Feijóo profundiza en la limpieza del PP y cesa a dos delegados imputados

El presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, profundiza en la limpieza política de su partido. A la amplia modificación de su Ejecutivo realizada el pasado domingo —y que incluyó el cese de su cuestionada consejera de Sanidad—, el presidente gallego suma ahora los ceses de dos altos cargos de su Gobierno, imputados en procesos judiciales: los delegados de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, y en Ourense, Rogelio Martínez.

El presidente ha anunciado los ceses de ambos cargos de su máxima confianza en el Consejo de la Xunta celebrado este jueves por la mañana. Con su decisión, Feijóo consigue presentarse —a tres meses de las elecciones generales y a un año de las autonómicas— como adalid de la regeneración democrática frente a un PSdeG (los socialistas gallegos) que mantiene como líder al expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, imputado en el caso O Garañón, que investiga posibles delitos contra la ordenación del territorio.

Aunque reconociendo que sus imputaciones han pesado, Feijóo ha asegurado en una rueda de prensa posterior al Consejo de la Xunta que ambos ceses fueron solicitados por los afectados. Bravo Bosch será sustituida por el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Ignacio López-Chaves, y Martínez, por la diputada Marisol Mouteira.

Feijóo había avisado esta semana de que la remodelación de su Gobierno no sería la única que llevaría a cabo para cumplir con "la renovación que piden los gallegos". Este jueves por la mañana la ha completado.

Bravo Bosch, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Vigo, fue imputada hace un par de semanas en la Operación Patos, que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en la provincia de Pontevedra. Está imputada junto a otros 50 políticos y funcionarios y tiene que declarar en los juzgados el próximo 5 de noviembre.

Martínez, que fue vicepresidente de la Diputación de Ourense durante los mandatos del cacique Baltar, condenado por prevaricación, lleva casi una década imputado por supuestamente quedarse con dinero procedente de fondos estructurales de la Unión Europea. Se le atribuyen los supuestos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación continuada.

Feijóo se había mantenido firme en el respaldo a su hombre de confianza en Ourense, pese a las reiteradas peticiones de dimisión realizadas por todos los grupos de oposición. Hasta ahora, el presidente gallego había avalando la estrategia judicial del orensano, que ha conseguido dilatar durante casi 10 años los trámites en una causa por la que hasta el momento han desfilado media docena de jueces y para la que la fiscalía pide el archivo por considerar que los delitos han prescrito.