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Baleares ofrecerá asistencia sanitaria gratuita a 15.000 irregulares

Los inmigrantes serán integrados en el sistema informático sanitario

Cabecera de una manifestación por la sanidad pública en abril de 2009 ante la conselleria de Sanidad del Gobierno balear. Ampliar foto
Cabecera de una manifestación por la sanidad pública en abril de 2009 ante la conselleria de Sanidad del Gobierno balear. EFE

Cerca de 15.000 extranjeros que residen irregularmente en Baleares recibirán asistencia médica y farmacéutica de manera gratuita en el sistema de salud pública. Este colectivo actualmente no dispone de tarjeta sanitaria, ni cuenta con recursos económicos suficientes. Así lo ha anunciado el nuevo Gobierno balear (PSOE y Mès) este viernes.

De este modo, el Gobierno autonomico intenta rectificar la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Dentro de su plan de ajustes y recortes, el Ejecutivo dejó fuera de la asistencia médica —no urgente o en el ámbito infantil— a los inmigrantes sin amparo legal. Esta decisión es una bandera del nuevo pacto tripartito de la izquierda en Baleares para "restituir el derecho a la asistencia sanitaria universal y gratuita". 

"Se acaba una situación socialmente cruel, una austeridad mal entendida", ha asegurado la consejera de Sanidad, Patricia Gómez (PSOE). Gómez ha describido así la decisión del Gobierno autonómico, presidido por la socialista Francina Armengol y formado por el PSOE y Més, con el apoyo externo de Podemos.

La nueva mandataria balear realizó este martes su primera visita oficial a Sa Pobla, la población de Mallorca con el índice más alto de inmigración y ejemplo de integración: un 20% de los 12.600 habitantes son extranjeros, en su mayor parte magrebíes.

Los inmigrantes que soliciten ser incluidos en el sistema público deberán efectuar una declaración jurada sobre su situación y falta de recursos. No recibirán una tarjeta, sino que serán integrados en el sistema informático sanitario y tendrán un documento válido para la comunidad de Baleares durante un año, que será renovable.

Para renovar su tarjeta, los ciudadanos de las islas abonan una tasa de 10 euros que el nuevo Gobierno quiere derogar por ley. El anterior ejecutivo de José Ramón Bauzá (PP), según los nuevos gobernantes, no dejó ningún estudio sobre el número de afectados por la retirada de la tarjeta, ni el impacto económico de la decisión.

La comunidad balear tiene registradas un millón sesenta mil tarjetas sanitarias, una cifra casi idéntica a la población. Se calcula que en tres años el PP retiró unas 20.000 tarjetas a extranjeros no comunitarios.