Independientes y heterodoxos, no disidentes

Desleales, tránsfugas, traidores y deshonestos. Son los adjetivos que tienden a degradar las trayectorias de Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Irene Lozano (PSOE), Toni Cantó (Ciudadanos) y el juez Juan Pedro Yllanes (Podemos), pero unas y otros se identifican mejor en la categoría de los independientes. Tan independientes que han sido depurados de sus partidos -es el caso de Álvarez de Toledo- o que han preferido emigrar de ellos. Lozano y Cantó salieron del mismo (UPYD) a formaciones distintas, mientras que Yllanes ha aparcado un tiempo la carrera judicial para encabezar la lista de Palma de Mallorca, renunciando incluso “a presidir un juicio de campanillas”, como él mismo sostiene en castiza alusión al tribunal del caso Nóos.

Los cuatro, por tanto, forman parte de los heterodoxos, extraños de la política que se han entregado a ella y artífices de un debate o de una tertulia organizados en EL PAÍS en torno a la idea de la regeneración democrática. Partiendo de una contradicción evidente -la independencia dentro de un partido- y de un conflicto embrionario: ¿Puede regenerarse la democracia cuando escasea en los propios partidos o cuando algunos de ellos ejercen el imperativo del dedazo y el principio jerárquico?

“Hay dos ejes”, explica Cayetana Álvarez de Toledo. “Uno es la lealtad y otro la libertad. Hay que encontrar un equilibrio razonable. Un partido debe preservar y promover el espíritu crítico, pero normalmente sucede lo contrario. El diputado contrae una responsabilidad individual. Tienes que asumirla. Quien discrepa no debe ser catalogado como un sospechoso. Un discrepante es un discrepante, no un disidente”.

Toni Cantó localiza su responsabilidad en el triángulo de la libertad individual, la disciplina y los deberes con los ciudadanos, mientras que Irene Lozano otorga la redundante o aspirada independencia de los independientes el valor de un puente contaminado con la realidad, más o menos como si los partidos políticos, especialmente los grandes, se resintieran de un cierto gigantismo y aislamiento.

“Ya no estamos en los tiempos de la brocha gorda, cuando los partidos eran monolíticos, sino en los tiempos de los matices”, explica el fichaje socialista. “Hay suficientes márgenes de discusión y de debate. Estando en un partido, no tiene sentido hacer la guerra por tu cuenta, pero me parece inquietante que las discrepancias necesarias y saludables se perciban desde fuera como una división o una ruptura, cuando, en realidad, definen una pluralidad necesaria”.

No termina de coincidir Toni Cantó. Su experiencia como vigía de los partidos grandes desde el escaño de un partido modesto le demuestra que los aparatos depuran el menor atisbo de discrepancia. “Sobre todo con los hechos, puesto que al diputado rebelde que estaba en la segunda fila se le condena a la última para represaliarlo".

Es una de las posibilidades. Otra, no menos habitual, consiste en eludir los debates internos que pueden originar discrepancias. Álvarez de Toledo lo ha experimentado en el PP cuando se procrastinaba la reforma de la ley del aborto. Que estaba en el programa. Y que se evitaba en una especie de conveniencia orgánica o de prevención infantil.

“Urge una reforma esencial la del parlamento respecto a la relevancia de los diputados. Ocurre que en los grupos grandes tienes voto, pero no tienes voz. No existe el individuo, el diputado en sentido individual. Impera la grupocracia. Mandan las direcciones de los grupos parlamentarios de una manera total y termina sofocándose, en perjuicio del propio partido, la salud de las reflexiones y de los contrastes”.

Asiste estupefacto al debate el juez o ex juez Yllanes (está en excedencia). Estupefacto porque reprocha a las grandes fuerzas políticas avenirse a plantearse ahora “cuestiones tan elementales como la democracia interna, las listas abiertas, la voluntad de los militantes”. “Lo que me temo, desgraciadamente, es que todas estas urgencias han sobrevenido por la presión que hemos creado las fuerzas emergentes. Han tenido que tambalearse las estructuras del sistema, y ahí está Podemos, para que los partidos antiguos reconsideren su estado de esclerosis”.

Es la razón por la que el superjuez de Podemos sostiene que “el político no debe responder al partido, sino al ciudadano. Está obligado a responder de lo que ha hecho y no ha hecho, en lugar de insistir en ese juego endogámico y autocomplaciente que prima la dialéctica de la sumisión al aparato y que olvida el compromiso con el votante”.

