La oposición rechaza en el Congreso las escuchas sin orden judicial

Toda la oposición parlamentaria rechaza la pretensión del Gobierno de ampliar los supuestos en los que el ministro del Interior pueda realizar intervenciones de comunicaciones sin orden judicial previa. Además, PSOE y CiU han hecho expreso este rechazo por primera vez en el Pleno del Congreso durante el debate de otra norma.

Así, el socialista Pedro José Muñoz ha asegurado que "es un despropósito más y un paso gravísimo" que convierte al ministro del Interior en el "jefe de la grabadora". El diputado de CiU Jordi Jané ha dicho sentirse alarmado  y ha explicado que "es más fácil conseguir consentimiento del ministro o secretario que el de un juez. Es muy peligroso y gravísimo que una persona tenga su teléfono pinchado durante 24 horas porque el ministro de Interior así lo decida".

En el pleno se debatía una  proposición de Ley de los socialistas sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras. El portavoz del PP, Leopoldo Barreda, se ha limitado a asegurar que "ya habrá tiempo de debatir estos aspectos" cuando la reforma llegue al Congreso y ha eludido defenderlo.

La posibilidad de las escuchas gubernativas ha sido introducido en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento que aún debe recabar los informes no vinculantes, volver al Consejo de Ministros y luego al trámite parlamentario.

Ese precepto ha sido criticado por las asociaciones de jueces y fiscales. Por ejemplo, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado en el que "lamentan que aspectos fundamentales de la reforma referidos a las Carreras Judicial y Fiscal demuestren, una vez más, el desconocimiento del Ministerio de Justicia sobre la organización y el trabajo ordinario de las Fiscalías y Juzgados".

Sobre las escuchas explican que "la regulación legal que el Anteproyecto realiza sobre la intervención de las telecomunicaciones resultaba ya imprescindible, si bien existen determinados aspectos en el texto aprobado que no respetan las debidas garantías, y es que se amplía el catálogo de delitos en cuya investigación el ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, pueden acordar la intervención de las telecomunicaciones -no solo para el caso de delitos de terrorismo, como sucedía anteriormente, sino también para delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que puedan ser considerados de especial gravedad-. Tal previsión legal, de dudosa constitucionalidad, atribuye exorbitantes facultades a responsables políticos, carentes de la debida garantía de imparcialidad, cualidad que, por el contrario, ostentan todos y cada uno de los Jueces de guardia existentes en los partidos judiciales del territorio nacional".

Concluyen que "del mismo modo, la regulación de la posibilidad de que se acuerde la incomunicación de un detenido, durante 24 horas y en determinados supuestos, también genera dudas sobre las garantías que deben asistir a una persona privada de libertad y sobre el alcance de su derecho de defensa".