La investigación a Manos Limpias no afecta al juicio contra la Infanta

La investigación sobre Manos Limpias, que llevó el lunes a la cárcel por extorsión a su líder, Miguel Bernad, no afecta, al menos de momento, al juicio del caso Nóos, en el que el sindicato ejerce la acusación popular en solitario contra la infanta Cristina. Expertos juristas señalan que Manos Limpias no puede ser expulsada del proceso que se celebra en la Audiencia de Baleares aunque uno de sus dirigentes haya sido detenido por, supuestamente, exigir tres millones de euros a la defensa de la hermana del Rey a cambio de retirar la acusación contra ella.

El juicio a Cristina de Borbón solo se vería afectado, según los jueces y fiscales consultados por este periódico, en el caso de que la Audiencia Nacional decretara la suspensión de actividades de Manos Limpias en el marco de la Operación Nelson, algo que el juez instructor, Santiago Pedraz, no contempla en absoluto.

También podría sufrir alteraciones si la abogada que representa al sindicato en el proceso que se sigue en Palma de Mallorca, Virginia López Negrete, abandonara esta representación después de conocerse que Bernad y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, trataron de chantajear a la defensa de la hermana de Felipe VI a cambio de desistir de la acusación contra ella, lo que la dejaría fuera del banquillo, porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ejercen la acusación contra ella. De momento, López Negrete no tiene intención de retirarse de la acusación contra Cristina de Borbón.

Todos los juristas con los que ha hablado este periódico coinciden en que la investigación a Manos Limpias y Ausbanc, que se encuentra en una fase inicial, y el juicio del caso Nóos, en el que la Infanta se sienta en el banquillo junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, y otras 15 personas, discurren en dos planos distintos. El presidente de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, recuerda que en esa causa la acción popular la ejerce Manos Limpias, y que la decisión de apartarse le correspondería en todo caso a sus órganos directivos. “No pueden ser expulsadas del ejercicio de la acción penal porque uno de sus responsables haya ingresado en prisión”, sostiene el responsable de esta asociación, conservadora y mayoritaria en el ministerio público.

Su colega Álvaro García, de la Asociación Progresista de Fiscales, comparte esta idea, aunque recuerda que la llamada doctrina Botín, que la Audiencia de Baleares no aplicó a la Infanta, tiene entre otros fundamentos evitar “acusaciones espurias”. “Si se confirma que ha habido un chantaje, Manos Limpias habría usado la acusación popular en fraude de ley y, aunque el juez [instructor, José Castro] ha validado los indicios contra la Infanta y se haya llegado a juicio, el origen no deja de estar comprometido”, reflexiona García. Sin embargo, este fiscal ve “muy difícil” que eso se pueda contemplar en el juicio de Nóos y mucho más difícil que se pueda echar de la causa a una parte constituida formalmente.

Expulsar a Manos Limpias

Los representantes de las asociaciones judiciales tampoco ven posible expulsar a Manos Limpias del proceso y consideran, además, que el tribunal de Baleares no se verá influido en su resolución por la Operación Nelson contra la cúpula de Manos Limpias. “Estoy convencido de que el tribunal de Palma no va a verse afectado. Sentenciarán en función de las pruebas que se practiquen en el juicio sin tener en cuenta lo que pueda haber pasado en el caso de Manos Limpias”, afirma Joaquín Bosch, portavoz de la plataforma progresista Jueces para la Democracia.

Bosch y el resto de juristas consultados solo ven una posible afección al caso Nóos si se planteara la suspensión de actividades de Manos Limpias o que en una futura sentencia se acordara su disolución.

La Operación Nelson contra la extorsión de Manos Limpias y Ausbanc ha reavivado el debate sobre el alcance de la acción popular. La posibilidad de que ciudadanos o entidades no afectadas directamente por un delito puedan presentar una querella o personarse en una causa abierta está reconocida en el artículo 125 de la Constitución. Sin embargo, está muy poco desarrollado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Celso Rodríguez, presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que se debe reformar la figura de la acción popular “en términos muy exigentes”. “Es absolutamente imprescindible una delimitación del interés legítimo para que quien no haya sido ofendido pueda iniciar la acción penal o incorporarse a una causa”, afirma.

Acción popular

Este magistrado cree que operaciones como la de Manos Limpias y Ausbanc ponen de relieve que “en muchas ocasiones, no en todas, el interés espurio ha servido a la acción popular”, lo que, afirma “no puede ser objeto de amparo por el ordenamiento jurídico”.

Frente a entidades como Manos Limpias que se dedican a querellarse en todo tipo de causas, Rodríguez pone dos ejemplos, en abstracto, de acusaciones populares con interés legítimo: un sindicato que se persona en una causa por delito contra los derechos de los trabajadores o una asociación ecologista que se persona por un vertido ilegal en un espacio protegido.

Raimundo Prado, de la Asociación Francisco de Vitoria, constata que en “muchas ocasiones hay personas que usan la figura de la acción popular para medrar en asuntos, para presionar a jueces, o para usar la información con fines torticeros”.

Por su parte, Alejandro Vega, del Foro Independiente Judicial, aboga por “plantearse el tema con equilibrio”. “No se puede eliminar sin más la acción popular, que está en la Constitución, la reforma no podrá ser tan restrictiva que se prive de un derecho, pero tampoco tan amplia que genere ejercicios espurios”. Vega plantea que el tribunal pueda sancionar a las acusaciones populares que actúen con mala fe procesal evidente.