El juez archiva la causa de la muerte de 15 inmigrantes en El Tarajal

La titular del Juzgado número 6 de Ceuta, Carmen Serván, ha decidido archivar la causa contra los 16 agentes de la Guardia Civil, entre ellos un capitán, un teniente, un sargento y el resto son agentes, que fueron imputados por su actuación en el espigón de la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014. Esa mañana se registró un intento masivo de entrada en la ciudad autónoma, protagonizado por varios cientos de inmigrantes, de los que 15, todos varones subsaharianos, perecieron ahogados en el mar a muy escasa distancia de la orilla, cuando pretendían acceder a la ciudad a través del espigón marítimo fronterizo del Tarajal.

Cinco de los cadáveres fueron rescatados en días posteriores en aguas de Ceuta, mientras que los otros diez cuerpos quedaron en aguas marroquíes. Recientemente la jueza había vuelto a pedir por tercera vez a las autoridades judiciales del país vecino las autopsias de esos diez inmigrantes. En las dos ocasiones anteriores las autoridades del país vecino no han contestado a la solicitud

Según el auto adelantado por el diario El Faro de Ceuta, y por el que se ha dictado el sobreseimiento del caso, la Guardia Civil actuó según la orden de servicio 15/11, y que las circunstancias que se produjeron ese día en el Tarajal “legitimaron el uso de material antidisturbios”. En el auto, la jueza explica que los agentes se vieron “obligados a emplearlo” en el ejercicio de sus funciones de protección de la frontera.

El auto provisional se ha conocido este jueves. El documento considera que no hay responsabilidad criminal de los guardias civiles que han permanecido imputados en esta causa, entre ellos, miembros de la compañía de Ceuta y componentes de los Grupos Rurales de Seguridad. Los guardias civiles estaban imputados por delitos de homicidio y lesiones imprudentes además de un delito de prevaricación. En su parte dispositiva la magistrada Serván dicta sobreseimiento provisional en ambos casos.

El pasado mes de abril la jueza rechazó la petición de la defensa de los guardias civiles citados a declarar como imputados para sobreseer la causa. Antes, en febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, la instructora vio rechazada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu su propuesta para inhibirse. Para el magistrado en ese momento procesal no estaba acreditado si las muertes de los migrantes se produjeron en España, en Marruecos o en territorios de ambos reinos, puesto que los cadáveres se rescataron tanto en aguas marroquíes como en aguas españolas.

El procedimiento se inició tras la denuncia de la Abogacía del Estado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado así como otras asociaciones como Coordinadora de Barrios y Pro Derechos Humanos.