El Pequeño Nicolás solo acepta responder a su abogado ante el juez

Apenas 15 minutos ha durado este viernes la declaración de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego. El magistrado lo acusa de un delito de usurpación de funciones por supuestamente haberse hecho pasar por un enviado de la Casa del Rey y del Gobierno en un viaje a Ribadeo (Lugo), en agosto de 2014. Gómez Iglesias ha optado por contestar solo a las preguntas de su abogado.

El Pequeño Nicolás, que estaba citado a las 10.30, ha acudido dos horas antes a los juzgados de Plaza de Castilla, en un coche negro de la productora de Gran Hermano VIP, el programa en el que concursa. Después de casi cinco horas en los pasillos del tribunal, aguardando para dar su versión de los hechos, ha salido como entró: sin dar ninguna explicación.

Entre los testigos citados este viernes estaba José González Hormigos, el cabo de la policía municipal de Madrid que escoltó a Gómez Iglesias hasta Ribadeo. El Pequeño Nicolás supuestamente dijo que la Casa del Rey y el Gobierno lo enviaban a negociar con el presidente del Grupo Alsa, Jorge Cosmen. Esto le permitió ir acompañado de una comitiva de seguridad, reunirse con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y cerrar un restaurante entero, el San Miguel.

El regidor y otros testigos, como el sargento de la policía local o el propietario del restaurante, ya ofrecieron su versión la semana pasada. Unos testimonios que ratificaron sus declaraciones ante la comisión judicial en la que aseguraban que el Pequeño Nicolás ostentó un cargo que no le correspondía y que montó una escena para que ellos dieran crédito a todo lo que les dijo.

"Estoy un poco harto de todo este circo, pero tengo que reconocer que aquel día nos metió un gol. En Ribadeo comenzó la caída del Pequeño Nicolás y, si mi declaración sirve para clarificar si cometió o no los delitos, no tendré ningún problema en volver a reafirmarme en lo que ya he dicho", explicó el alcalde de Ribadeo a la salida del juzgado.

Los delitos a los que se enfrenta van desde intento de estafa hasta falsedad documental o usurpación de funciones públicas. En total, si se suman las penas máximas por todos los delitos, puede afrontar una condena de hasta 15 años. El juez no ha firmado todavía ningún auto, aunque, según fuentes judiciales, es probable que transforme la causa en un procedimiento abreviado y eleve el caso a la Audiencia Provincial de Madrid.