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Vocales del CGPJ rechazan las críticas a la excarcelación de etarras

La asociación progresista asegura que el Gobierno “está perdiendo los papeles”

Santi Potros, a su salida de la prisión de Villena, el 4 de diciembre.
Santi Potros, a su salida de la prisión de Villena, el 4 de diciembre. AFP

Seis vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial han solicitado a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces que salga públicamente en defensa de la independencia de cuatro magistrados de la Audiencia Nacional, ante las "descalificaciones personales y profesionales muy graves" a que, según ellos, "se están viendo sometidos por algunos poderes públicos" tras su decisión de excarcelar a presos de ETA al computarles las penas cumplidas en Francia.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS y que será estudiado por la Comisión Permanente el próximo 16 de diciembre, los vocales se refieren expresamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que los tres magistrados de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia que excarcelaron al exdirigente etarra Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, y al miembro de la banda Alberto Plazaola, actuaron con un "criterio incomprensible" al aplicar una normativa europea. Otra sección de la Audiencia, la Segunda, aplicó una Ley Orgánica que todavía no había entrado en vigor y que impide la acumulación de condenas cumplidas en el extranjero anterior a agosto de 2010, para impedir que otro etarra, Iñaki Bilbao Beaskoetxea, se viera beneficiado en el cómputo de cumplimiento de condena en España.

En esa comparecencia, la número dos del Ejecutivo criticó abiertamente la decisión de la Sección Primera: “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros [el Gobierno] tampoco lo entendemos” clamó la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría criticó que la decisión puede variar en función de la sala que la adopte, y apoyó la decisión de la fiscalía de recurrir esta puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. “Nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso es más difícil porque, depende de la sección, se toma una decisión u otra. La ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley. El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la fiscalía”, aseguró.

Junto a lo que consideran una "injerencia" del Ejecutivo en la independencia de los jueces, los vocales mostraron su "honda preocupación" por las "invectivas" que los magistrados que decretaron la acumulación de las condenas en Francia han sufrido de algunos medios de comunicación. "Cuando se vierten en la opinión pública destacando los datos identificativos y la imagen de los magistrados que las adoptan, acompañado de comentarios agresivos y vejatorios y enmarcado todo ello en una puesta en escena calculadamente manipuladora, cabe sostener fundadamente que se está instrumentalizando ese derecho a la libre emisión y difusión de opiniones para quebrantar la independencia judicial”, sostienen los firmantes, Roser Bach, Victoria Cinto, Rafael Mozo, Concepcion Sáez, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga.

Según los vocales, "son las injerencias entre los poderes del Estado y el abuso en el ejercicio de los derechos lo que contribuye a minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial, a disminuir la confianza de los ciudadanos en los juzgados y tribunales y a generar la sospecha de falta de imparcialidad en jueces y magistrados”. Por ello, los vocales piden que el CGPJ salga en defensa de los jueces Manuel Fernández de Prado, Ramón Sáez y Javier Martínez Lázaro, magistrados de la Sección Primera que acordaron la acumulación de las condenas, y de José Ricardo de Prada, juez de la Sección Segunda que emitió un voto particular en el mismo sentido.

La asociación JpD, de carácter progresista, reclamó al Ejecutivo “un mayor respeto hacia la actuación independiente de los tribunales”

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) rechazó ayer los ataques del Gobierno y de “determinados medios públicos de comunicación” a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional por la excarcelación de presos de ETA al computarles las penas cumplidas en Francia en aplicación de una normativa europea. La asociación, de carácter progresista, reclamó al Ejecutivo “un mayor respeto hacia la actuación independiente de los tribunales”.

JpD ha recordado que “las resoluciones de nuestros tribunales pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos”, pero, afirman, “no resulta aceptable (…) la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político”. Según la asociación, “con estas actuaciones, el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes”.

Tras defender la independencia de los jueces y magistrados, JpD ha lamentado que el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, “no actúen ante una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias”. La asociación ve “inadmisible erosionar nuestro Estado de Derecho” y contrario a la ética “utilizar el dolor de las víctimas de manera partidista”.

JpD recuerda que “desde la judicatura no se ha mostrado jamás ninguna comprensión hacia los crímenes terroristas” y que “las resoluciones de la Audiencia Nacional han sido fundamentales en la respuesta penal a estos delitos”. Tras expresar su solidaridad con las víctimas de ETA, la asociación sostiene que “una democracia constitucional se debilita cuando el poder político utiliza mecanismos de instrumentalización emocional para atacar las instituciones judiciales”.

Por su parte, Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial y considerada de tendencia conservadora, consideró que las manifestaciones de la vicepresidenta no suponen un ataque a la independencia de los jueces. "Atentar contra la independencia de los jueces y magistrados es dificultarles su labor frente a su propio criterio. Aquí se observan dos posiciones judiciales, y que el Gobierno discrepe de una de ellas y se posicione a favor de otra tesis, no compromete la independencia", afirmó.