¿Puede un alcalde evitar los desahucios?

Las dos principales candidatas a las alcaldías de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, incluyen entre sus prioridades evitar los desahucios en sus ciudades, pero sus rivales políticos han mostrado dudas de que puedan hacerlo. Unos basan sus recelos en argumentos jurídicos y otros en puro escepticismo. Colau es una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y Carmena ha hecho del fin de los desahucios una causa durante su campaña y en los primeros días después de las elecciones, por lo que las dos se juegan gran parte del crédito de su electorado en conseguir este objetivo.

Pero ¿puede un alcalde evitar que haya desahucios? Una vez que el juez dicta la orden de desalojo, no. Sin embargo, experiencias desarrolladas en algunas comunidades y municipios demuestran que los Ayuntamientos pueden hacer mucho para evitar el lanzamiento [ejecución del desahucio] de sus vecinos.

¿Qué proponen Carmena y Colau? La candidata de Ahora Madrid se ha comprometido a poner, en sus primeros 100 días de mandato, “todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda”. Colau, en Barcelona, se ha propuesto acabar con los desalojos por motivos económicos. Ambas candidatas admiten, por tanto, que es imposible impedir todos los desahucios, pero abogan por medidas que eviten muchos de los que se producen. En el caso de no lograrlo, plantean garantizar a las familias “una alternativa habitacional” (Madrid) o un “realojo adecuado” (Barcelona); es decir, que el Ayuntamiento se implique para facilitar un techo a los afectados.

¿Qué medios tiene un Ayuntamiento contra un desalojo? Lo primero que hace falta es “voluntad política”. Lo dice Juan Bermúdez (IU), el alcalde de Conil (Cádiz, 22.000 habitantes), un municipio que lleva a gala no haber vivido ningún desahucio desde que empezó la crisis. Vecinos en riesgo de ser desalojados ha tenido muchos, pero el equipo municipal se ha implicado personalmente en la mediación con las entidades financieras. El lanzamiento se debe a un incumplimiento de contrato entre un particular (el dueño de la casa) y el banco que le concedió la hipoteca, por lo que el papel del gobierno local es, sobre todo, de mediación entre ambos. Este es uno de los pilares de los planes contra los desahucios que han puesto en marcha algunas comunidades, como Andalucía y el País Vasco.

El plan de Carmena es parecido: ella pretende mediar desde el Ayuntamiento. Para lograrlo, la candidata de Ahora Madrid propone una Oficina de Mediación Hipotecaria cuyo trabajo esté amparado, sobre todo, en dos convenios: uno entre el Ayuntamiento y los jueces, para que estos avisen de los casos de impago de hipoteca con riesgo de desahucio; y otro entre el gobierno local y los bancos, para buscar soluciones antes de que la entidad pida el desalojo.

¿Qué ofrece la Administración al banco? La negociación suele centrarse en tres opciones, en función de las circunstancias de la familia: convencer al banco para que conceda la dación en pago (la familia devuelve la casa y con ello cancela la deuda), pactar la refinanciación de la hipoteca o lograr que la familia se quede en la vivienda ya embargada pagando un alquiler barato. “Así hemos conseguido parar 6.000 desahucios”, asegura Elena Cortés, la consejera andaluza de Vivienda que puso en marcha este programa en 2012. El Gobierno vasco cifra en un 60% el porcentaje de lanzamientos evitados a través de esa negociación.

¿Se puede negociar con los jueces en última instancia? El plan de la candidata Carmena —que es juez— incluye la colaboración de sus colegas de profesión para que comuniquen al Ayuntamiento los casos de familias en riesgo de ser desahuciadas. En algunos casos, un Gobierno regional o un Ayuntamiento han llegado a mediar entre el afectado y el juez para que posponga el lanzamiento hasta que la familia pueda ser realojada en una vivienda social. Así lo dictó una juez de Sevilla en el caso de la corrala Utopía, un edificio vacío propiedad de un banco que fue ocupado durante dos años por decenas de familias. Otros jueces han dictado órdenes similares para amparar a familias en riesgo de exclusión.