Cerrado el ‘caso Aznalcóllar’ tras seis meses y 15 detenidos

Seis meses después del inicio del caso Aznalcóllar, la juez Patricia Fernández ha archivado esta investigación sobre el concurso de la adjudicación para la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), tras no apreciar indicios de prevaricación. Al comienzo la magistrada censuró a la Junta de Andalucía por conceder “sin el más mínimo rigor” la reapertura al Grupo México y Minorbis, pero tras la detención policial de 15 cargos y funcionarios del Ejecutivo, la magistrada concluye ahora que no hubo resoluciones injustas para favorecer a las firmas ganadoras.

La investigación policial y judicial sobre el concurso público para reabrir la mina de Aznalcóllar ha supuesto uno de los quebraderos de cabeza de la Junta de Andalucía en esta legislatura. La oposición censuró el procedimiento empleado por el Ejecutivo socialista, novedoso porque su tramitación no está especificada en la Ley de Minas. Sobre todo después de la declaración como detenida ante la policía y posterior imputación de la ex directora general de Industria, Energía y Minas María José Asensio, apartada de su cargo tras comparecer ante la juez.

Sin embargo, seis meses después y tras la declaración ante la policía de 15 cargos y funcionarios, siete de ellos imputados, la juez ha descartado las denuncias de la empresa perdedora del concurso, Emerita, y no ve delito ni un supuesto acuerdo entre los imputados para favorecer a la empresa ganadora. “Hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto teniendo en cuenta, además, que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc”, reza el auto de la magistrada.

Tras el mayor desastre medioambiental del país, que en 1998 supuso el vertido de lodos tóxicos que contaminó el entorno del parque nacional de Doñana tras la rotura de la balsa, la reapertura de la explotación se antojaba complicada. Y la investigación judicial iniciada en primavera, unida a la denuncia policial sobre vertidos de “aguas contaminantes”, complicó la delicada reapertura. Ahora, la inversión prevista de más de 300 millones tiene de nuevo luz verde.

El objetivo es la explotación de unas reservas de cobre, plomo y cinc de 30 a 35 millones de toneladas, y otros 45 millones de “recursos probables” hasta 2035, con una inversión inicial de siete millones que supondrá empleo para una zona de mucho paro.

Ahora la juez ha rechazado con su auto la tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en un atestado acusó a la Junta de amañar el concurso al alterar los criterios establecidos en la Ley de Minas para poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado. La instructora descarta conducta ilegal por parte de los responsables de la Administración, y plantea a los denunciantes la vía contencioso-administrativa como alternativa. “No puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas”, resuelve el auto de archivo, que Emerita recurrirá ante la Audiencia de Sevilla.

Junto a la ex directora general de Minas, declararon técnicos que intervinieron en el concurso, resuelto el pasado febrero. La denuncia inicial censuró los contactos entre la firma ganadora y el secretario general de Industria, Vicente Fernández, para preguntar por la negociación entre Emérita y Minorbis. Pero la juez no ve delictivos los contactos. Al inicio de la instrucción, la Junta andaluza suspendió de manera cautelar la concesión de la mina. La semana pasada, el Gobierno andaluz se adelantó a la magistrada y puso fin a la suspensión al entregar al grupo ganador Minera Los Frailes (Minorbis y Grupo México) los terrenos para reabrir la mina.

Mientras que Emerita rechazó opinar sobre el auto, el abogado defensor Juan Carlos Alférez valoró: “El archivo de la causa es un ejemplo del buen funcionamiento del sistema (...) el simple hecho de ser imputado en un proceso penal no es sinónimo ni de culpabilidad ni de condena”.

Cerrada en primera instancia la instrucción judicial, la Junta espera ahora retomar la mina “de forma inmediata”. El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, disparó contra los críticos del procedimiento empleado en el concurso: “Personas e instituciones que hayan preferido apuntarse al ruido (...) Hoy queda claro que esa estrategia tenía un recorrido corto, con las cosas de comer no se debe jugar”, indicó sobre el retraso para la creación de empleo que generará la apertura de la explotación. Maldonado evitó precisar si se refería a los empresarios denunciantes o a la policía, ni si les denunciará por sus críticas: “Espero que no salgan gratuitas las acusaciones totalmente irresponsables”. El proceso para la reapertura “está en marcha”, enfatizó el consejero andaluz, que dejó en el aire la vuelta de Asensio a su cargo, informa Efe.

En julio, la Asociación de Letrados de la Junta, que agrupa a un centenar de profesionales, denunció a policías de la UDEF por “detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral” de una letrada que fue a declarar a la policía como detenida durante la investigación. Otra juez investiga de momento esta denuncia.