íntimo de Pujol– le “retribuyó mensualmente” (2.360 euros cada mes) para “ganarse sus favores”. Al mismo tiempo, un empresario del sector de las ITV, Ricard Puignou, pagaba a Alsina “a cambio de sus influencias políticas, sabedor de la íntima relación de este último” con Pujol.

Los acusados se pusieron de acuerdo en echar por tierra la adjudicación a una empresa rival y en crear un nuevo concurso a la medida de sus intereses. De hecho, previeron incluso crear un nuevo plan de estaciones y crearon una empresa para que “se viera favorecida en el reparto de los lotes”. Oriol Pujol no iba a estar formalmente en esa empresa, pero sí resultaría beneficiado a través de su amigo Alsina. La trama no llegó a buen puerto “por la difusión en los medios de comunicación de que estos hechos estaban siendo investigados judicialmente”, reprochan los fiscales.

La trama vinculada a las ITV fue solo el inicio del caso. El avance de la investigación –y, en especial, las intervenciones telefónicas– permitieron sacar a la luz nuevos indicios contra Pujol. La Fiscalía solicita un año y medio de cárcel para él por un delito continuado de cohecho. A través de su mujer, Anna Vidal, el exdiputado cobró casi 700.000 euros en comisiones de su amigo Alsina a cambio de ponerle en contacto con empresarios catalanes que estaban acometiendo procesos de reindustrialización. Alsina se llevaba un buen pellizco por asesorar en esos procesos y, al mismo tiempo, pagaba una parte de los beneficios a Vidal por supuestos trabajos de asesoría. El problema, sin embargo, es que los trabajos de la mujer eran ficticios (a Pujol se le piden otros dos años de cárcel por un delito de falsedad documental).

Pujol “intervino directa e indirectamente” en las negociaciones para “la venta de la planta de Sharp” en 2010. No solo habló con los dueños de Cirsa (que asumió dar el relevo en la planta), sino que también “facilitó el acceso al presidente de la Generalitat” para “obtener información en relación con la operación”. El exdiputado se “coordinó” con su amigo Alsina, de modo que éste logró ser contratado para hacer de intermediario en la operación. Cobró 3,2 millones de euros. Una operación se repitió en el caso de Yamaha, otra multinacional que abandonó Cataluña en 2012. Por el “éxito” de la operación, Alsina cobró otros 4,2 millones. No lo habría logrado, cree el fiscal, sin la “intervención directa” de Pujol.