La última tortura de Rajoy

Una línea de más de un siglo cruza los destinos de Eugenio Montero Ríos y Mariano Rajoy Brey. Los dos nacieron en Santiago y los dos hicieron vida en Pontevedra. Montero Ríos, al igual que Rajoy, fue ministro de varias carteras y llegó a estar frente al Consejo de Ministros, si bien solo unos meses. Pero lo que ha unido su carrera política es una pequeña parroquia pontevedresa, Lourizán, que alberga un lugar llamado Os Praceres (Los Placeres) que fue a finales del XIX un “paraíso”, según el documentalista Lukas Santiago. “Un paraíso”, dice, “perdido”.

Ése fue el lugar elegido por Montero Ríos para rehabilitar un palacio del siglo XV, el Pazo de Lourizán, una residencia de verano de enormes jardines llenos de cipreses, cedros, magnolias, araucarias o camelios. El poderoso hombre de la Restauración hizo de Lourizán el epicentro de la convulsa actividad política y social de la época, y alrededor del Pazo crecieron un pabellón de invitados ilustres, una Casa de Baños y una iglesia que mandó construir el viejo cacique, y en la que están enterrados hoy él y su mujer.

Os Praceres se convirtió entonces, a finales del XIX y principios del XX, en un lugar de turismo del que se conservan fotografías de bañistas en un paraje de arena y mar, frecuentado por muchos de los visitantes de Montero Ríos y por otros atraídos por la belleza de la Ría de Pontevedra. De la zona salía, según Santiago, autor de un documental que atestigua el auge y decadencia de Lourizán, el mejor y más productivo banco marisquero de Galicia, un lugar en el que crecía la cría de molusco destinada para todos los bancos gallegos.

La Empresa nacional de celulosa sepultó el turismo de la zona en los 50

La Guerra Civil y la posguerra dinamitaron el paraíso, y en 1957 se instaló a los pies de la Ría de Pontevedra una fábrica, la Empresa Nacional de Celulosa (Ence), que sepultó la recuperación turística y paisajística de Lourizán. La empresa fue inaugurada por Franco seis años después, en 1963. El NO-DO informó de la relevancia de una industria pujante que daría empleo a la provincia a través de empleos directos e indirectos gracias a su impacto forestal. En la actualidad, Ence da trabajo a 366 personas y a unos miles (la empresa defiende que son 5.000; los opositores matizan que son menos) de forma inducida.

Para entender el grado de crispación alcanzado en Pontevedra a raíz de la prórroga de la fábrica en la Ría 60 años más, hasta 2073, hay que situarse en 2007. Antes, el bipartito del PSdG-BNG fue incapaz de encontrar una solución, pero ese año por primera vez el PP atendió la demanda de la sociedad local, expresada en manifestaciones, de trasladar la empresa a otro lugar de la comarca. Se pretendía de esta forma conservar los puestos de trabajo y la pujanza empresarial, y abrir de nuevo una zona turística privilegiada en la costa. Fue el PP de Pontevedra a través de su candidato Telmo Martín el que rompió la baraja con el apoyo del candidato a la Xunta, entonces en la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Un asunto “personal”

La prórroga de 70 años concedida por el Gobierno cayó como una bomba

Por fin en 2009, el programa del PP gallego incluyó el traslado de Ence como promesa electoral por primera vez en su historia. Feijóo ganó las elecciones con mayoría absoluta. En junio de ese año calificó el reto como un asunto “personal”. Tres años después el conselleiro de Medio Ambiente dijo que Ence debería abandonar la Ría y que su marcha era “obligada”. Un mes después el Gobierno central iniciaba una reforma de la Ley de Costas que permitiría a Ence seguir en la Ría. Feijóo en la nueva campaña, 2012, volvió a incluir en su programa la determinación de que la fábrica pastera abandonase la costa. Tras ganar las elecciones, dijo que había dos posibilidades: que se fuese o que se quedase. Dos años después, dijo que las cifras del paro no permitían que Ence pudiese marcharse de Pontevedra. El alcalde de la ciudad, Fernández Lores (BNG), montó en cólera.

La movilización social promovida especialmente por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) no paró esos años. Las manifestaciones frenaban delante de la fábrica reclamando el cese de su actividad. En los últimos tiempos Ence se ha prodigado en cumplir la ley medioambiental y certificar que el aire de Pontevedra superaba los parámetros de calidad recomendados por la OMS. Siempre que se le pone en entredicho reacciona con campañas publicitarias en prensa (incluida la nacional en los últimos días) para defender su actividad y reclamar que no se le utilizase en la lucha política.

La prórroga de 60 años concedida por el Gobierno hace dos semanas cayó como una bomba en Pontevedra. Ni siquiera los que estaban a favor de su continuidad esperaban una decisión así de un presidente ejerciendo en funciones. La condición de pontevedrés de Rajoy exasperó lo suficiente a Marea Pontevedra y PSdG para reclamar su declaración de non grato, una iniciativa plenaria que nunca se había emprendido en Pontevedra y que tiene un recorrido polémico: Rajoy fue el candidato más votado en las últimas elecciones generales, y cuando el PP recupere el poder municipal lo primero que hará será derogar la condición de su líder, especialmente sensible a la percepción que se tiene de él en la sociedad local.

Ence evidencia un problema social y ecológico de primer orden que se extenderá más de medio siglo. Y condena a Lourizán, el paraíso perdido, a 60 años más como patio trasero de Pontevedra. Eso, y la estampa de Pontevedra llena de chimeneas industriales a los pies del mar, impidiendo su revalorización turística y ecológica, es lo que no le perdonan muchos pontevedreses a Rajoy.

El contexto es más grave. En 2001, cuando se creía que la mala suerte de los vecinos de Lourizán había sido suficiente, la Xunta proyectó un tren de mercancías que atravesase la única plaza del pueblo en dirección al puerto de Marín. Hubo resistencia vecinal, disturbios y detenciones. Finalmente, un día de 2002 los vecinos asistieron pasmados a la inauguración de un tren que recorría la plaza, cortada a la mitad por las vías. Iban en él 300 invitados de la Xunta del PP. Pleitearon y la justicia les dio la razón: aquello no sólo era un sinsentido sino algo peor, era ilegal. La administración no ha cumplido la sentencia y no tiene intención de hacerlo nunca.