El peso de la toga

El magistrado Joaquín Sánchez Ugena regresó a casa, el 8 de mayo de 2014, pasadas las 15.30. Quizás, por ser jueves de feria en Sevilla, decidió seguir trabajando desde su domicilio, cuando lo habitual era que permaneciera en su despacho de la Audiencia Provincial hasta bien entradas las diez de la noche. Era presidente de la sección primera de este órgano sevillano. Tras almorzar y leer el periódico, Sánchez Ugena estudió durante toda la tarde un recurso de apelación. Decidió irse pronto a la cama aquejado por una hernia lumbar. Falleció de un infarto esa noche. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reconozca que Sánchez Ugena murió a consecuencia de la carga de trabajo que soportaba.

Un año después, el magistrado sigue presente en las dependencias de esta sección provincial. Un recorte de periódico con su necrológica cuelga aún de un pequeño tablón de corcho. “Era un trabajador incansable, no tenía más hobby que el de trabajar”, asegura la magistrada María Dolores Sánchez. Una afición que practicaba, habitualmente, hasta los domingos. Por su mesa como presidente de esta sección, han pasado decenas de recursos de casos como el de Mercasevilla (germen del caso de los ERE) o sobre la investigación de la venta de acciones del Betis, ambos instruidos por la juez Mercedes Alaya. “Imagínese, solo con estos dos casos, la carga de trabajo”, añade Sánchez. “Dejaba al lado sus asuntos personales, hay días que ni comía y se marchaba de aquí a las una de la madrugada, lo suyo era plena entrega”, apunta la magistrada Pilar Lorente.

El alto tribunal andaluz considera probado que Sánchez Ugena, con 67 años y natural de Badajoz, murió a causa de “la ansiedad, la depresión, el estrés psicosocial y, sobre todo, el estrés producido por una inmensa carga de trabajo”, que el TSJA llega a calificar como inasumible. A ello suma “su personalidad exigente y, especialmente, responsable”. “Procuraba resolver en el mismo día todos los asuntos de manera que no quedase nada que resolver para el día siguiente”, apunta el juez que ha estudiado su caso. Una opinión que comparten todos a quienes se les pregunta por su forma de trabajar. “Siempre defendió que si la justicia no le daba al ciudadano una respuesta rápida, no se hacía justicia”, recuerda la magistrada de la sección primera de la Audiencia, Auxiliadora Echavarri. “Hay abogados que temían tenerlo en frente, precisamente, por su celeridad y porque sabía poner a cada uno en su sitio”, apunta un letrado.

El TSJA considera el fallecimiento de Sánchez Ugena -quien padecía hipertensión y había sufrido varios infartos cerebrales- un accidente laboral y, por ello, pide el Poder Judicial que le conceda una pensión extraordinaria a su viuda. “En el ámbito judicial, llegamos tarde en la prevención de riesgos laborales”, reconoce el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya. “El estrés, el acoso o las agresiones no estaban consideradas realidades de la actividad judicial”, agrega. Y es que, en los últimos años, estas han sido la causa de enfermedades de otros muchos magistrados. Ahora, están contempladas en el primer plan de prevención, aprobado el pasado enero y en el que se considera la carga de trabajo como un factor de riesgo para la salud de los magistrados. “Los próximos meses, no solo se evaluará las condiciones de trabajo de los jueces sino que también se determinará cuánta carga pueden asumir”, explica Martínez Moya.

Según los datos de 2014, las secciones de lo penal de la Audiencia de Sevilla ingresaron más de 7.600 asuntos, lo que supuso una medida de 410 expedientes para cada magistrado. Este dato está muy por encima de la horquilla que recomienda el Poder Judicial de entre 264 y 316. Una estadística que Sánchez Ugeno rompió durante sus años en la Audiencia. Resolvió más asuntos que la media de sus compañeros (434 expedientes frente a 390, en 2012, por ejemplo). “Su negociado siempre lo tenía al día”, apunta su sustituto en la Audiencia, Pedro Izquierdo. “Murió sin dejar un caso pendiente”, apoya el magistrado Juan Antonio Calle. Pese a ser la comunidad autónoma con la tasa de de litigiosidad más alta (218,2 asunto por cada mil habitantes frente a los 185 en España), la congestión de los juzgados está en la media nacional. “La carga de trabajo es brutal, estamos achicharrados”, afirma María Dolores Sánchez. “Las estadísticas hablan por sí solas”, asegura Auxiliadora Echavarri mientras señala la pila de documentos que invade su mesa. Desde 2012, los magistrados de la Audiencia llevan pidiendo que se cree otra sección penal para hacer frente a la “inasumible” carga de trabajo.

Pero en sus 41 años de servicio, la labor de Sánchez Ugena no ha estado ajena a la polémica. El día antes de su muerte, presentó un recurso contra un expediente sancionador que el Poder Judicial le había abierto por dejación de sus obligaciones. Él, junto a María Dolores Sánchez y Juan Antonio Calle, fue suspendido de sus funciones por 10 días. “Le supuso un batacazo, él que había dedicado toda su vida al trabajo”, apunta Pilar Lorente. En noviembre de 2014, el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado y declaró nulo el expediente sancionador. Pero, para el magistrado, ya era demasiado tarde. “Se murió sin ver restablecido su honor. Para él fue una auténtica vergüenza”, apunta Echavarri. “Nunca, nunca en la vida me he ido a dormir dejándome un asunto pendiente”, reproduce las palabras del fallecido el TSJA. La sanción del Poder Judicial (la primera que imponía tras su actual composición) fue interpretada por los magistrados como un aviso de “mano dura”.

Considerado pionero en la protección de las víctimas, Sánchez Ugena presidió la sala que endureció la condena al torero José Ortega Cano, al considerarlo culpable de otro delito contra la Seguridad Vial por conducir bajo los efectos del alcohol; también condenó a 68 años de prisión a finales de los noventa al autor de un triple crimen que conmocionó a la localidad onubense de Nerva; o consideró, durante su paso por el TSJA, que la asignatura de Educación para la Ciudadanía imponía la llamada “ideología de género, es decir, que propugnaba que a la persona no le defina el sexo sino la opción sexual elegida. “Hay que reconocer que sus sentencias eran verdaderas obras literarias, bromeaba diciendo que era mejor escritor que juez”, recuerda Lorente.