Reactivada la causa que investiga una supuesta mordida al PP de Cospedal

Las derivadas del caso Bárcenas continúan su avance en los tribunales. El juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha citado a declarar como testigo al economista del Ayuntamiento de Toledo y le ha pedido a la Administración municipal toda la documentación utilizada para aprobar en 2007 la concesión del servicio de recogida de basuras a Sufi, una filial de la constructora Sacyr. Según declaró el extesorero del PP en julio de 2013, los populares recibieron una supuesta mordida de 200.000 euros tras adjudicar este contrato, que usaron posteriormente para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha de 2007. 

En su escrito de diligencias previas, el instructor Florencio Rodríguez detalla al secretario del Ayuntamiento que le reenvíe el "testimonio íntegro" del acta de la reunión de la Junta de Gobierno celebrada el día 23 de mayo de 2007; "cuanta documentación se analizó o estudió en la citada sesión"; y la resolución administrativa que se dictó para declarar como "asunto de urgencia" la ratificación del Protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Toledo, Sufi y el comité del servicio de limpieza.

El actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado este lunes convencido de que "ha habido financiación irregular" y ha opinado que "hay más" de 200.000 euros sobre los que el PP no ha dado explicaciones. Los populares, por su parte, han rechazado la veracidad de tales acusaciones. "Hay quien está intentando que se hable una y otra vez de algo que todo el mundo sabe que no existe, todo el mundo sabe que el PP de Castilla-La Mancha no está inmerso en ningún caso de corrupción", ha señalado Francisco Núñez, portavoz adjunto de la formación en la asamblea regional, según informa Europa Press.

La decisión de Florencio Rodríguez se produce después de que la Audiencia Nacional derivara a otros tribunales el avance de las investigaciones, ya que este organismo estatal consideró que la competencia le correspondía a otros juzgados. Pese a ello, el juez Pablo Ruz ya había avanzado en el caso. En octubre de 2014, imputó al alcalde de Toledo, José Manuel Molina. En ese momento, el magistrado también apuntó que en los supuestos hechos delictivos podrían haber participado aforados, condición que ostentaban entonces, entre otros salpicados por esta causa, María Dolores de Cospedal, y el presidente de las cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado.

El instructor investiga una supuesta mordida al PP para financiar su campaña de 2007. Cospedal concurrió como cabeza de lista a estos comicios, pero perdió ante José María Barreda (PSOE). Según la declaración de Bárcenas en la Audiencia Nacional, Tirado se reunió ese año en la sede madrileña de Sacyr con sus dos principales responsables: Luis Del Rivero y Manuel Manrique. En ese encuentro, en el que el extesorero asegura que ejerció como "introductor", Tirado pidió una aportación y anunció a los empresarios que "iban a ser adjudicatarios de una obra o algo en Toledo".

Cospedal ha negado reiteradamente estas acusaciones. Incluso, ante Ruz, después de que este la llamara como testigo. Aunque la secretaria general del PP no pudo profundizar en el asunto porque el juez lo impidió ante la posibilidad de que se afectara a aforados, algo que quedaba fuera de su jurisdicción.