La nueva España autonómica apuesta por el giro social y la austeridad

La nueva España de las autonomías dedicará más presupuesto a las políticas sociales y menos al protocolo y a los sueldos de los cargos electos gracias al empuje desde la oposición de las fuerzas minoritarias (Ciudadanos y Podemos) y a las necesidades desde el Gobierno de los partidos mayoritarios (PP y PSOE).

La España de las 17 comunidades gira a la izquierda: el PP pierde seis de las 11 comunidades donde gobernaba y el PSOE, que mandaba en dos cuyo poder mantiene en sus manos (Andalucía y Asturias) ganará otras cinco. La nueva España de las autonomías se queda sin mayorías absolutas, con la excepción de Galicia, y apuesta por incrementar (mucho) el control sobre sus políticos, que perderán privilegios judiciales y deberán rendir cuenta de su patrimonio.

Los resultados electorales del pasado 24 de mayo dibujaron un mapa político abocado a la inestabilidad. Pero los pactos han salvado, de momento, la amenaza de bloqueo y de elecciones anticipadas. Ciudadanos apoya directa o indirectamente al PP en cuatro autonomías (Madrid, Murcia, Castilla y León y La Rioja) y al PSOE en una (Andalucía). Podemos y otras formaciones o plataformas ciudadanas de izquierda permitirán, salvo sorpresas de última hora, gobiernos socialistas en otras seis (Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares).

El PP ha perdido su inmenso poder autonómico. De gobernar a 25 millones de personas en 11 autonomías pasará a mandar en solo cinco comunidades con 11 millones de habitantes. El desplome popular beneficia a su principal adversario político pese a que tampoco cosechó buenos resultados electorales.

El PSOE colocará a sus candidatos al frente de los gobiernos de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura y mantiene la presidencia en Andalucía y Asturias. Los socialistas pasarán de gestionar territorios con 9,5 millones de habitantes a administrar los intereses de más de 20 millones de personas.

En las próximas tres semanas se celebrarán las sesiones de investidura, se conformarán los nuevos gobiernos y comenzarán a aplicarse las nuevas políticas en 13 comunidades autónomas que celebraron elecciones el pasado 24 de mayo. A derecha e izquierda se han pactado compromisos que suponen un incremento importante del gasto social, la aprobación de un importante paquete de medidas de regeneración democrática y la paralización de proyectos privatizadores.

Más profesores y médicos. En Andalucia (pacto Ciudadanos/PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE/Podemos), Madrid (Ciudadanos/PP) o Comunidad Valenciana (Compromis/Podemos/PSOE) los acuerdos por escrito comprometen la contratación de cientos de profesionales de la sanidad y la educación en cada territorio para recuperar, en parte, las plantillas recortadas durante la crisis económica.

Paralización de privatizaciones. Los planes del Gobierno del PP para vender la mitad del Canal de Isabel II, la empresa del agua de la Comunidad de Madrid que gana cientos de millones de euros al año, han sido anulados por el acuerdo de la futura presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, con Ciudadanos. También se ha comprometido Cifuentes a mantener la gestión pública de los hospitales, a diferencia de lo que intentaron hacer desde el Gobierno saliente del PP. En otras comunidades, como Castilla-La Mancha, hay un compromiso del PSOE con Podemos para estudiar la recuperación de la gestión pública en distintos servicios.

Rescate de las personas. Las comunidades donde gobernará el PSOE con los votos de Podemos se comprometen a crear oficinas para evitar desahucios o para buscar viviendas donde alojar a las familias que pierdan la suya. El PP acepta ampliar el presupuesto para becas de comedor y abrir los colegios en verano para dar de comer a los escolares que lo necesiten. También se han acordado en muchas autonomías presupuestos millonarios para ayudar a las rentas más bajas a afrontar los gastos de luz, agua o manutención, o subir los salarios mínimos de integración.

Bajar o subir impuestos. Ciudadanos ha pactado con el PP una política fiscal que mantiene la situación actual y se compromete a no subir impuestos durante el mandato en las autonomías donde gobernará la formación conservadora. En el acuerdo firmado en Madrid se incluye incluso el compromiso de congelar en cuatro años las tarifas del transporte público.

Podemos, con su mayor o menor fuerza en comunidades donde el PSOE necesita de sus votos, ha impuesto una política fiscal que reduce los impuestos a familias con ingresos inferiores a 25.000 euros y aumenta el gravamen para aquellas cuyas rentas superan los 50.000 euros anuales.

Eliminación de aforados. El Gobierno del PP en Madrid o los ejecutivos de izquierdas de Castilla-La Mancha o Andalucía se han comprometido a eliminar el privilegio judicial de los aforamientos que disfrutan sus diputados autonómicos.

Lucha contra la corrupción y primarias. Ciudadanos ha obligado al PP a comprometerse a la celebración de primarias para la elección de sus candidatos, a limitar los mandatos de presidente y consejero a dos legislaturas, a prohibir compatibilizar el cargo de diputado autonómico con el de alcalde o concejal, a forzar la dimisión de imputados o de quienes engañen en sus méritos académicos y a auditar las cuentas de los gobiernos anteriores. Además, Ciudadanos impuso al PP dimisiones de altos cargos tocados por la sospecha en Madrid, Murcia o La Rioja.

El PSOE alcanzó acuerdos con Ciudadanos en Andalucía) o con Podemos en otras regiones para crear dentro de los parlamentos autonómicos oficinas que luchen contra el fraude y la corrupción.

Ahorro en asesores y en sueldos. Las comunidades donde gobernará la izquierda debaten fuertes bajadas de sueldos de los parlamentarios. En Extremadura, Podemos intenta obligar al PSOE a aceptar un salario máximo por parlamentario de 1.900 euros al mes (tres veces el Salario Mínimo Interprofesional). El PSOE se resiste y plantea un mínimo de 2.200 euros más dietas por otros conceptos. En Castilla-La Mancha, donde el anterior Gobierno eliminó las retribuciones a parlamentarios, Podemos y el PSOE han alcanzado un acuerdo para establecer un salario mensual para todos los diputados de 1.900 euros. Todos los acuerdos autonómicos plantean una reducción notable en el número de asesores.