Manuel Cobo renuncia a su acta de diputado del PP y abandona la política

Manuel Cobo ha renunciado este lunes a recoger su acta de diputado del Partido Popular (PP) por León y ha anunciado que abandona la primera línea de la política por "motivos personales". Cobo es secretario de Política Municipal del PP y fue vicealcalde de Madrid durante el Gobierno local de Alberto Ruiz-Gallardón, entre 2003 y 2011. Los populares obtuvieron dos escaños en la circunscripción leonesa en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Cobo era el segundo de la lista, seguido de la alcaldesa de Garrafe de Torío, Carmen González, quien podrá retirar su credencial este martes.

Antes de ocupar la vicealcaldía de Madrid, Manuel Cobo (Ponferrada, 1956) fue portavoz del Gobierno regional con Gallardón. Además, ha ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de la capital y fue diputado en la Asamblea de la Comunidad. Más de 20 años de carrera política que llegan ahora a su fin. El también excoordinador de Gestión de Ifema ha justificado su retirada de la política por razones estrictamente personales, motivadas por la necesidad de dedicar más tiempo a su vida familiar.

La carrera política del exvicealcalde de Madrid ha estado ligada a la de Ruiz-Gallardón, a quien defendió en los momentos de más tensión del regidor con su partido y, sobre todo, con la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Espionaje político

Cobo apoyó a Mariano Rajoy como líder del PP frente a Esperanza Aguirre tras la derrota del ahora presidente en funciones en las elecciones de 2008. El nombre del exvicealcalde saltó también a la actualidad pública por el caso de espionaje político de la Comunidad de Madrid.

Informes policiales basados en el posicionamiento de los teléfonos de los asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid acreditaron que tres guardias civiles y un policía nacional habían seguido tanto a Cobo como a Alfredo Prada (consejero de Justicia cuando ocurrieron los hechos), durante los meses de abril y mayo de 2008. La Audiencia Provincial consideró desde el principio que había indicios suficientes de un delito de malversación de fondos públicos y ordenó a la juez seguir con el procedimiento, que se encuentra abierto.