Comprende uno la estupefacción del juez, no tanto en la dimensión partidista, como porque el testimonio de Álvarez de Toledo, Cantó y Lozano, los tres diputados, redunda en la impresión de un Parlamento que ha perdido su peso y hasta sus obligaciones democráticas, hasta el extremo de que candidato de Ciudadanos por Valencia reconoce que “el 80% del trabajo del Congreso no vale para nada”.

No le contradicen sus camaradas. Casi al contrario, aportan argumentos en la misma dirección. Lozano sostiene, por ejemplo, que “los últimos cuatro años han sido letales” por el rodillo del PP y la consiguiente neutralización de cualquier debate a los pies de la mayoría absoluta, mientras que la diputada popular relaciona la defunción parlamentaria con el impacto que ha tenido la política fuera de él.

“La política se hace en los platós”, explica. “Estamos en los tiempos de la sharecracia”, un neologismo que alude a la disputa por la audiencia en las tertulias y en los espacios catódicos. Y que podría relativizarse o contenerse “si el Parlamento consagra los plenos a las cuestiones capitales, en lugar de malograrse en debates estériles”. “Tiene”, añade, “que recuperar su posición de eje democrático. La ha perdido por su propia burocratización y reglamentos".

Y es entonces cuando Toni Cantó identifica el diagnóstico de su colega con una experiencia personal en sus inicios. Mantuvo una ingenua conversación con el Rodríguez Zapatero. Ingenua y anorgásmica, pues el entonces presidente socialista lo desengañó: “Aquí se empieza con mucha ilusión, pero luego terminan imponiéndose los procedimientos”.

Procedimientos. Una abstracción, una expresión elefantiásica de la política que irrita a Juan Pedro Yllanes en cuanto la escucha. “La gran novedad que incorpora Podemos al escenario es que se ha acabado el ping-pong entre el PP y el PSOE. Ya no se puede hacer la política sin consenso, sin diálogo, sin conversar. No hemos venido a cargarnos las cosas, sino a cambiarlas. Ha habido muchos años para relanzar la democracia. Y es ahora cuando el PP y el PSOE se dan cuenta porque les asusta que llegue gente rara. Rara como yo, un juez que antepone su compromiso ciudadano sobre cualquier otra circunstancia y que deja a un lado la ocasión de presidir un juicio de campanillas”.

Transcurre la conversación en la rotativa de EL PAÍS a la hora en que las máquinas descansan. Hay cámaras, pero mimetizadas entre las bambalinas de una escenografía industrial que en nada se parece a un plató televisivo y que contiene la tentación de sobreactuar.

Discrepar, en cambio, se discrepa. Y hasta se colisiona en términos verbales. Sobre todo cuando Cayetana Álvarez y Juan Pedro Yllanes expresan sus diferencias sobre la responsabilidad de la sociedad misma en tantos problemas que identificamos mecánicamente con la clase política.

Según la diputada saliente, “se ha producido una infantilización de la sociedad porque la clase política la trata como a niños y tiene miedo a contar las verdades”, mientras que el diputado entrante sostiene todo lo contrario, de modo que el 15M y la creación de Podemos “constituyen la demostración de un movimiento ciudadano que se declaraba activo, comprometido, hastiado y carente de representación”.

No es la única discrepancia. Tanto considera Álvarez de Toledo improcedente reformar la Constitución -“no es el problema y cambiarla no es la solución”- , tanto el ex juez recomienda una profunda transformación de la Carta Magna. Mucho más profunda de cuanto defiende necesaria Irene Lozano, aunque la protodiputada socialista sostiene la conveniencia de un modelo federal cuya urgencia se añade a “la independencia de las instituciones de control y supervisión”, especialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas y, con más razón todavía, el Tribunal Constitucional.

“Es éste último un ejemplo categórico de la injerencia de la política en la independencia de la justicia. Y no me preocupa la politización, porque la política es una parte de la sociedad, sino la partidización de la justicia", un término cacofónico y también eficaz que Yllanes ha creado, esta vez sí, con la plena aquiescencia de sus interlocutores, ensayando, como ensayaban una nueva edad de la política española que los obliga a entenderse.