Ruz le recuerda al PP que no ha colaborado con la justicia

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz insiste en que el Partido Popular no ha colaborado con la justicia en la causa sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero de Génova 13. La formación conservadora, a través de su gerente en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, imputado en la causa, pretendía que el magistrado suprimiera la expresión “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede nacional del PP el 19 de diciembre de 2013.

Ruz había utilizado el término “incautados” en el auto –resolución razonada- del pasado 24 de octubre en el que ponía de manifiesto que el PP abonó con 1,7 millones en dinero b las obras de reforma de su sede nacional. El gerente Cañas, subordinado de la presidenta del PP castellano-manchego, Dolores de Cospedal, presentó el pasado 29 de octubre un escrito en el juzgado de Ruz con el que pretendía que el magistrado retirara la expresión “incautados” y dijera que el PP “aportó voluntariamente” los documentos sobre la reforma de su sede.

El Partido Popular no ha sido aceptado como acusación en la investigación sobre los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el gerente del partido en Castilla-La Mancha está imputado en esta causa y puede presentar escritos ante el magistrado. El término “incautados”, que pasó prácticamente desapercibido el pasado 24 de octubre, ha sido puesto en primer plano con el escrito de Cañas Cañada. Este directivo del PP manchego esgrime la definición de “incautarse” del Diccionario de la Real Academia Española: “Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de éstos con un delito, falta o infracción administrativa”. E insiste en que Ruz modifique su auto para decir que los documentos que apuntan a que el PP abonó irregularmente la reforma de su sede fueron entregados voluntariamente. Para ello invoca el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: “Los tribunales no podrán varias las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”.

Para contestar a esta petición, Ruz recuerda cuál ha sido el comportamiento del PP a lo largo de esta investigación. En abril de 2013, mientras el PP todavía pagaba la defensa del extesorero Bárcenas, el juez pidió documentación al partido sobre los trabajos efectuados en Génova 13 por el estudio Unifica, del arquitecto Gonzalo Urquijo. El partido se limitó a entregar al magistrado su contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas.

El 30 de julio de 2013, el juez requirió al partido el “expediente completo” sobre la contratación de Unifica para las obras de Génova 13. El partido entregó al magistrado un escrito con parte de la documentación reclamada. El 2 de diciembre, el partido entregó nueva documentación al magistrado: un total de 17 folios fotocopiados sobre la facturación y pago de los trabajos a Unifica. De estos 17 folios, cinco no constaban en la remesa entregada en julio.

Aunque el juez Ruz no lo menciona en su auto, el PP entregó la nueva documentación después de que las secretarias de los extesorereros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta reconocieran ante el juez que había destruido las agendas de sus jefes y de que el PP informara al juez de que se habían eliminado y borrados los discos duros de los ordenadores de Bárcenas y los libros de entrada a Génova 13. La paciencia de Ruz se colmó al constatar que el PP le entregaba datos incompletos, de modo que el 19 de diciembre envió a la policía a la sede nacional del PP con un requerimiento de entrega de la documentación completa. El requerimiento autorizaba a la policía a registrar la sede en caso de que se negaran a entregar los datos reclamados.

Durante 14 horas, los agentes de la UDEF y el secretario judicial estuvieron examinando papeles en Génova 13. Ruz recuerda en su auto que la diligencia permitió constatar que el expediente de Unifica constaba en realidad de 5.067 folios frente a los 520 entregados inicialmente por el partido. La documentación que el juez califica de “incautada” en ese requerimiento es el que ha permitido concluir a los investigadores que las obras de remodelación de Génova 13 se abonó con 1,7 millones en dinero b.

El magistrado responde al Diccionario con el Diccionario, y establece que su auto del 24 de octubre, en el que habla de documentos “incautados” no es “oscuro” ni contiene “error” alguno, por lo que se “mantiene íntegramente su contenido en los términos en aquel establecidos”. Es decir, incautados, y no entregados voluntariamente.