Gómez de la Serna: “No he sido imputado por ningún juez ni tribunal”

El diputado Pedro Gómez de la Serna, que obtuvo el escaño como segundo de la lista del PP por Segovia, ha tomado la palabra a través de un comunicado —cuyo texto ha ratificado en una conversación con EL PAÍS, aunque no ha realizado otras declaraciones—, en el que advierte que no ha sido imputado "nunca por ningún juez o tribunal" por su actividad dedicada a internacionalizar empresas españolas que pretenden abrir líneas de negocio fuera de España, a través de la Compañía Scardovi.

Gómez de la Serna, que este martes ha presentado en el Congreso sus credenciales como nuevo diputado, argumenta que cuando se publicaron las primeras facturas falsificadas que le querían relacionar con hechos —"que yo no he efectuado nunca", matiza— se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción. "Denuncié el montaje y solicité declarar", asegura. Según Gómez de la Serna, "esta Fiscalía me ha respondido recientemente, comunicándome que en la actualidad no se dirige 'imputación alguna contra ninguna persona física o jurídica' por estos hechos".

Este político del partido popular  —apartado de la campaña electoral de su partido cuando salieron a la luz sus actividades privadas, algunas en sociedad con el embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui— considera que está sufriendo "un linchamiento público sin precedentes en España" con el que se pretende proferirle "un daño de difícil reparación". Arístegui presentó su renuncia pero, el parlamentario electo y miembro de la Diputación Permanente del Congreso figuraba en una lista, con la que ha obtenido su credencial, a la que solo él puede renunciar. De momento prefiere no atender las peticiones de que deje paso a la siguiente, Marta Puertas, de 28 años, que le llegan tanto desde la oposición como de su partido en Segovia.

De la misma manera que no abandonó la lista y que ha recogido el acta, aludiendo a que sería dar la razón a la persona que le ha estado chantajeando supuestamente, un antiguo comercial de su despacho, se dispone a ocupar su escaño de la Cámara Baja. En su texto aclara que si, "ni los estatutos de mi partido ni su código ético prevén sanción alguna, ni medida cautelar, frente a quien haya sido imputado por un tribunal de Justicia —ni impiden su acceso a cargo público alguno—, no tendría ningún sentido que se cuestionara que yo, que nunca he sido imputado por ningún juez ni tribunal, tenga impedimento alguno para acceder al cargo de diputado".

"Nunca he sobornado a nadie"

En la línea con lo mantenido en su primera y única comparecencia pública, el pasado 9 de diciembre, Gómez de la Serna insiste en explicar que su actividad profesional privada "ha sido siempre absolutamente lícita". Hace hincapié el señalar que "nunca" ha cobrado comisiones ilegales, "nunca he sobornado a nadie, nunca he realizado actividades incompatibles, y nunca me he aprovechado de mi cargo público" para el desarrollo de sus actividades privadas con la compañía Scardovi, años antes de adquirir su condición de diputado. "Todas las manifestaciones que se han efectuado en ese sentido por algún medio de comunicación con sencillamente falsas", aclara.

También argumenta que, cuando adquirió la condición de diputado, su actividad profesional privada fue examinada y autorizada por la Comisión del Estatuto del Diputado y ratificada por el Pleno del Congreso, "sin oposición alguna de ningún diputado". Por eso cree que "todas las manifestaciones que ha efectuado en estos días algún medio de comunicación, respecto a que he ejercido actividades incompatibles, o que he abusado de mi condición pública, con sencillamente falsas".

Gómez de la Serna tiene palabras de agradecimiento por su amistad y apoyo a "las buenas personas del Partido Popular, que reprueban los linchamientos públicos, que creen en la presunción de inocencia, que confían en la vigencia de los derechos fundamentales, y que han respaldado mi decisión de no doblegarme ante una campaña insidiosa y basada en documentos falsificados".

El diputado electo por el PP trabaja ahora para que los tribunales se posicionen por lo que considera como "una venganza personal, que comenzó con una estrategia de amenazas, hostigamientos y coacciones" que, según advierte, "ha terminado por utilizar documentos falsos para dar trascendencia mediática al caso".