Anticorrupción pide al juez de los ERE que cite a Chaves y Griñán
La fiscalía solicita que declaren los exconsejeros Viera, Martínez Aguayo, Ávila y Zarrías
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de refuerzo del caso de los ERE, Álvaro Martín, que cite a declarar como investigados (antes imputados) a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los fiscales consideran “necesario” oír las declaraciones de ambos exdirigentes así como de los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías. El magistrado investiga las seis primeras piezas separadas por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, entre ellas, la que afecta al diseño del fondo.
Ante la petición de la fiscalía, Martín pospone decidir sobre la citación de los dos expresidentes hasta el recibo de una serie de documentación que está pendiente y que también había solicitado Anticorrupción. “Una vez recibida se resolverá sobre las citaciones solicitadas conforme a Derecho”, mantiene el magistrado. Entre los documentos que faltan por incorporar al sumario, el juez ha pedido a la Intervención General de la Junta que facilite las personas que participaron en los trabajos y elaboración de los informes de Control Financiero Permanente de la agencia Idea en el periodo 2001-2012, detallando sus funciones.
A mediados de enero, José Antonio Griñán y otros tres ex altos cargos imputados en los ERE urgieron a la juez María Núñez a finalizar cuanto antes la pieza troncal de la instrucción, que acumula cinco años. Griñán alegó que debe “tener un juicio dentro de un plazo razonable”, y sufrir más retrasos tras un lustro de investigación cuestionaría “la efectividad y credibilidad de la justicia”.
La Fiscalía Anticorrupción pidió a principios de año declarar la macrocausa “de especial complejidad”, lo que permite disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción. Pero las defensas de Griñán y el exconsejero Antonio Fernández se oponen a esta prórroga para esta pieza. Esta investigación está centrada en el diseño del fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. “Se han practicado numerosísimas investigaciones y toda clase de diligencias, unas veces testificales y otras de pericias, hasta agotar todo el elenco previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, argumenta el abogado de Griñán.
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