¿Hay que reformar la Constitución?

La pregunta que da título a esta columna ha sobrevolado estos días de aniversario en todos los medios de comunicación. Hace 36 años el pueblo español aprobó la Constitución. Todo un éxito: las buenas constituciones están hechas para durar y esta, a pesar de las actuales críticas, resiste bien el paso del tiempo. La España de 1978 poco tiene que ver con la actual. ¿Esto es debido a la Constitución? Por supuesto que no. Pero esto ha sido posible dentro de la Constitución: algo habrá contribuido, pues, en este gran salto adelante.

Nadie niega su conveniencia, sólo algunos ponen en cuestión su oportunidad

En la polémica de estos días sobre la necesidad de la reforma constitucional pueden percibirse dos actitudes: los expertos jurídicos parecen ser partidarios de la reforma y los partidos se muestran divididos y, en general, más recelosos. Nadie niega su conveniencia, sólo algunos ponen en cuestión su oportunidad. Falta consenso, es peligroso abrir el melón. Cierto: el consenso es imprescindible porque es una necesidad de toda constitución.

El momento constituyente necesita el consenso, un acuerdo de mínimos sobre cuestiones básicas

Efectivamente, las constituciones regulan aquello que no puede votarse en un Parlamento de acuerdo con las reglas de procedimiento propias de las leyes ordinarias. Las materias constitucionales son aquellas que quieren bloquearse —no blindarse, palabra de moda— con el fin de que sólo puedan ser reformadas por amplias mayorías. Por ello las constituciones no deben ser muy extensas y han de ser escritas en términos a veces vagos e indeterminados, con el fin de que sean desarrolladas por leyes de maneras diversas para que bajo una misma constitución puedan gobernar la derecha, el centro y la izquierda sin tener que reformarla. Por ello el momento constituyente necesita el consenso, un acuerdo de mínimos sobre cuestiones básicas.

Ahora bien, las constituciones pueden reformarse, con dificultades para que sean estables, pero pueden reformarse: en otro caso no serían normas democráticas. Y en estos momentos, en el caso español, parece haber un cierto acuerdo en las principales materias a reformar: la organización autonómica, los partidos como canales de participación popular y la dirección política del poder judicial.

No hay consenso en las soluciones, se dice, y es verdad. Pero puede haber consenso en la necesidad de la reforma y en las materias a las que debe afectar. A partir de ahí todo es empezar: el consenso sobre las soluciones es el punto de llegada, no el de partida. Una comisión compuesta de expertos y políticos, o el mismo Consejo de Estado, deberían poner manos a la obra para ir detectando problemas, acercando posiciones, buscando alternativas. Dar vueltas a las cosas en un clima reposado, fuera de la escandalera mediática. Discretamente, preparando borradores, estableciendo criterios fundamentales. Como se sabe, el roce hace el cariño.