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La anhelada vuelta a Sefarad

Entra en vigor la ley que facilita la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados en 1492

Mapa con las migraciones sefardies expuesto en el congreso organizado por la casa de Israel en Ávila el pasado 30 de abril.
Mapa con las migraciones sefardies expuesto en el congreso organizado por la casa de Israel en Ávila el pasado 30 de abril.

Desde hoy, los sefardíes repartidos por los cinco continentes podrán iniciar los trámites para ser españoles gracias a una ley que se aprobó en junio. De Argentina a Turquía, serán miles, probablemente decenas de miles, las personas que deseen "recuperar" la nacionalidad de sus ancestros, pero será sin duda en Israel donde el número de solicitudes resulte más significativo.

"No soy capaz de poner números al interés que ha suscitado esta ley, pero hay una gran expectativa. Recibimos llamadas todos los días de personas pidiendo información y orientación", explica Manuel González, titular de la sección consular de la Embajada de España en Tel Aviv.

Los judíos expulsados de España en 1492 e instalados en el norte de África, los Balcanes o el imperio Otomano conservaron su identidad a través de los siglos, gracias a las tradiciones, la cocina y, sobre todo, a la lengua, el ladino, un español del siglo XV influido con el tiempo por el griego, el turco o el francés. Entre los sefardíes late todavía hoy una gran nostalgia por Sefarad, por España, en hebreo.

Según la ley aprobada el 11 de junio pasado, "la España de hoy quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro" con las comunidades sefardíes.

"Soy prudente y no me gusta decir que esta ley hace justicia. Digamos que mejora un poco la imagen de España y añade piezas en el mosaico del reencuentro entre los dos pueblos", explica Abraham Haim, presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén.

"Error histórico"

En Israel, esta ley con la que España desea reparar "un error histórico" ha provocado reacciones encontradas debido a los abundantes requisitos que exige. Los solicitantes deberán probar su condición de sefardíes con un certificado expedido por organizaciones autorizadas por España. Además, la ley, que tiene una vigencia de tres años, exige pasar una prueba de lengua española y otra de conocimiento de la realidad política, social y cultural de España.

"La ley regula una situación compleja y sin precedentes: estamos hablando de descendientes de personas que vivieron hace más de 500 años. Conceder la nacionalidad es algo muy importante y el procedimiento debe estar impregnado de seriedad", explica González.

Por otra parte, el proceso exige gastos importantes en tasas, traducciones y exámenes, además de un viaje a España para comparecer ante un notario. Haim calcula que cada solicitante deberá pagar en total unos 4.000 euros. "Hay que ser realistas: habrá gente que no podrá asumir este gasto", afirma.

La misma opinión comparte León Amiras, abogado argentino y fundador de la ONG Olei, que agrupa a los inmigrantes en Israel de América Latina, España y Portugal. "Hay ancianos sefardíes que quieren el pasaporte para llevarlo en el corazón y nunca lo usarán. Ellos quedarán probablemente fuera", apunta.

No obstante, el letrado se felicita porque los últimos requisitos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 septiembre "muestran una pequeña luz al final del túnel" al agilizar ciertos trámites como traducciones o certificados de origen.

Una cifra difícil de calcular

España aprobó el pasado junio una ley que facilita y acelera la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados en 1492 de la península Ibérica, que en su diáspora formaron comunidades en diversos países de Europa, el Mediterráneo Oriental y el Norte de África.

A los solicitantes no se les exigirá que renuncien a su nacionalidad ni que residan en España. El número de sefardíes en el mundo es imposible de calcular. Algunas fuentes hablan de dos millones repartidos fundamentalmente por Israel, Francia, EE UU y Argentina. Sólo una parte cumplirá los requisitos de la ley, que incluyen entre otros un certificado de origen, conocimiento de la lengua española y de la cultura y realidad españolas.