Rivera rectificará su carta ética, pero niega financiación ilegal
Una plataforma de exafiliados denuncia que los cargos electos tengan que ceder un 10% de su sueldo al partido y que dos dirigentes nacionales sean apoderados de las cuentas de las agrupaciones
Una denuncia por presunta financiación ilegal obligará a Ciudadanos a rectificar la carta ética que compromete a sus candidatos a “dedicar los ingresos [... de] los grupos parlamentarios o municipales al pago de los créditos” de las campañas electorales. Aunque este partido sostiene que no ha cometido ninguna ilegalidad, cambiará el texto para aclarar que “en ningún caso” se ha financiado con las subvenciones de estas agrupaciones ni se lo ha exigido a sus representantes. La fiscalía anticorrupción especificó ayer que no ha tomado "ninguna decisión" sobre la denuncia.
La ley de financiación sí contempla como ingresos públicos de los partidos las asignaciones que reciben los grupos. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por una plataforma principalmente compuesta por exmiembros de Ciudadanos, sostiene que la ley de bases del régimen local lo prohíbe, aunque esta solo lo hace para contratar personal y comprar inmuebles. Finalmente, algunos reglamentos municipales y autonómicos especifican que las subvenciones son “para el funcionamiento de los grupos”.
La dirección de Ciudadanos asegura que “siempre” se han usado para eso, aunque su carta ética pide “dedicar los ingresos [... de] los grupos parlamentarios o municipales al pago de los créditos” de la campaña. Como de ese texto sí se puede interpretar que se pide a sus representantes que usen esos fondos para pagar los créditos del partido, se cambiará su redacción, según aseguraron cuatro integrantes de la Ejecutiva. Estos abogan por incluir la coletilla “salvo en aquellos casos en los que la ley no lo permita”.
La Plataforma por las garantías ciudadanas presentó dos documentos a modo de pruebas: la carta ética y las instrucciones que probarían que José Manuel Villegas, vicesecretario general; y Carlos Cuadrado, secretario de finanzas, son apoderados de las cuentas de las agrupaciones. “Montamos esta estructura tras asesorarnos legalmente. La idea es continuar igual. No hay ningún movimiento de dinero de esas cuentas hacia las del partido. Ni un euro”, dice Villegas.
La denuncia, ampliada con las declaraciones de un exconcejal de Jaén
El pasado 30 de marzo, los representantes de la plataforma que ha denunciado a Ciudadanos por presunta financiación ilegal ampliaron su denuncia con un artículo escrito en la web confidencial andaluz por Iván Martínez, concejal del Ayuntamiento de Jaén. El edil, elegido en representación de la formación emergente, pasó al grupo de no adscritos tras subirse el sueldo hasta los 39.820 euros anuales.
"La campaña fue sufragada 100% por los candidatos, eso sí, el dinero que correspondería por ley al grupo municipal de ciudadanos Cs Jaén, se lo queda el partido a nivel nacional, a Jaén capital, al grupo municipal, nunca llegó un solo euro", se lee tanto en el artículo como en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Al partido se le acumulan los problemas. La dirección nacional de Ciudadanos ha abierto expediente a un diputado autonómico en Murcia (Luis Fernández) y a su delegado territorial en esta Autonomía (Mario Gómez) tras conocer que presuntamente decidieron pagar casi 20.000 euros de gastos de la campaña electoral de mayo de 2015 con fondos del grupo parlamentario. La ley de financiación impide ese uso de la subvención pública.
Además, en los tres últimos meses, la formación se ha enfrentado a las consecuencias de su rápida expansión nacional, en la que sumó a centenares de nuevos candidatos. Nazareth Quijano, concejal en Logroño (La Rioja), se dio de baja al descubrirse que había desviado 18.000 euros de los fondos de la agrupación a su cuenta. Eva Borox, diputada autonómica en Madrid, dimitió tras conocerse su amistad con David Marjaliza, muñidor de la trama Púnica. Y un diputado autonómico por Aragón (José Luis Juste) y el coordinador de La Rioja (Federico Pérez Oteiza) han dejado sus cargos al saberse que tenían empresas en Panamá (los dos defienden la legalidad de sus negocios).
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